Necesitamos inversiones, no impuestos

Hace unos días, la Agencia Internacional de la Energía presentó un informe sobre la evolución de las inversiones en energías limpias. Sus conclusiones eran que, pese a los compromisos políticos de diferentes países y la reorientación del mundo financiero hacia inversiones sostenibles, el ritmo de inversiones era inferior al necesario para alcanzar los objetivos propuestos de reducción de emisiones. Esta diferencia entre realidad y necesidad es sobre todo más notable entre los países menos desarrollados. Señalaba también la Agencia entre sus conclusiones que alcanzar los objetivos climáticos dependerá de las estrategias de las empresas energéticas, incluidas las de las empresas dedicadas al petróleo y al gas, que con sus inversiones decidirán la velocidad del cambio hacia un sistema energético neutro en carbono.

Las empresas, con la caja generada, deben atender el pago de impuestos y de su deuda, retribuir a los accionistas y financiar las inversiones necesarias para garantizar su crecimiento. La necesidad de invertir es más acuciante cuanto mayor es la velocidad de cambio del mercado en que te desenvuelves y la capacidad de invertir es menor cuanto mayor es la presión impositiva a la que estás sometido. Claro es que las empresas tienen que pagar impuestos. El reciente acuerdo del G-7 sobre fiscalidad internacional es una gran noticia. El problema está en los impuestos y exacciones de carácter particular, aplicables solo a determinadas empresas y por determinadas actividades, a los que el Gobierno español está demostrando una afición desmedida.

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Hace unas semanas fue la creación del Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que en 2025 supondrá al conjunto del sector energético español unas aportaciones de 4.765 millones de euros. Ahora ha sido la propuesta de gravar los llamados 'beneficios caídos del cielo' de las eléctricas propietarias de centrales nucleares e hidráulicas. El mercado eléctrico en Europa es marginalista. Se paga a toda la generación eléctrica el precio ofertado por la última central que es necesario poner en funcionamiento para atender la demanda. Con altos precios de gas y, sobre todo, con muy altos precios de los derechos de emisión de CO2, la generación eléctrica sin emisiones se beneficia de precios altos de la electricidad que en teoría dan lugar a los 'beneficios caídos del cielo'. Hay tres cuestiones que conviene precisar:

1) Los beneficios no caen del cielo sino de la estructura impositiva de la producción eléctrica con combustibles fósiles. Los ingresos derivados de la subasta de derechos de CO2, cada vez más caros, son un ingreso de nuestra Hacienda. Se pretende arreglar con un impuesto lo que estropea un impuesto previo.

2) La estructura impositiva sobre la producción eléctrica con combustibles fósiles es una decisión de la Unión Europea y, por consiguiente, de España, que busca beneficiar a las tecnologías limpias. Beneficiar significa precisamente incrementar sus beneficios, de forma que mejore la rentabilidad de las inversiones en esas tecnologías, de acuerdo con las necesidades de la transición energética.

En estos movimientos regulatorios siempre hay un trasfondo ideológico. La idea de que el regulador es capaz de determinar el “beneficio razonable” que debe obtener un empresario. El impacto del impuesto sobre los “beneficios caídos del cielo” se calcula entre 1.000 y 2.000 millones anuales, pero su cuantificación concreta dependerá de lo que se considere como beneficio razonable y su comparación con el beneficio obtenido.

3) La transición energética supone un reto descomunal, muy superior al que la ciudadanía tiene interiorizado. En treinta años, la industria española tiene que sustituir el 60% de su consumo energético y, en muchos casos, ni las alternativas tecnológicas están claras y, en caso de que lo estén, como puede ser el hidrógeno, tardarán años en estar disponibles en condiciones competitivas. Pero si hay un sector obligado a una transformación radical es la industria del petróleo que hoy en España, a través de ocho refinerías, suministra el 51% del consumo final de energía, porcentaje que en 2050 debería ser meramente simbólico. Apenas un 10% de la producción actual de las refinerías tendría salida como materia prima para la industria química, lubricantes, ceras y asfaltos.

La transición energética supone un reto descomunal, muy superior al que la ciudadanía tiene interiorizado

En este marco, existen dos modelos de negocio extremos: el primero es reducir costes, minimizar inversiones y maximizar la retribución al accionista. Años rentables, y pueden ser bastantes, de lenta decadencia hasta que el proyecto empresarial carezca de sentido. El otro modelo es el de una reestructuración profunda que migre hacia el negocio eléctrico renovable, que se apoye en el gas como energía de transición, que invierta en hidrógeno y otros gases renovables, que desarrolle la captura de CO2 y nuevos combustibles sintéticos y que salve, dentro de lo posible, el mayor número de centros industriales y puestos de trabajo. Entre ambos modelos, a España y cabría pensar que a su gobierno, le interesa el segundo. El impuesto extraordinario que supone sufragar el 44% del Fondo de Sostenibilidad es justo lo contrario de lo que el sector necesita para abordar su transformación.

La energía nuclear genera más del 20% de nuestro consumo eléctrico sin generar emisiones

La energía nuclear genera más del 20% de nuestro consumo eléctrico sin generar emisiones. Se ha acordado entre la industria y el gobierno su cierre antes de 2035. La industria aducía falta de rentabilidad y el gobierno es posible que un cierto apriorismo ideológico. El nuevo impuesto es un impulso adicional al cierre. No parece posible que, a partir de 2027, fecha prevista para el cierre de la primera central, podamos sustituir la energía de base que proporciona la electricidad de origen nuclear sin contar con quemar más gas natural, es decir, generando más emisiones y, posiblemente, precios más altos.

Según se vayan desarrollando las inversiones en renovables será cada vez más necesario contar con almacenamiento eléctrico que atenúe la variabilidad del viento y del sol. La manera más eficiente de almacenar electricidad son las instalaciones de bombeo hidráulico, que pueden producir cuando la energía es cara y consumir cuando es barata. De hecho, el 95% de la capacidad de almacenamiento existente en el mundo corresponde a esta tecnología. Por supuesto que contaremos con baterías y los nuevos desarrollos en este campo, e incluso consumiremos electricidad para producir hidrógeno que almacenaremos para producir de nuevo electricidad. En resumen, el agua embalsada es la forma más eficiente de almacenar electricidad. Cargar a la energía hidráulica con un nuevo impuesto, es, de nuevo, un movimiento en dirección contraria a lo que requieren nuestras necesidades.