Una propuesta republicana para España

El mes de abril se ha convertido en la referencia temporal de la República y el republicanismo, porque fue un 14 de abril de 1931 cuando se proclamó la Segunda República Española. Pero, sin menoscabo de la memoria y de la honra del pasado, es importante señalar que la evolución política de España y la defensa de los intereses generales de los españoles justifica que el republicanismo español, heredero de la mejor tradición liberal y democrática de nuestro país, se resista a quedar encasillado en la memoria y los libros de historia sin nada que aportar al devenir político de España. Especialmente, en un tiempo en el que el fracaso del régimen constitucional de 1978 pone sobre la mesa la necesidad de articular un nuevo orden constitucional, que recupere para todos los españoles los valores de la libertad y la igualdad.

La Constitución de diciembre de 1978 fue, en mi opinión, el producto de una circunstancia muy especial que, posiblemente, no permitía otras alternativas teniendo en cuenta la desertización política de la España de aquel momento y la práctica ausencia de la sociedad civil. A los españoles de entonces, nada familiarizados con la libertad, se nos otorgó una constitución formalmente democrática, que ha procurado afianzar un sistema político caracterizado por la protección absoluta a sus integrantes en detrimento del desarrollo y fortalecimiento de la sociedad civil: los españoles somos convocados periódicamente a las consultas electorales, bastante ahormadas por los partidos con sus listas cerradas y bloqueadas, y poco más. A pesar de ello y del alejamiento de los ciudadanos de la política, es una evidencia que la sociedad española ha ido enriqueciéndose con los valores de la paz, la tolerancia y la secularización, lo que no es poco; pero todavía es deficitaria en la educación, en la exigencia cívica y en el sentido participativo de la vida pública, valores todos que deben conformar un proyecto democrático nacional. Es lógico que haya sido así, porque hemos carecido de las semillas de las que había de surgir el árbol de ese orden civil superior.

Ningún trauma histórico es gratuito y España es ejemplo de ello. Todavía hoy existen aspectos de nuestra vida pública, la propia monarquía entre ellos, sustraídos a la crítica y a la controversia, porque predomina un sentimiento totémico que no es propio de un país moderno y libre. Es lo que el profesor Vicenç Navarro ha denominado, con expresión feliz, “la democracia incompleta”. Por eso, sin perjuicio de otras consideraciones, pensar que el carácter instrumental, y por ello transitorio, de la monarquía restaurada en 1975 y la constitución otorgada por ella puedan trascender a un orden permanente se nos antoja una pretensión desmedida, tanto desde el punto de vista doctrinal como desde unas mínimas exigencias de plenitud democrática.

España pretende y tiene derecho a madurar en la libertad, razón por la que los españoles hemos de procurar la recuperación de nuestra integridad democrática, sin apasionamiento pero con decisión. No somos deudores de nada ni de nadie, y lo único que resulta incuestionable es la defensa firme de la constelación de libertades civiles y derechos políticos, que hacen posible el ejercicio de la democracia. El resto, en todo caso, será prólogo, pero nada más.

Por eso resulta conveniente y urgente que, ante la crisis constitucional –que es proclamada casi a diario por los partidos garantes del régimen de 1978–, la sociedad española pueda debatir sin cautelas ni cortapisas sobre el proyecto que debería sustituir al ya caduco de 1978, que fue producto de una circunstancia singular. Porque España es hoy una potencia económica relevante en el seno de la Unión Europea que, sin embargo, aparece políticamente como un país desvertebrado que puede terminar siendo fagocitado por esas nuevas satrapías en que se van convirtiendo las Comunidades Autónomas, que han vaciado al Estado de recursos para ejecutar y dirigir las políticas de interés general.

Tres ejes fundamentales

La realidad española y la exigencia civil y democrática justifican que España se dote de un orden nacional e integrador, la República, que vele por la libertad y la igualdad de los españoles. Tal orden se construiría alrededor de tres ejes fundamentales:

El Jefe del Estado sería elegido por sufragio universal directo y secreto de todos los españoles, asignándole facultades ejecutivas suficientes para contribuir al equilibrio y separación de poderes, convirtiéndolo en garante de la unidad nacional y referencia clara de su soberanía.

Las Cortes serían unicamerales, constituidas por un Congreso de los Diputados elegido mediante un nuevo sistema electoral con circunscripciones más reducidas, en el que los electores se conviertan en los verdaderos árbitros del proceso. Los partidos políticos serán parte de él, pero no los protagonistas casi absolutos como lo son ahora. Eso es propio de regímenes caciquiles que no son admisibles en un país desarrollado del siglo XXI. La situación española actual y los recientes y clamorosos fracasos de los últimos referéndum autonómicos nos ahorran mayores explicaciones.

El desarrollo autonómico a lo largo de 25 años ha dejado al Poder Central casi vacío de medios y facultades para ejercer su papel de gobernar al país, hasta el punto de que, con la mayor frivolidad, se pone en tela de juicio la unidad de la nación, que fue uno de los grandes logros de los liberales españoles en el siglo XIX. Por ello, es obligado insistir en el valor de la unidad nacional si se pretende lograr la igualdad, la libertad y el bienestar de los españoles. Desde el republicanismo hay que denunciar el error que ha supuesto considerar la unidad como algo propio de los sectores más rancios y retardatarios de la política española, desdeñando toda una tradición de defensa del Estado y de la nación que lo sustenta, enlazados ambos por los principios de la democracia.

Dada la situación creada, y ése sería el tercer eje de la propuesta, valdría la pena recuperar la concepción republicana del Estado Integral, construcción jurídica inteligente y respetuosa con los derechos de las regiones, para establecer límites claros y precisos a su derecho a la autonomía, delimitando y cerrando su marco de competencias. La regulación de ese nuevo marco competencial habría de basarse en la idea de reforzamiento de los poderes del Estado, como garante de la libertad y la igualdad de los españoles, recuperando la mayor parte del poder perdido en educación, sanidad y vivienda, por citar algunas materias sensibles, junto con el enriquecimiento de las competencias de los municipios, que son la administración más cercana a los ciudadanos.

Un orden distinto y democrático

La experiencia de todos estos años justifica la necesidad de construir un orden distinto que permita la recuperación de instituciones de contenido genuinamente democrático. Para ese objetivo, el pensamiento republicano, hasta ahora ausente de la política española, podría aportar una alternativa de cambio para los ciudadanos.

En ocasiones anteriores, los republicanos de España se cargaron de razones para su apelación republicana en momentos de grave crisis nacional, sin demagogia ni improvisaciones. Al encarar el nuevo siglo, el republicanismo debe aspirar a convertirse en la referencia integradora y no sectaria del cambio progresivo de nuestro país, aplicando la razón y el valor del interés general a los problemas que preocupan a los españoles.

No será empresa fácil porque, aparte de superar el hastío y frustración de muchos ciudadanos, habrá que desvanecer la impresión, malévolamente cultivada, de que los principios republicanos no contienen la respuesta de modernización y justicia que España necesita. De todas formas, nunca hay que renunciar a la esperanza, aunque a veces ésta se confunda con la utopía.

*Manuel Muela es presidente del Centro de Investigación y Estudios Republicanos.