Donde Podemos quiere

Las votaciones para las prórrogas del estado de alarma han propiciado la aparición de una amalgama centrista que podía suponer una amenaza para la estrategia de Podemos. La transversalidad del PNV y otros partidos regionalistas (Canarias, Cantabria, Teruel…) más los 10 diputados de Ciudadanos han permitido sumar algo más de 20 escaños, suficientes, junto a los 155 de la coalición PSOE-Podemos, para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso.

Cuando la prioridad no es otra que la lucha contra la crisis sanitaria y económica, un apoyo más o menos estable por su derecha permite al PSOE aunar un consenso más amplio en el diseño de las políticas necesarias para superar las dificultades a las que nos enfrentamos. El problema es que ese hipotético consenso se aleja de las posiciones más extremistas de Podemos. El objetivo de Pablo Iglesias, condenado como está a entenderse con el PSOE, es impedir esos apoyos que desfiguren su proyecto. Necesita conseguir que las ayudas parlamentarias a la coalición gobernante sean únicamente las que convienen a sus principios comunistas.

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El acuerdo con Bildu para la derogación de la reforma laboral de 2012 a cambio de cinco abstenciones innecesarias ha sido la carambola perfecta para Podemos, de ahí la vehemente defensa que de él hizo su líder. El miedo de Sánchez a hacer evidente lo que sabemos todos, que preside un Gobierno minoritario y por tanto débil, fue el caldo de cultivo de un acuerdo cuyo anuncio posterior a la votación del Congreso dejó en ridículo al PNV, competidor directo de Bildu, a Ciudadanos y a todos los partidos que se comportaron ante la crisis sanitaria con la responsabilidad que reclama el Gobierno. El andamiaje de futuros entendimientos, por los suelos. La amenaza centrista, conjurada.

Sin entrar en consideraciones éticas sobre la firma de un acuerdo con los herederos de ETA, lo peor no es el engaño a quien te apoya, ni la dificultad de conformar una mayoría parlamentaria futura sin el independentismo catalán, escenario ideal y buscado por Podemos. Lo peor del acuerdo es que elementos esenciales para la salida de la crisis económica como son el diálogo social y, sobre todo, el marco de relaciones laborales han quedado convertidos en meros objetos de mercadeo político.

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Este acuerdo es también la demostración palmaria de que para una facción de este Gobierno las empresas no son más que un mal necesario, y para nada constituyen el elemento esencial para salir de la crisis. Las declaraciones del ministro Garzón sobre el turismo o de la ministra de Trabajo sobre las explotaciones agrarias forman parte de la misma aproximación conceptual, en que el diálogo y la negociación entre empresarios y sindicatos deben ser sustituidos por la aplicación de los criterios de una burocracia gobernante, criterios incapaces de aguantar el contraste con la realidad económica.

En tiempos de crisis, las empresas necesitan certidumbre jurídica, soporte económico y flexibilidad para adaptarse a condiciones de mercado cambiantes y difíciles de prever. Anunciar la supresión del marco laboral vigente sin explicitar alternativa no incrementa la certidumbre. Navegar por las procelosas aguas de la burocracia europea no es fácil, pero hay una regla que apenas falla: salvando las distancias derivadas del tamaño, hacer lo que hace Alemania cuando lo hace Alemania. En el marco de la crisis actual, la UE ha autorizado ayudas de los Estados miembros a sus empresas por importe de 1,95 billones de euros, de los cuales el 51% corresponde a Alemania. Teniendo en cuenta las diferencias de PIB, un nivel similar de ayudas en España nos situaría en los 350.000 millones, muy por encima de los 100.000 millones de avales del ICO. Es cierto que Alemania se ha dotado de una flexibilidad presupuestaria de la que nosotros carecemos, pero Francia e Italia, con problemas de presupuesto y deuda similares a los nuestros, superan los 300.000 millones de euros en ayudas a sus empresas.

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La reforma laboral de 2012 da preeminencia al convenio de empresa sobre el convenio sectorial o provincial. Es un aspecto que tanto la burocracia sindical como la actual coalición de gobierno pretenden derogar y, sin embargo, resulta esencial para superar la crisis. La cuenta de resultados y sobre todo la caja determinan, mes a mes, la realidad de cada empresa y su capacidad de maniobra. Nadie conoce mejor la realidad de cada empresa que su equipo de dirección y sus sindicatos. La rigidez de los marcos pactados fuera del ámbito empresarial puede ser un lastre para la recuperación.

En todo caso, se opine como se opine, son temas de trascendencia suficiente para ser abordados entre Gobierno, patronal, sindicatos y resto de partidos políticos, con luz y taquígrafos, y no con la nocturnidad vergonzante de un pacto entre portavoces parlamentarios para prorrogar una situación de alarma que suspende temporalmente derechos constitucionales.

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Ante la crisis sanitaria que aún no hemos superado, es posible que la prórroga del estado de alarma sea el único mecanismo jurídico para la limitación de nuestros derechos. El problema es que nos han obligado a vivir una realidad en la que la gestión se subordina a la política, y ambas, a la imagen. Consecuencia: la desconfianza en la gestión es absoluta. Si no hay mascarillas, las mascarillas se desaconsejan. Cuando las hay, su uso pasa a ser aconsejable e incluso obligatorio. Las cifras del impacto de la pandemia son imposibles de seguir. El pasado domingo, 'El País' daba la cifra de 46.000 fallecidos. El lunes, el ministerio rebajaba sin inmutarse de 28.000 a 26.000 la cifra oficial de muertes por coronavirus. El Portal de Transparencia, donde el Gobierno debía dar cuenta de las adquisiciones de material efectuadas, suprimido.

Las ruedas de prensa, filtradas hasta la protesta de los medios. Las decisiones, en manos de un oscuro comité de expertos que utiliza criterios cuando menos adaptables a las negociaciones políticas. Las especiales circunstancias del estado de alarma, utilizadas para dictar normativa que nada tiene que ver con la crisis sanitaria. Se estiman 52.000 sanitarios contagiados, pero ya no se comunica la cifra. Los militares, estrellas en las ruedas de prensa hasta que identifican entre sus cometidos contrarrestar la oposición al Gobierno. Decidimos olvidarnos de Europa en el proceso de recuperación de la actividad económica y atenernos a nuestras cuatro fases de dos semanas, pero decretamos la apertura al turismo internacional el 1 de julio. Nos queda ver cómo las fases se diluyen hasta quedar en nada y cómo la imprescindible declaración del estado de alarma hasta finales de junio no pasa del día 7, porque lo más importante es que la imagen del Gobierno no sufra el deterioro de una negociación parlamentaria cada vez más incierta.

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Estamos donde a Podemos le conviene. Con la colaboración con el Gobierno desde el centro cada vez más difícil de justificar, el diálogo social roto y un país polarizado en dos mitades por la deficiente gestión del estado de alarma. El problema es saber qué quiere el PSOE, porque la crisis la tenemos encima y los grandes pactos siguen siendo imprescindibles.