Conjeturas sobre la politización del Tribunal Constitucional

Que el Tribunal Constitucional está politizado es algo difícilmente rebatible, especialmente tras el lamentable espectáculo que ofreció durante los cuatro años que se hizo esperar su sentencia sobre el Estatuto de Cataluña. Y como a nadie le cabe duda de esa politización, resulta especialmente llamativo que algunos aparenten caerse del guindo y se apresuren a rasgarse las vestiduras con algunos de sus fallos, pero sólo cuando éstos son contrarios a sus intereses.

En el caso del amparo a Bildu, los críticos con la sentencia no han tenido empacho en proclamar abiertamente que el Gobierno, que por medio de la abogacía del Estado y de la Fiscalía fue quien impugnó sus candidaturas ante el Tribunal Supremo, presionó a los magistrados que le son afines para conseguir que la coalición estuviera presente en las elecciones del 22 de mayo. Se atribuye, en consecuencia, al Ejecutivo la actitud maquiavélica de oponerse a algo con lo que estaba de acuerdo para salirse con la suya más adelante en la instancia definitiva.

Sin embargo, si se acepta que lo que explica la sentencia favorable a Bildu es la instrumentalización de los llamados magistrados progresistas -excepción hecha de Manuel Aragón, al que se sigue adscribiendo a este sector cuando la realidad es que su voto suele ser coincidente con el de los llamados conservadores-, habrá que dar por sentado que el PP habrá hecho lo propio con los suyos, porque en eso consiste precisamente la politización.

Supongamos, por tanto, que tanto el Gobierno y el PP han presionado a los magistrados del Constitucional para orientar su criterio en un sentido o en otro. Ahora, bien, ¿es posible conjeturar acerca de quién ha presionado más a los suyos? Para contestar a la pregunta, convendría analizar la sentencia que el mismo Tribunal emitió en mayo de 2009 en relación a Iniciativa Internacionalista (IISP), la formación con la que el dramaturgo Alfonso Sastre concurrió a las pasadas elecciones europeas y que también fue tildada por la sala del 61 del Tribunal Supremo de ser “un instrumento de ETA/Batasuna, en tanto que ha sido infiltrada al socaire de una aparente y simple proximidad ideológica, hasta instrumentalizarla para la consecución de sus fines”. De las coincidencias entre IISP y Bildu podían destacarse dos: el hecho de que la lista de la primera surgía de la coalición de dos partidos cuya legalidad nunca había sido cuestionada, como eran Izquierda Castellana y Comuner@s; y el rechazo expreso que ambas coaliciones manifestaban al terrorismo.

Parece obvio que en 2009 el Tribunal Constitucional estaba, al menos, tan politizado como ahora, y de hecho se asistía por aquel entonces a una guerra de impugnaciones para determinar qué magistrados se pronunciarían sobre el dichoso Estatut. Pues bien, el Constitucional estimó el amparo de IISP y lo hizo por unanimidad. Dicho de otra forma, conservadores y progresistas entendieron que los indicios manejados por el Supremo no tenían la suficiente entidad probatoria para justificar el sacrificio de derechos fundamentales como eran los de participación pública y de promoción de la propia ideología.

Sigamos suponiendo que el Gobierno presionó a los magistrados de su cuerda para conseguir el plácet a IISP o que ni siquiera hizo falta por que ya se sabe que a todos los progresistas les da por lo mismo. Pero, ¿cómo entender aquella unanimidad siendo de dominio público la oposición del PP a que la coalición vinculada a la izquierda abertzale fuera legalizada?

La presunción de politización sólo admite que el PP se olvidara de presionar a sus magistrados y éstos optaron en conciencia por permitir que los abertzales concurrieran a las elecciones europeas. Obviamente, sería impensable que los integrantes del Tribunal no se hubieran avenido a seguir las directrices del PP, ya que entonces la politización no podría sostenerse intelectualmente.

En el caso de Bildu nos encontramos con que un sector, el progresista, ha mantenido el criterio de que el derecho al sufragio activo y pasivo no puede cercenarse por meras sospechas, algunas tan infundadas como considerar ilegales a varios candidatos que siempre se presentaron en las listas de Eusko Alkartasuna, y que la ilegalización de un partido no puede privar a sus miembros del derecho de participación política. El sector conservador, en cambio, asumió la tesis contraria a la que mantuvo en 2009. Cabría presumir, por tanto, que dicho cambio de actitud en bloque sólo ha podido venir motivado por causas ajenas a los fundamentos del Derecho. ¿Conclusión? Pues que el Tribunal Constitucional está muy politizado. ¿O no?