Reestructuración de cajas de ahorros, nada entre dos platos

El aplazamiento de la fusión de algunas cajas de ahorros de Cataluña, por causa del retraso en la aprobación del FROB, da estado público a la realidad que hay debajo de la hojarasca de noticias sobre fusiones frías y/o calientes del sector del ahorro: su reestructuración no ha pasado de pequeños balbuceos, adobados con un gran bombardeo mediático y la proliferación de costosos informes de consultoras y bufetes, para cubrir las apariencias. Mientras tanto, las entidades de ahorros y quienes trabajan en ellas van perdiendo tiempo y energía para encarar sus problemas y plantear las condiciones de su negocio, que hay que recordar representa el 50% de nuestro sistema crediticio.

 

Hace más de dos años que se viene insistiendo en la necesidad de que España se acomode a la situación que se deriva de la crisis aguda del modelo productivo, que, desgraciadamente, se alargará en el medio plazo: la capacidad de crecimiento de la economía española estará muy mermada y, por ello, todos los agentes públicos y privados que intervienen en la misma tendrán que reconvertirse. No es solo un problema que afecta a las entidades de crédito, también el poder público tiene deberes que cumplir y, si hablamos de las cajas de ahorros, con mayor razón. Y eso es lo que hoy comentamos.

En materia de cajas de ahorros se ha expresado casi todo en los últimos tiempos y, dicho sea de paso, se han vertido opiniones muy negativas y hasta corrosivas, confundiendo a sus administradores con las propias entidades, para concluir, sin más, que las cajas tienen que desaparecer. Pero, en mi opinión, no se ha insistido lo suficiente en que las cajas de ahorros están en clara desventaja con otras empresas, crediticias o no crediticias, para hacer frente bien a sus necesidades de capital bien a posibles fusiones o absorciones, porque los poderes públicos así lo quieren.

Para superar los posibles problemas de capitalización se crearon las cuotas participativas a principios de los años 90 del siglo pasado, que son instrumentos de capital sin derechos políticos, porque no se quiso alterar el régimen de gobierno de las instituciones de ahorros. Prácticamente no se han utilizado, porque, gracias a la bonanza económica, no ha habido problemas, aunque hubiera sido muy útil rodarlas en los buenos tiempos para prever lo que ahora sucede. De momento, nada indica que se vayan a arbitrar las modificaciones legales y de otro orden, necesarias para estimular la emisión de cuotas participativas, facilitando la capitalización de aquellas entidades que lo necesiten.

Endogamias regionales

En cuanto a fusiones o absorciones, las cajas carecen de libertad para decidir lo que les conviene: es un valor asumido, sin apenas controversia, que no se pueden plantear operaciones interregionales, que serían las más defendibles y con mayor valor añadido, porque las Comunidades Autónomas se niegan a ello. Los poderes públicos responsables se desentienden de los problemas que acarrea su actitud negativa y no demuestran interés alguno en cambiar ese estado de cosas. El Gobierno central, atenazado por los condicionantes políticos, rehúye también el cambio. En consecuencia, como “a falta de pan buenas son tortas”, todos optan por las endogamias regionales sin valor añadido alguno y con escaso futuro, además de por las llamadas fusiones frías, que nadie sabe cuáles serán su recorrido y sus valores auténticos y, lo que es más importante, su crédito ante terceros.

Por eso, es comprensible que las autoridades responsables de la reestructuración se sientan en medio de un campo de Agramante que, por lo que vamos viendo, deviene en  auténtico laberinto sin salida aparente. El transcurso del tiempo va complicando las soluciones, aunque nunca es tarde para corregir errores y asumir responsabilidades.

España tiene gran experiencia en el saneamiento de entidades de crédito, que siempre se produjo bajo las premisas de la unidad de dirección y la resolución enérgica y rápida de los problemas detectados. Hasta el momento no se han inventado fórmulas distintas. Ya hemos visto cómo han actuado las autoridades de otros países para auxiliar a sus bancos en apuros. Aquí, sin embargo, se ha sostenido que no teníamos tales urgencias y no se aprovechó el ambiente propicio de hace año y medio. Ahora dependemos de terceros, la Unión Europea que tiene que autorizar el FROB, para iniciar las actuaciones y resulta tentador utilizar esa excusa para justificar la dilación.  

Nadie niega que el retraso de esa autorización pueda suponer un contratiempo; pero conviene subrayar que para hacer las modificaciones legales a que he aludido en esta ocasión y en comentarios anteriores, así como para cambiar el sentido de las estrategias de fusiones y absorciones iniciadas, sólo dependemos de nosotros mismos. Esa es la responsabilidad de nuestros dirigentes, porque la confianza y el crédito del sistema financiero están en juego.

*Manuel Muela es economista