Nada puede contra la voluntad de un pueblo

Defender la independencia en Cataluña no es lo mismo que hacerlo en el País Vasco, donde el debate soberanista se ha deslegitimado durante años identificándolo con la violencia de ETA. El silogismo era muy sencillo: ETA reivindica la independencia; el PNV también, luego el PNV es igual a ETA.

Defender un Estado vasco era hacer el caldo gordo a los terroristas, darle argumentos, razón por la que el debate soberanista debía posponerse hasta la desaparición definitiva de la banda. No ha ocurrido lo mismo en Cataluña, donde el terrorismo de Terra Lliure, desaparecido hace muchos años, no admite comparación con el de ETA, y CiU ha eludido el conflicto en beneficio del pragmatismo. Amagar y no dar a cambio de concesiones económicas para su comunidad

El nacionalismo español, que también lo hay, identifica el reconocimiento del derecho a la autodeterminación (‘derecho a decidir’ en una terminología más digerible) con la independencia, pese a que el ejercicio de aquél no conduce inexorablemente a ella, que dependería en última instancia del resultado de la consulta popular. El separatismo es un concepto peyorativo en el resto de España porque se identifica con la ruptura de la Nación y todo tipo de desastres.

El miedo centralista a que los ciudadanos vascos votaran mayoritariamente a favor del derecho a decidir condujo el debate hacia el “sujeto de decisión”. El nacionalismo vasco defiende que éste reside en el pueblo vasco, y los gobiernos centrales que le corresponde al pueblo español (‘La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado’, título preliminar de la Constitución, artículo 1.2). Es obvio que una consulta en España sobre la autodeterminación del País Vasco y de Cataluña sería rechazada de forma aplastante. 

Más dudas tengo sobre el resultado que depararían las urnas si la consulta se limitara a los ciudadanos de ambas comunidades, en las que poco a poco ha ido calando el sentimiento soberanista, sobre todo en el País Vasco, donde muchos ciudadanos le daban la espalda porque ETA pretendía imponerla con el asesinato. Los comicios del próximo fin de semana en el País Vasco y del 25 de noviembre en Cataluña darán la medida del respaldo que tiene en la población.

El president Artur Mas lleva tres semanas envuelto en la bandera, despechado porque el presidente Mariano Rajoy no ha atendido sus reclamaciones económicas. CiU, como el PP, es un partido de derechas cuya rediviva reivindicación de la independencia no ha impedido que esta legislatura haya apoyado al Gobierno del partido que recurrió el Estatut al Tribunal Constitucional (TC). La misma actitud que abrazó el PNV con el Gobierno de Zapatero, al que apoyó en algunas de sus decisiones más controvertidas pese a que los socialistas vascos les habían arrebatado Ajuria Enea con un pacto con los populares. Si algo ha demostrado el nacionalismo en este país es  mucho pragmatismo, siempre a cambio de concesiones económicas y de poder. 

Artur Mas ha aplicado en Cataluña recortes más drásticos que el Gobierno central, pero ha atinado con la tecla para para desviar la atención con proclamas independentistas. El anticipo electoral es la jugada perfecta que le permitirá con toda probabilidad conseguir la mayoría absoluta. Veremos entonces hasta dónde lleva su desafío: si hasta la ruptura con el Estado, o hacia un acuerdo económico (el cupo catalán) que justifiquen la marcha atrás.

El presidente del PNV y candidato de su partido a la lehendakaritza, Íñigo Urkullu, se sabe ganador de los comicios vascos. La duda es si su diferencia con EH-Bildu será suficientemente amplia para que nadie ponga en duda su hegemonía nacionalista. A partir de ahí, es poco probable que Urkullu se eche al monte, pese a su defensa del Estado vasco. La sociedad vasca está cansada del debate soberanista que durante años monopolizó el discurso político. Su prioridad es la crisis económica y su consecuencia más dramática: el paro. Un vistazo a los programas electorales de todos los partido, incluida la coalición EH-Bildu, basta para comprobar cómo la crisis ha relegado las reivindicaciones soberanista a un segundo plano.

Lo que el Gobierno de Mariano Rajoy no puede ignorar es que el debate de la independencia se ha abierto camino en ambas comunidades, y negarlo es de necios. Decir que se pueden defender todas las ideas, incluso las independentista, si se hace de manera democrática, es no decir nada si en caso de triunfar no pueden materializarse.

No soy nacionalista, pero como dice Miguel Herrero de Miñón, uno de los padres de la Constitución y persona nada sospechosa de militancia abertzale: nada puede contra la voluntad de un pueblo. Él y Ernest Lluch (asesinado por ETA) defendieron años atrás que la posible solución al conflicto vasco era el “constitucionalismo útil”, consistente en una interpretación extensiva de los derechos históricos que la Constitución reconoce al pueblo vasco, que podría trasladarse al catalán, para intentar un acuerdo que tenga la virtud de no satisfacer plenamente a nadie. A fin de cuentas de eso se trata, de dirimir las diferencias mediante el diálogo.