Las ayudas del Gobierno: poco, mal y tarde

Los 45.000 millones de euros de ayudas gubernamentales de todo tipo concedidas con motivo de la crisis energética, que incluyen los 10.000 millones anunciados a finales de año por el presidente del Gobierno, representan un 3,7% del PIB de 2021, porcentaje que nos sitúa entre los países de la Unión Europea que menor esfuerzo fiscal han realizado a favor de sus ciudadanos y sus empresas. Las otras tres grandes economías de la Unión Europea —Alemania, Francia e Italia— están por delante. Otros países con los que nos gusta compararnos, como Dinamarca, Países Bajos, Suecia, Finlandia o Austria, nos superan con claridad con porcentajes de ayudas sobre el PIB de 2021 ubicados entre el 4% y el 6%. Países a los que solemos mirar de reojo en este tipo de estadísticas comparativas como Portugal, Grecia, Croacia o Chequia también han sido más generosos en su esfuerzo. El argumento de que, como país altamente endeudado, no podemos permitirnos excesos de gasto público decae cuando vemos que otros colegas europeos —Francia, Italia, Portugal— con porcentajes de deuda sobre PIB que, como en nuestro caso, superaban el 100%, iniciaron este esfuerzo fiscal antes y con más determinación que nosotros.

Nuestras ayudas no solo han sido pocas, sino también mal dirigidas. Un reciente estudio de la OCDE, titulado Income support for working-age individuals and their families, pone de manifiesto que en España el 20% más rico de la población ha recibido más del 30% de las ayudas del gobierno en este período de crisis, mientras que el 20% más pobre apenas recibió el 12%. Es la conclusión lógica de un programa de ayudas basado en subsidios y rebajas de imposición indirecta no discriminatorios. Quien más consume es quién más se beneficia y, obviamente, al contrario. De los 36 países de la OCDE, España ocupa el puesto 33 en el ranking de progresividad de las ayudas. La coalición socialcomunista que nos gobierna ha diseñado uno de los sistemas de ayudas más regresivo de las economías desarrolladas.

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Hay quien puede aducir que la afirmación anterior olvida el impuesto a las grandes fortunas recientemente aprobado, con el que el Gobierno espera recaudar 3.000 millones en dos años. El cálculo es sencillo: el 20% más rico de la población española ha recibido el 30% de 45.000 millones, es decir, 13.500 millones, mientras que el 20% de menores ingresos ha recibido el 12%, 5.400 millones. Aun con 3.000 millones menos, lo percibido por el 20% más rico casi duplica lo percibido por el 20% más pobre: la progresividad brilla por su ausencia, por más que la propaganda gubernamental haga creer lo contrario.

La solución hubiera sido ir a rebajas selectivas del impuesto sobre la renta que beneficiaran a los más necesitados o recurrir a transferencias directas de renta temporales que ayudaran a superar la crisis a los hogares con menores ingresos: mejorar la renta disponible de las personas que lo necesitan y que cada cual gaste en aquello que considere oportuno, que será lo más adecuado a sus necesidades. Focalizar las ayudas desde el principio en aquellos que más lo necesitan y dejarles decidir en qué lo quieren gastar es siempre mucho mejor, y al final más barato, que el intervencionismo indiscriminado de mercados y precios. Cierto es que en el último paquete figura una ayuda de 200 euros que pueden solicitar hogares con ingresos inferiores a 27.000 euros anuales y patrimonio inferior a 75.000 euros. El problema es que no pueden acceder a esta prestación los perceptores del ingreso mínimo vital ni los perceptores de pensiones que se sitúen por debajo de dicho umbral. Si el problema es no llegar a fin de mes dado el incremento de precios, es difícil entender que los más necesitados no puedan acceder a esta ayuda, un pago único de 200 euros. Más progresividad.

Es difícil entender que los más necesitados no puedan acceder a esta ayuda

Comparado con las iniciativas de nuestros socios europeos, la mayor carencia del programa de ayudas del gobierno es la falta de apoyo al tejido industrial que ha sufrido en primera línea los altos precios de la energía. Algo se está moviendo: la ministra será candidata a la Alcaldía de Madrid y el secretario y el director general de industria han sido cesados. Por primera vez, el paquete de ayudas incorpora 450 millones de euros para la industria intensiva en consumo de gas. Es un 1% del total de ayudas, pero menos da una piedra. El pasado 27 de diciembre el Gobierno, con algún año de retraso, ha aprobado el PERTE de descarbonización de la Industria, dotado con 3.100 millones de euros. En código político, se trata de toda una rectificación, que esperemos no se pierda en la maraña de convocatorias y adjudicaciones propias del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, del que, hoy en día, nadie es capaz de precisar cuánto dinero ha llegado a las empresas españolas y se va a transformar en inversión productiva.

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El impuesto a la banca, el impuesto a las energéticas basado en ingresos y no en beneficios y el ya citado impuesto a las grandes fortunas no son más que fuegos de artificio que tratan de ocultar la realidad de un modelo de ayudas comparativamente rácano, regresivo y alérgico al mundo empresarial. Claro que todo podría ser peor: si la facción socialista cediera ante sus socios de gobierno, estaríamos en un mundo de precios intervenidos. Esa es la idea que subyace detrás de las críticas de Yolanda Díaz a las bajadas del IVA en los alimentos básicos. Convendría recordarle que Chávez en Venezuela fijó de manera artificial el precio de la leche. Seis meses después, la producción de leche se había desplomado: los ganaderos habían sacrificado las vacas. Era más rentable venderlas como carne que producir leche a pérdidas. Un año después, Venezuela importaba la totalidad de sus necesidades de carne y leche.

Así que más vale conformarse con lo que tenemos, porque ante la realidad de ejemplos como el citado, el comunista de hoy siempre piensa que el problema no está en una economía intervenida, sino en que el comunista de ayer no hizo correctamente los cálculos conducentes a la fijación del precio justo, cosa que él, con su conocimiento y datos de hoy, si sabría hacer. Porque mantener las señales del mercado, es decir, el precio como interacción de la oferta y la demanda y ayudar, en tiempos de crisis, a la gente que lo necesita mejorando su renta disponible y dejándoles que gasten en lo que consideren, no pasa de ser una herejía liberal. En medio, las ayudas indiscriminadas de nuestro gobierno, escasas y mal enfocadas.