La lenta agonía del Santander Banif Inmobiliario

Los más de 50.000 partícipes del Santander Banif Inmobiliario que se hallan atrapados, sin voz y sin voto, en el epicentro de la burbuja inmobiliaria, han sido informados por una escueta carta de que la Gestora del fondo ha subcontratado a una agencia y a un bufete de abogados especializados en negocios inmobiliarios para convencerles de que en el proceso de liquidación del mayor fondo por activos del país se seguirán las mejores prácticas y se cumplirán los más altos estándares de rigor, transparencia y objetividad. No es una buena noticia para unos partícipes que han pagado cientos de millones de euros, se supone, por el conocimiento que tenía la Gestora del negocio inmobiliario y, se supone también, porque cumplía con todo rigor con su obligación de actuar siempre en interés de los partícipes. Tienen razón. Una carta vacía de contenido y llena de vaguedades y de frases hechas no parece suficiente para compensar la decepción de los inversores y el deterioro de la reputación que día a día está experimentando el negocio de gestión de activos del Grupo Santander y de la de los organismos de supervisión y regulación.

La historia del Santander Banif Inmobiliario puede resumirse en pocas palabras. El Grupo Santander, cuando por las cornadas de la crisis inmobiliaria se sintió incapaz de mantener un modelo de negocio en el que se apropiaba de todos los ingresos reales y dejaba a los partícipes los ingresos virtuales, provocó, anunciando una tasación extraordinaria, el pánico entre los partícipes y el colapso y el cierre del fondo, no sin antes haber facilitado la salida del mismo, al mayor valor liquidativo de su historia, a unos cuantos afortunados, privilegiados y bien informados partícipes, propietarios del 16,90% del patrimonio. Conforme al guión, obtuvo de la CNMV la autorización para suspender los reembolsos y, aprovechando una inexplicable laguna legal, también para iniciar al día siguiente un proceso, sin control alguno, de liquidación, sin previa disolución del fondo, algo que hubiera escandalizado a los ilustres tratadistas españoles del siglo XVII, pioneros en el tratamiento de las situaciones concursales y, claro está, a cualquier tratadista de nuestro tiempo, conocedores de que este tipo de situaciones pueden acabar en soluciones injustas, frecuentemente propiciadas en la práctica por maniobras de mala fe, abusos y simulaciones.

Sabemos que el mercado de valores, y naturalmente el de los fondos de inversión, es el reino del desequilibrio entre gestores y supervisores, y no digamos ya entre gestores e inversores. Concretamente, el mercado de fondos de inversión y de pensiones español es especialmente propicio para el empleo de medios, modos o formas que tienden directamente a asegurar el éxito económico y personal de los gestores a costa de los inversores, sin el riesgo que puede suponer la defensa por parte de los mismos, y para aprovecharse de todas aquellas circunstancias que la debilitan y que facilitan la impunidad de grupos financieros propietarios de las gestoras y el abuso de su superioridad y de la confianza que en ellos se deposita.

A pesar de que la impunidad parece asegurada, harían bien los responsables de las entidades concernidas en pensar que la misma no puede durar indefinidamente, que los datos sobre la evolución de la descomposición del patrimonio del fondo producen escalofríos, que la agonía del fondo, las dificultades económicas y las tensiones emocionales de los partícipes no deberían prolongarse por más tiempo, y que la credibilidad financiera del Reino de España y del primer banco español exige otro tipo de respuestas, menos ingeniosas y mucho más inteligentes, rápidas, efectivas y, sobre todo, justas.

No es extraño que en el pasado mes de junio el Grupo Santander quisiera desprenderse de su negocio de gestión de activos, y menos extraño, que nadie quisiera comprarlo. A finales de año los datos disponibles mostraban que en los últimos 18 meses el Grupo Santander había perdido 27.000 millones de euros, es decir, nada menos que el 45% del patrimonio gestionado, no sólo por los reembolsos masivos sino por la erosión del ahorro encomendado a su gestión y que, por si fuera insuficiente, en el invierno conocíamos que los malos resultados no sólo se registraban en la gestión tradicional de los fondos financieros, sino en la gestión alternativa, que también era un desastre, y en el fondo inmobiliario, que ha originado el mayor escándalo de nuestra reciente historia financiera de la inversión colectiva, ya de por sí escandalosa.

 Juan Manuel Moreno-Luque es autor de El desgobierno de los fondos de inversión y presidente de Activa, asociación creada por partícipes del fondo Santander Banif Inmobiliario.