Amnistía o el derecho a acertar

Pedro Sánchez va con todo. Nuevo revés a los que pensaban que el secretario general del PSOE sometería a la militancia la consulta sobre el acuerdo con Sumar, sin mención alguna a la amnistía. Ayer, ante el Comité Federal, de nuevo volvió a demostrar que la palabra cobardía no la conoce y que cuando apuesta no guarda reservas por si la cosa no va bien. El candidato a la presidencia del PSOE asumirá en su programa de gobierno la demanda de los 57 diputados a favor de la amnistía, haciendo de la necesidad virtud, algo que tampoco negó Sánchez durante la intervención ante el máximo órgano entre congresos, el mismo que en el 2016 lo defenestró.

Pedro Sánchez es presidente porque la militancia lo salvó de las garras de los órganos intermedios del partido. En el famoso 1 de octubre del 16 presentó su dimisión y solo las primarias que había impuesto Rubalcaba hacía 2 años le podían devolver el poder, como finalmente pasó. En la sesión de investidura fallida de Feijóo, Óscar Puente presumió ante el Congreso de los Diputados que el PSOE es de sus bases, que nadie podía torcer el pulso a una organización unida y democrática que ha derogado las decisiones de las mesas camillas. A ese espíritu apeló ayer Sánchez cuando le pidió a las bases que ratificaran su propuesta de incluir la amnistía en su programa de gobierno para ser presidente con Sumar y todos los partidos nacionalistas e independentistas.

"El reencuentro total", así definió Sánchez la operación de gracia final dispuesta a acabar con todos los flecos judiciales sueltos que tienen paralizada la vida a más de 3.000 personas. El otro día pude hablar con una de ellas. Me contaba cómo se había retirado de la vida política. Cómo confiaba en la amnistía como mecanismo para recuperar una cierta normalidad vital. Cómo deseaba pasar página de unos acontecimientos que se fueron recrudeciendo por los errores de unos y otros, admitía. La voz de esta persona es la mayoritaria en Cataluña, la del 80% de una sociedad que desea que, esta vez, el estado acierte.

Claro que la amnistía tiene muchos peros. Desde que será muy complejo que los líderes "procesistas" pidan disculpas y aseguren que no lo volverán a hacer, hasta que la medida resulte el bálsamo de fierabrás para un conflicto político que, debemos reconocer, es irresoluble. Los independentistas quieren la independencia de Cataluña y la Constitución niega la posibilidad de celebrar una consulta para dividir el Estado. Es un conflicto de suma 0, o ganan unos o ganan otros, aquí no pueden ganar todos. Sin embargo, un Estado tiene el deber no solo de asegurar su permanencia y su unidad, sino de intentar vertebrar su territorio de una forma que aporte cierta estabilidad y paz social.

Los electores decidieron no otorgar la confianza a la alternativa y, por lo tanto, ratificar los pactos que le permitieron a Sánchez y Díaz gobernar

En lo referente a los conflictos territoriales españoles, tanto el vasco, como el catalán, la inteligencia debe primar sobre la testosterona y la jura de bandera. Las evidencias históricas son claras, cuando en el gobierno de España han participado las fuerzas nacionalistas y se ha mantenido un discurso con una sensibilidad hacia la heterogeneidad, las fuerzas centrífugas han bajado su nivel de apoyo. Porque el nacionalismo periférico del estado no solo responde a una identidad diferencial, sino que es una reacción a las fuerzas homogeneizadoras que, mediante discursos que niegan la pluralidad, la exacerban.

Según esta concepción del Estado, el PSOE y Sumar han tomado una determinación, gestionar y gobernar la España que existe, no intentar negar la parte de España que no les gusta. Y es precisamente esta, la interpretación de los resultados electorales que se destilan del 23 de julio. Con toda la potencia de tiro del PP y Vox acusando a Sánchez de traicionar a España con los pactos con los independentistas, los electores decidieron no otorgar la confianza a la alternativa que estos dos partidos representaban y, por lo tanto, ratificar los pactos que les permitieron a Sánchez y Díaz gobernar durante estos 4 años.

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Volviendo al Comité Federal del PSOE celebrado ayer, las dos únicas expectativas que concentraron la atención de la prensa eran Sánchez y hasta dónde llegaría su defensa de la amnistía. Y, por otro lado, Page, que se ha situado como el único dirigente territorial que discrepa abiertamente de la amnistía. Considero necesario recordar, que Emiliano García Page fue uno de los dirigentes que con más vehemencia criticó los posibles pactos con Podemos. Sin embargo, él mismo hizo lo propio cuando los necesitó en el 2016 para desbancar al Partido Popular del gobierno manchego. Nunca pidió disculpas, ni negó la contradicción, quién sabe si lo veremos alabando en el futuro la amnistía.

Durante los próximos días, la militancia del PSOE decidirá sobre si avala la propuesta de Sánchez sobre la amnistía a los procesados y huidos que quedan por juzgar. Nadie podrá decir que el secretario general se escondió sobre los argumentos. O amnistía o repetición electoral, con el riesgo de que PP y Vox obtengan una mayoría absoluta que les permita gobernar. Desde luego, no parece que esta votación interna dé una sorpresa a la dirección socialista, pero sí que hablarán la participación y los porcentajes de apoyo. Sería interesante saberlos por provincias, porque nunca el PSOE latió con un corazón más PSC.

En ningún sitio está escrito que la amnistía vaya a funcionar. Lo que toda España sabe es que la desidia y la policía patriótica ilegal de Mariano Rajoy ante la acometida de los independentistas catalanes se tradujo, el 1 de octubre, en las cargas policiales, manifestaciones multitudinarias, meses de altercados en las calles, huida de empresas, ruptura emocional y la unidad más férrea del independentismo. Como presidente del gobierno tenía todo el derecho a afrontar el conflicto a su manera. Lo hizo y fue un completo desastre. Las urnas del 23-J han legitimado una mayoría parlamentaria que está a favor de una vía diferente, la del borrón y cuenta nueva con la mayor medida de gracia que puede otorgar el Estado. Y esa mayoría parlamentaria recién salida de las urnas tiene todo el derecho, con el ejecutivo a la cabeza, de tratar de garantizar la unidad del Estado a través de otra vía. Porque el estado tiene el derecho a equivocarse, si de lo que se trata es de intentar resolver el mayor desafío que ha tenido desde la Transición.