El baile de los banqueros

Si usted atraca un banco, va a la cárcel; si el banco le atraca a usted, no pasa nada. Mediado ya septiembre, no puede faltar mucho para que el magistrado Fernando Andreu, titular del juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, llame a capítulo a los 33 capitostes de Bankia, con Rodrigo Rato a la cabeza, para que declaren como imputados por la presunta comisión de los delitos de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas, delitos societarios, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas durante su gestión al frente de Bankia. Delitos castigados con hasta 15 años de prisión.

El mayor escándalo financiero de nuestro país les ha costado a los contribuyentes 23.465 millones de euros y ha dejado en evidencia las conexiones entre el poder político y el económico cuando hay dinero por medio. Como “daños colaterales” (uno apunta, pero no siempre acierta el tiro), decenas de miles de personas que confiaron sus ahorros a ésta y otras entidades intervenidas por el Estado y lo han perdido todo (si los tribunales no lo remedian) porque a cambio de su dinero recibieron unos complejos productos financieros (preferentes y deuda subordinada) que creyeron seguros y con liquidez inmediata, cuando en realidad eran arriesgados y para toda la vida.

No creo que ninguno de los imputados vaya a la cárcel, y no porque no lo merezcan, sino porque son hombres poderosos que han contratado a rutilantes abogados que se encargarán de marear la instrucción con la solicitud de todo tipo de diligencias, recursos y otras triquiñuelas (legales) para demorar la causa cuanto sea posible y, en última instancia, conseguir la prescripción de los delitos o el archivo de la misma. Suele ocurrir, como demuestra que el 40% de las personas encarcelados lo son por delitos contra la salud pública (tráfico de drogas, sobre todo al menudeo) y contra el patrimonio (robos y atracos). Hay muy poca gente en prisión que lleve el cuello de la camisa almidonado.

El sumario de Bankia tiene ya 107 tomos y miles de folios, pese a que hasta ahora no ha testificado nadie, ni el juez ha recibido la multitud de documentos que ha solicitado. Números y más números, balances, informes de gestión, de gobierno corporativo, de evolución de negocio, planes de recapitalización, hechos relevantes y actas de juntas generales son el entramado que el magistrado tendrá que limpiar para separar el grano de la paja, lo realmente importante de lo accesorio.

Por el bien del crédito de la Justicia quienes engañaron a tantas familias deben pagar por ello. Intentarán justificar las bondades de su gestión y achacarán lo ocurrido a la coyuntura económica internacional, la prima de riesgo, la pésima evolución de los mercados y otros conceptos económicos para disfrazar con mentiras lo que hicieron. Lo harán sin que se les caiga la cara de vergüenza (no la tienen) y mirarán con desprecio a los ignorantes que confiaron en su honestidad.

Muchos clientes de Bankia perderán su dinero (también los del resto de bancos intervenidos, si la justicia no lo remedia), y quienes causaron su desgracia seguirán paseando su desfachatez por foros económicos internacionales, pontificarán sobre las soluciones a los problemas de la crisis, reclamarán flexibilidad laboral y sacrificios para quienes hace mucho tiempo que los hacen, y ocuparán cargos directivos en otras compañías que les ofrecerán un puesto en sus consejos de administración en atención a su valía y sus excelentes contactos para “abrir nuevos mercados”. No tendrán problemas económicos, porque antes se han encargado de llenarse los bolsillos y procurarse un retiro dorado con pensiones multimillonarias con las que ellos y sus familias tendrán el futuro garantizado.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que algo tendría  que haber hecho (como el Banco de España, supuesto supervisor), anunció el jueves que antes de que finalice el año se habrá abierto expediente a 11 de las 19 entidades que vendieron preferentes. No esperen nada, porque estos procedimientos acaban, como mucho, en una sanción económica tras meses y meses de lento proceso administrativo. Fíjense que ni siquiera han hecho públicos los nombres de las entidades infractoras.

Al final, ya lo verán, unos y otros (políticos y banqueros) se taparán las vergüenzas, y si no alcanzan con su caradura siempre les quedará Bruselas para justificar lo que a mí me parece una estafa. Que empiece el baile.

Nota a pie de página: La presidenta Esperanza Aguirre, que tan pronto mata arquitectos como llama guerra civilistas a sus opositores, ha tenido dos intuiciones. Algo así como que se le aparece la Virgen para hacerle revelaciones sobre el futuro de “su” Comunidad. El señor Sheldon Adelson va a trasladar el mundo de cartón piedra que es Las Vegas a Alcorcón, que suena bastante menos glamuroso, y del bingo vamos a pasar a los casinos. Con el pretexto de que creará miles y miles de puestos de trabajo, Aguirre está dispuesta a cambiar las leyes regionales que haga falta, y las que no dependan de ella las modificará el Gobierno. Este es el modelo de país que nos propone: un país de servicios, mientras la industria, verdadero motor de la economía, se la quedan nuestros vecinos.

Hasta el próximo fin se semana.