Rapapolvo al anticatalanismo y al victimismo nacionalista

Como si de la eterna lucha del bien contra el mal se tratase, el anticatalanismo y el victimismo nacionalista vuelven a verse las caras a cuenta del nuevo modelo de financiación autonómica. A estas alturas, tras décadas de asistir a la misma representación teatral, con idénticos efectos especiales y pausas dramáticas, lo único que sorprende es que siga habiendo público dispuesto a tragarse los diálogos. En medio del estruendo de las voces que acusan a los catalanes de avarientos e insolidarios y el coro de plañideras del Maresme que culpa al supuesto centralismo madrileño de todos sus males, incluido el viento de Tramontana, el debate desapasionado se torna milagroso. Ahora, en medio del ruido, hablemos de la financiación.

Parece evidente que el sistema que determinará los ingresos de las comunidades autónomas de régimen común favorece con largueza a Cataluña, cuestión de la que tenemos certeza por la indisimulada euforia de algunos de sus dirigentes políticos. También sabemos que es altamente beneficioso para Andalucía, como lo será para Madrid o Valencia, ya que la población es el criterio básico del reparto. ¿Es un sistema justo? Quizás no, pero depende con qué se compare.

El modelo no ha tenido en cuenta los aumentos de población que se han producido desde el censo de 2001

Conviene destacar en este punto que el modelo que ahora se liquida era una monumental chapuza y que, en contra de lo comúnmente extendido, no fue fruto de un pacto global sino de múltiples enjuagues bilaterales, justamente los que ahora se denuncian y con razón en la negociación que el Gobierno ha mantenido con la Generalitat y hasta con Esquerra Republicana. Si de lo que se trataba era conseguir una financiación por habitante similar en cada comunidad autónoma, es incontestable que no se consiguió, tal y como han demostrado todos los estudios realizados sobre la cuestión. El de Ángel de la Fuente para la Fundación de Estudios de Economía Aplicada ofrece un cuadro en el que se calcula este parámetro. Con competencias homogéneas en 2005 y tomando como base un índice 100, las autonomías más favorecidas fueron Cantabria (118,4), Extremadura (114,4) y La Rioja (113,8), y las menos Madrid (90), Baleares (92,8) y Valencia (93,0). Cataluña (97,7) se encontraba también por debajo de la media.

El sistema era radicalmente injusto porque una cosa es que las comunidades más ricas contribuyan en mayor medida al bienestar del conjunto y otra muy distinta que sus habitantes reciban menos financiación per capita. Es razonable pensar que un catalán o un madrileño han de tener un trato similar al de un aragonés o un castellano-leonés. ¿Qué por qué se producía este desajuste? Pues porque el modelo no ha tenido en cuenta los aumentos de población que se han producido desde el censo de 2001. Ello ha significado que, aunque la financiación ha crecido de forma similar en todas las comunidades, autonomías como Cataluña, Madrid o Valencia, con aumentos de población cercanos o superiores al millón de habitantes, se distanciaban cada vez más de la media. En conclusión, los anticatalanistas deben saber que Cataluña ha sido injustamente tratada con el actual modelo de financiación.

Dicho de otra forma, Montilla tenía buenas razones para presionar a Zapatero, y algunas llegó a exponerlas en un artículo publicado en El País: “Quizás sea bueno recordar aquí, por ser ejemplo muy ilustrativo, que Catalunya tiene tantos pobres (según el último informe de Cáritas) como habitantes tiene alguna comunidad autónoma”. Sobre todo porque una razón es mejor que una amenaza: “Creo que atender nuestros argumentos es conveniente por razones políticas, institucionales e históricas. No hace falta que insista en el riesgo de desafección si los ciudadanos de Catalunya no sienten que el Estado y, en su conjunto, la política española atiende, comprende y apuestas por hacer frente a las necesidades de Catalunya (...) Si España deja de interesar y convenir a todos, no será de todos. Esa es la cuestión y ese es el riesgo”.

Volvemos al sempiternos problema catalán, ese del que Ortega dijo que había que conllevar, pero tanto en el sentido de ida como en el de vuelta: “Es un problema que no se puede resolver, que sólo se puede conllevar, y al decir esto conste que significo con ello no sólo que los demás españoles tenemos que conllevarnos con los catalanes, sino que los catalanes también tienen que conllevarse con los demás españoles”.

Y precisamente aquí cabe decir a Montilla que sus amenazas son intolerables, como lo es que el socialismo catalán haya sido fagocitado por un nacionalismo insaciable, del que ya apenas se distingue. Cataluña tiene todo el derecho a vivir de otra manera dentro del Estado, pero es inconcebible que una parte se arrogue el derecho de dirigirse al todo en condiciones de igualdad. Ese es el peor de los males, posiblemente el único, de un Estatut que Zapatero ha bendecido con bastante inconsciencia.

Tal y como se ha resuelto el famoso sudoku, la impresión es que el Gobierno se ha limitado a resolver su problema de soledad parlamentaria

A diferencia de la energía, el anticatalanismo se crea y pudiera destruirse con actitudes bien distintas a las observadas hasta la fecha. Una de ellas ha sido la completa opacidad acerca de la nueva financiación, de manera que los contribuyentes que sostenemos el invento no sabemos a día de hoy la porción exacta que corresponderá a cada comunidad autónoma del nuevo y goloso pastel. Aparentemente, Cataluña engullirá cerca de 4.000 millones y Andalucía algo más de 3.000 de los 11.000 millones de euros adicionales, aunque todo parece indicar que esta última cantidad se quedará corta. ¿Cuánto le corresponderá a Madrid? ¿Y a Valencia? ¿A qué tanto oscurantismo?

Los españoles podrían haber aceptado de buen grado explicaciones sensatas sobre la necesidad de alimentar con más madera la caldera de las comunidades más dinámicas en un momento de crisis como actual, siempre que el resto no saliera perjudicado. Pero tal y como se ha resuelto el famoso sudoku, la impresión es que el Gobierno se ha limitado a resolver su problema de soledad parlamentaria, además alimentar sus graneros electorales en Cataluña y Andalucía. Con semejante rueda de molino, ya indigesta de por sí, no hay quien comulgue.

¿Se puede confiar en que, resuelto favorablemente el escollo de la financiación, los nacionalistas dejen de considerarse víctimas de su destino y de culpar al resto de su propia incompetencia a la hora de gestionar los recursos públicos? Sepan que CiU ha dicho que el acuerdo es una minucia y que Esquerra lo considera un paso previo a un concierto económico como el vasco, una aspiración, por cierto, que también se recoge en el programa electoral del PSC y que equivaldría a añadir 14.000 millones de euros en la bolsa catalana. Va a ser cierto que esta gente es insaciable.