¿Está Garzón capacitado para continuar como juez?

Una democracia son sus instituciones, cuando éstas funcionan. Cuando están al servicio de los ciudadanos. Cuando éstos las defienden y las cuidan. No cuando unos cuantos las mantienen a su exclusivo servicio. Cuando las acatan solo cuando les conviene. O cuando son inoperantes porque a los políticos no les interesa que funcionen bien (véase el Tribunal Constitucional).

El juez no es más que un engranaje más, aunque fundamental, de cualquier sistema judicial. Sistema que debe ser capaz de protegerle, para que pueda impartir verdadera justicia, libre de influencias externas. Que debe ser capaz también de autocorregir sus fallos y abusos. O los de sus miembros. En las sociedades democráticas, pero a la vez de demócratas, no hay intocables ni nadie por encima de la Ley. Un juez jamás deber ser el protagonista de la justicia, tan solo un humilde servidor de ella. Y si lo es, algo falla. Un juez jamás debe ser una estrella mediática.

En el caso que nos ocupa, el magistrado en cuestión ha conseguido resultados muy dignos. Nadie se alegrará más que yo, que tengo amigos que tuvieron que exiliarse muy jóvenes, cuando el salvaje golpe de estado en Chile, ver a Pinochet arrestado en Londres. Al menos fueron afortunados y lo pueden contar. Pero las instituciones nos avergonzaron cuando permitieron que el mismo juez, que se había marchado anteriormente a la política, pudiera volver a la carrera judicial, despechado, para continuar como si nada hubiera ocurrido. Para juzgar a continuación a miembros de su antiguo entorno político. Puede que fuese legal a los ojos de nuestro deficiente sistema institucional. Pero no fue ético. Ese juez estaba contaminado por su actuación previa en la política. ¿En qué país un magistrado puede juzgar a antiguos compañeros? Pero aquí no pasó nada.

Continuó con su carrera. Curiosamente, de todos los jueces de la Audiencia Nacional es el único que ha salido de manera continua en los medios durante muchos años. Los nombres de los otros jueces, pares a él, a veces aparecen o son nombrados porque sus casos son notorios. Nada más. Hizo algunas actuaciones brillantes: ver entrar a terroristas en la cárcel es algo que reconforta a cualquier demócrata y persona de bien. Pero también alguna cuestionable: esos presuntos delincuentes que eludieron la prisión por instrucciones de sumario aparentemente deficientes. Yo no lo voy a juzgar, no estoy en condiciones de hacerlo, por eso digo presunta y aparentemente. Y ruego me disculpe si estoy equivocado.

Hasta hoy. No voy hablar de los procesos abiertos. No tengo elementos de juicio, como ningún partícipe de nuestro asambleario sistema judicial recién estrenado. Tan solo elementos éticos. Como que un juez jamás puede recibir dinero de nadie, directa o indirectamente, bajo ningún concepto, con el que tenga alguna relación o que en algún momento tenga que instruir, juzgar y menos absolver. Es el caso del conocido banco. Porque la sospecha de parcialidad le acompañará hasta la tumba. No basta que la mujer del César sea honesta; también debe parecerlo. Sobre todo por parte de los que imparten justicia.

Son los jueces de las más altas instancias judiciales, sin presiones partidistas u oportunistas, los que lo deben juzgar. En un país demócrata –de momento el nuestro es tan solo democrático- deberían hacerlo únicamente ellos, si confiamos en nuestras instituciones. Jamás los medios, las ideologías o los grupos de presión o afines. Y si no lo hacemos, hemos tenido treinta y cinco años para construirlas. Cuando acabe esto, deberíamos pensar sosegadamente en reformarlas, si es que algo no funciona bien. Pero no se puede deslegitimar un sistema judicial de una nación democrática –todavía no de demócratas-, a pesar de sus evidentes carencias, aceptado por el resto de países similares como tal, cuando el caso que ocupa va en contra de intereses propios o cuando se pretende juzgar a alguien que, presuntamente, con unas actuaciones que el Supremo está evaluando, muchos piensan que está por encima de las leyes y fuera de todo control judicial e institucional.

Un país democrático con pocos demócratas

Es cuando surge la justicia asamblearia de uno u otro bando. Las presiones, inaceptables en un país democrático y demócrata, para impartir mi justicia. ¿Con qué profesionalidad podrán alguna vez impartirla los estudiantes de Derecho que han asistido al bochornoso acto de la Universidad Complutense? Un juicio paralelo en el que han escuchado solo a una parte, juzgado y condenado el sistema judicial que algún día dicen que desean servir. Donde representantes institucionales del poder ejecutivo, con su sola presencia, pretenden influenciar la labor de los jueces. Una inadmisible intromisión, una más, del poder ejecutivo en el judicial.

España es un país democrático con escasez de demócratas. Hay demasiados que piensan que las leyes no son para todos iguales. Uno de sus problemas ancestrales. Estos días estamos viviendo situaciones propias del siglo XIX. Parecidas a la imbecilidad previa a la Guerra Civil, que llenó de intolerancia y de sangre un país. Situaciones que pensábamos que ya no volverían.

Cuando un juez se convierte en protagonista de la justicia, con bandas y camarillas a favor o en contra, es que algo no funciona. Y ese juez se incapacita ante la sociedad porque jamás podrá volver a impartir auténtica justicia. Porque sus actos y decisiones, inevitablemente, se verán influenciados por aquellos que en su momento le apoyaron o denostaron. Es la segunda vez que le pasa. Desde el punto de vista ético es un juez doblemente contaminado. Y cuando la actuación de un magistrado es capaz de crear una crisis institucional como la que estamos viviendo, los ciudadanos y los políticos –estos si son capaces- deberíamos reflexionar.

Tenemos que dejar que los jueces del Tribunal Supremo hagan su trabajo. Y que decidan ellos lo que es más justo. Que triunfe la justicia, cualquiera que sea su decisión. Respetar las instituciones por nosotros creadas. Para convertir a esta España, de momento solo democrática, en una nación de demócratas.

Independientemente de lo que ocurra, yo preguntaría al señor juez que cuando acabe esto y pase lo que pase, piensa él que podría, en conciencia y por su honor, seguir en condiciones de continuar impartiendo justicia sin que su ánimo y por lo tanto sus decisiones futuras hacia aquellos que deberá juzgar o instruir, no se verían influenciadas por los acontecimientos presentes. Le preguntaría por qué hemos tenido que llegar hasta este desprecio hacia nuestras más altas instituciones. Quien es el responsable. Y extendería la pregunta al resto de miembros del sistema judicial, español e internacional, tanto colegas suyos como fiscales o abogados eminentes. Y, por supuesto, a todos los ciudadanos.

La cuestión planteada es, exclusivamente, de ética, de decencia profesional y de respeto a sus conciudadanos, a los demócratas y al sistema judicial.  Aquí queda.