Las cajas de ahorro, indefensas

Desde que estalló la crisis inmobiliaria, cuya peor parte corresponde a las cajas, todo el centro de atención se ha volcado en estas entidades, pero no para sugerir caminos de superación de los problemas que las aquejan, sino para ponerlas en solfa, convirtiéndolas en un campo de batalla de intereses espurios: se confunde a las instituciones de ahorros con sus administradores políticos y se pretende ignorar lo que representan para millones de familias y empresas, que tradicionalmente han confiado en sus empleados y profesionales que son, en gran medida, los artífices del crecimiento del sector del ahorro en España. Casi nadie se preocupa por el porvenir de las cajas de ahorros y muchos, demasiados, apuestan frívola y vanidosamente por su quiebra y fracaso. 

 

Las Cajas de Ahorros nacieron como entidades de naturaleza fundacional, constituidas con objetivos de carácter social y de interés público. Sus orígenes se remontan al siglo XIX, inicián­dose como instituciones benéfico-sociales que pretendían atenuar las deprimidas situaciones de las clases populares. La Iglesia Católica y algunos grupos ilustrados, como las sociedades económicas de amigos del país, fueron los primeros que fundaron cajas de ahorros, sumándose a principios del siglo XX algunos Ayuntamientos y Diputaciones.  La gran mayoría de las cajas tenían ámbito local o provincial, lo que era característica común de instituciones análogas de países como Italia, Francia y Alemania.

La naturaleza fundacional de las cajas de ahorros, que había sido respetada por todos los regímenes políticos habidos en España, fue cambiada por Decreto en 1977, siendo Ministro de Economía, Enrique Fuentes Quintana. En aquel año se aprobó el Real Decreto 2290/77, de 20 de agosto, que liberalizó las operaciones que podían realizar y reguló, con carácter general, sus órganos de gobierno: todas las entidades tendrían una Asamblea General, Consejo de Administración, Comisión de Control y Comisión de Obras Sociales. Los miembros de los órganos de gobierno serían impositores, representantes de los Corporaciones Locales y representantes de los Sindicatos.

Régimen fundacional

Un mero decreto de la etapa preconstitucional cambió el régimen fundacional de instituciones que representaban entonces más del 35% del sistema crediticio, ahora ya son el 50%, poniendo las bases de la influencia del sector público en las mismas a través de los mecanismos y porcentajes de representación establecidos para sus nuevos órganos de gobierno. Casi diez años después, en agosto de 1985, llegó la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros, la conocida LORCA, que profundizó en la línea establecida por el Real Decreto de 1977 y acentuó los aspectos públicos de la representación en su gobierno.

Desde entonces, todas las Comunidades Autónomas han asumido el Protectorado de las cajas de ahorros, que tradicionalmente ejercía el Poder central, y han realizado modificaciones legales en sus órganos de gobierno, en la mayoría de los casos aumentando el peso de las representaciones públicas en los mismos, al añadir una cuota significativa de representación de la propia Comunidad Autónoma. El resultado de ello es que hoy, las cajas, que son la mitad del sistema crediticio español, se han convertido en entidades financieras cuasi públicas bajo el control y la tutela de las Comunidades Autónomas. Esto, junto con un uso poco prudente de la liberalización operativa, esta en el origen de los problemas del sector y de las dificultades que se oponen a su reestructuración.

Como es sabido, las cajas carecen de capital social, aunque si tienen recursos propios, que se incrementan cada año con los resultados obtenidos por su actividad crediticia. De ahí la importancia del beneficio para incrementar su capitalización, circunstancia que adquiere una relevancia especial en las épocas de declive económico, que llevan aparejada la disminución de la actividad y el crecimiento de la morosidad. Precisamente para atenuar el daño, se creó el instrumento de las cuotas participativas, que son títulos de capital y que siguen prácticamente inéditas, porque quienes disfrutan actualmente del poder las consideran una amenaza a su posición, ignorando que, en un momento como éste, podrían contribuir a suavizar los problemas de capitalización del sector, sobre todo, si se  concede a sus tenedores una presencia, aunque sea limitada, en los órganos de gobierno y administración. La clientela de las cajas, que está demostrando hacia ellas una lealtad casi granítica, se constituiría en el máximo adquirente de tales cuotas, si se emiten.

Prudencia

Las controversias públicas en materia de entidades de crédito deben ser prudentes, todo lo contrario de lo que viene sucediendo con las cajas un día sí y otro también, procurando separar la crítica y la exigencia de responsabilidades a sus administradores, políticos o no, de lo que son instituciones de ahorro con una importante trayectoria de servicio a la economía española y que tienen la confianza de muchos millones de españoles. Españoles que no pertenecen en su mayoría al mundo de los poderosos: son las clases medias y populares, junto con las pequeñas empresas, el núcleo más importante de su clientela.

Creo que debajo de la hojarasca y la espuma del ataque a la supervivencia de las cajas de ahorros subyacen dos realidades: por una parte, la de los administradores responsables de sus problemas, quienes, amparados en los poderes autonómicos, eluden su responsabilidad, pretendiendo además capitanear la reconversión de oficinas y empleados, con ayudas públicas; y, por otra parte, la de aquellos otros, que esperan obtener algún beneficio de los problemas de las cajas. La importante realidad de las instituciones de ahorros en España debería mover a la reflexión sobre su mejora y probable reordenación, no a preconizar su exterminio.

En paralelo con su reestructuración financiera, sería oportuno abordar cambios jurídicos para recuperar el modelo fundacional y el Protectorado del Ministerio de Economía, con la presencia añadida en sus órganos de gobierno de los titulares de cuotas participativas, para que sus integrantes tengan un interés cierto y legítimo por la gestión. Además de ello convendría regular su capacidad operativa, introduciendo algunos principios de banca limitada. Con tales cambios, que supondrían la abrogación del orden jurídico actual, se desvanecería la imagen de que las cajas son otra clase de bancos, pero sin dueño, que, como estamos viendo, es la peor de las opciones para hacer frente a los problemas que están en la mente de todos.

En fin, ojalá se restaure el buen sentido y se impongan la racionalidad y la exigencia, porque, si se insiste en la política corrosiva del descrédito y la desconfianza, se puede desatar una marea que se llevará por delante a los unos y a los otros. Y ése es un riesgo que ni nuestro país ni ningún otro podría asumir.