La República: memoria y futuro

En este año de debates constitucionales y de conmemoraciones, en el 75º aniversario de la proclamación de la Segunda República parece justificado hacer un ejercicio de memoria, que no de nostalgia, para encarar nuestro futuro y evitar esa afirmación tan reiterada de que “los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla”. Como nuestros representantes públicos siguen alimentando controversias que creíamos superadas, cualquier ocasión es propicia para echar la vista atrás y deducir algunas enseñanzas.

La Segunda República llegó el 14 de abril de 1931 como consecuencia y conclusión democrática de la crisis de la Monarquía, cuyo orden constitucional, la Restauración, se había convertido en un compendio de las lacras que suelen acompañar los finales de un régimen político: corrupción, incompetencia, alejamiento de los políticos de las necesidades y deseos de la sociedad y apropiación del poder público en beneficio de unos pocos, incluida la propia Dinastía.

Los españoles, largamente pacientes con la incuria del régimen, enterraron el cadáver de la Restauración y saludaron con ilusión a la República de la que esperaban buen gobierno, libertad e igualdad. Muy pocos deseaban la revolución, en el sentido tradicional del término. La mayoría confiaba en el proyecto reformador y democrático propugnado por los republicanos para internar a España en el camino del progreso y la modernización. Por eso, la educación, los derechos civiles, el laicismo y la protección social formaban el conjunto de acciones que inspiraron los primeros pasos del Gobierno provisional.

La Constitución de la Segunda República, aprobada por las Cortes Constituyentes el 9 de diciembre de 1931 figura, todavía hoy, entre los mejores textos constitucionales del siglo XX y es un referente claro para aquellos que se plantean el establecimiento de un sistema democrático. Los republicanos españoles, herederos de la mejor tradición liberal, pretendieron dotar a nuestra Patria de un marco y de un proyecto de convivencia genuinamente democrático, que permitiera el desarrollo social y político de los españoles y la alternancia en el gobierno de las diferentes opciones políticas. La confianza en las virtudes de la condición humana impregnaba todo el proyecto republicano.

Aquella República empeñó desde el principio sus esfuerzos para ejecutar ese proyecto de civilidad y democracia; pero los gobernantes republicanos, la mayoría de ellos con escasa experiencia de gobierno, se vieron acosados sin tregua por quienes, instituciones y personas, veían amenazados sus privilegios y también por aquellos otros que no creían en el orden liberal y democrático, sino que pretendían la revolución, fundamentalmente el anarquismo, muy poderoso entonces, y amplios sectores del socialismo extasiados ante el fenómeno de la Revolución Soviética. La conjunción de todos ellos, azuzados por una crisis económica que se cebaba en las partes más débiles de la sociedad, imposibilitaba, en la práctica, que las minorías republicanas ejecutasen su proyecto de gobierno. Aun así, los logros en algunas materias parecen increíbles, vistos con perspectiva histórica.

La República liberal y democrática fue anegada por la sangre de la guerra civil, cuando los totalitarismos de todo signo secuestraron los espíritus de los españoles. El final trágico de la Segunda República significó el comienzo de una etapa tenebrosa para España y el resto de la Europa democrática, sólo que en nuestro país se prolongó durante cuarenta años. El republicanismo quedó absolutamente proscrito, incluso después de la llegada del régimen de la Transición. Pero, aunque no sea reconocido, los valores republicanos han contribuido a que España se familiarice con la democracia y pueden contribuir en el futuro inmediato a superar los problemas creados por ese régimen en sus casi treinta años de existencia. Porque, para nadie es un secreto que la Constitución de la Monarquía de 1978 se encuentra en trance de profunda revisión, cuando no de simple sustitución, por parte de quienes han sido sus garantes y hacedores.

La paciencia y el escepticismo de los españoles ante la cosa pública, adobados ambos con grandes dosis de mixtificación y ruido mediático, han permitido que muchos de nuestros responsables públicos se hayan dedicado a la política como ejercicio del poder como un fin en sí mismo, prescindiendo en la mayoría de los casos del concepto del interés general. Han sido años de dedicación al empobrecimiento del Estado y de los valores del bien público en provecho de satrapías territoriales e ideologías falsamente progresistas que, al olvidar la igualdad y la mejora educativa de los ciudadanos, nos recuerdan al reaccionarismo más rancio. La bonanza económica, que tiene cierto horizonte, permitirá que el diletantismo de algunos de nuestros hombres públicos alcance cotas mayores. Pero no será gratuito para el futuro.

Y pensando en ese futuro, el republicanismo tiene la obligación de recuperar los valores regeneradores y democráticos para hacerlos atractivos a los españoles. Hay que anticiparse a la crisis definitiva del actual orden constitucional y, recordando a Azaña, definir las premisas en que se asienta el republicanismo: “La idea del individuo soberano, ser de derechos, y la idea de nación, que es el marco histórico donde el hombre libre cumple sus destinos”. Y ese republicanismo reclama para existir la democracia “que son el alma y el cuerpo en que existen”.

La República tiene que presentarse como la propuesta democrática, nacional e integradora ante la crisis del orden monárquico, además de ser la conclusión natural de la evolución política de España que pronto cumplirá dos siglos de constitucionalismo.

*Manuel Muela es presidente del Centro de Investigación y Estudios Republicanos.