La reforma sobrevenida

Tras meses de negación, el Gobierno ha realizado una reducción repentina del gasto para recortar el déficit, y ésta ha cargado el coste del ajuste en las infraestructuras, los funcionarios y los más débiles (pensionistas y dependientes). Incluso si esta reforma se considera necesaria -que, de serlo, lo sería más por razones politicas que económicas-, en el camino se han obviado otras alternativas como aumentar la recaudación y hacer que parte del ajuste lo paguen las empresas, las rentas elevadas y algunos grupos de presión con poder efectivo -el sector financiero, por ejemplo-.

El precio de la reforma no es sólo de equidad, también tiene un precio de eficiencia en términos de ralentización económica. La reforma aparenta tener algunas ganancias. Por un lado, facilita alcanzar el compromiso de reducir el déficit al 3% en el 2013 y, por otro, mejora la confianza de los mercados de Deuda en la economía española. Pero hay que apresurarse a señalar que si se hubieran hecho bien los deberes, se hubiera negociado un horizonte más amplio para reducir el déficit y no se hubiera perdido la credibilidad ante los mercados. Sin embargo, el Gobierno no ha hecho bien sus deberes y como resultado ha acabado perdiendo la credibilidad y, probablemente, el sentido de la justicia. Más aún, la reforma es, probablemente, insuficiente para lograr el objetivo de déficit del 3% y es sólo el principio de un mal camino que debe enderezarse.

Sobre la reforma, lo primero que hay que recordar es que, en buena medida, la situación presupuestaria actual es el resultado, no de la recesión, sino de las medidas que en el pasado tomó el Gobierno. La bonanza económica se utilizó para aumentar el gasto de forma a veces clientelista y para reducir los impuestos (eliminación IAE para la mayoría de los contribuyentes, dualización del IRPF, recortes de tipos en IRPF y sociedades, eliminación del impuesto sobre el patrimonio). En el ámbito fiscal, además, se ignoró totalmente el fraude como si no existiera, y se mantuvieron las vías de elusión de las rentas altas.

El resultado ha sido que cuando ha llegado la crisis la recaudación se ha colapsado pasando en sólo dos años de casi el 37% del PIB a sólo el 30%. Esto ha llevado los impuestos en España al nivel que tenían a principios de la década de los 90. Ningún país del mundo, ni siquiera los que han tenido reducciones del PIB mayores que España, ha tenido una caía de la recaudación que fuera siquiera medianamente comparable a esto.

Para minimizar el impacto de la estabilización presupuestaria hubiera sido razonable poner más enfasis en el aumento de ingresos fiscales

Sin embargo, por razones que pueden parecer extrañas, parece que parte del Gobierno, especialmente la ministra de Economía, tiene recelos muy importantes a gravar las rentas elevadas -bien sea reduciendo su fraude, cerrando vias de elusion o aumentado sus impuestos-.

La necesidad de la reforma

La reforma destila improvisación que se traduce en medidas inadecuadas, injustas y de alcance insuficiente

Incluso si fuera razonable basar toda la reducción del déficit en el gasto (que no lo es), la elección de medidas es más que cuestionable. De entrada, es inaceptable que un sector público que gasta el 45% del PIB, sólo sea capaz de reducir 0,5% del PIB de gasto quitando dinero a los pensionistas y a los dependientes.

Bajando al detalle de las medidas, la reducción del sueldo de los funcionarios es, evidentemente excesiva. Ciertamente se puede argumentar con razón que el empleo público conlleva una seguridad en el empleo por la que está justificado que se pague un precio en forma de salarios más bajos. Y que es razonable que si la recaudación se ha desplomado, los funcionarios asuman parte del coste. Pero una cosa es reducir el número de funcionarios o congelar salarios y otra muy distinta realizar un recorte propio de economías en casi bancarrota.

En todo caso, la reducción de los salarios de los funcionarios autonómicos, no garantiza la reducción del déficit porque nada impide que el gobierno autonómico o municipal utilice el dinero que libera para gastarlo en otros fines. De esta forma, parte de la rdeucción salarial de los empleados públicos no serviría siquiera para reducir el déficit y el efecto de consolidación de las medidas tomadas sería menor del que aparentan.