El dilema de Wikileaks (para el presidente Barack Obama)

La divulgación de cables confidenciales de la diplomacia estadounidense ha provocado, y lo seguirá haciendo, un terremoto político, social y legal de considerable magnitud. Por un lado, las filtraciones en masa (más de 250.000 documentos) han evidenciado la escasa seguridad con la que la diplomacia y la administración norteamericana protegen, en general, su información y correspondencia. Aunque algunos medios han informado de que varios millones de funcionarios tenían acceso a dichos cables, algo quizá inverosímil, lo cierto es que un militar de baja graduación (soldado o cabo, Internet no se pone de acuerdo) del Ejército de Tierra, Bradley Manning, sí tenía acceso a ellos.

Por otro lado, y sacudidas políticas y mediáticas aparte, lo que sí es probable es que el fenómeno transgresor de Wikileaks provoque un nuevo debate legal en Estados Unidos sobre los límites del derecho a la información. EEUU se ha enorgullecido, desde sus inicios, de ser uno de los sistemas jurídico-político que mayor protección dispensa a la libertad de información y expresión. La historia constitucional norteamericana nos enseña que como contraposición a la censura y privación de libertades de la última época colonial británica, los padres de la nación estadounidense incluyeron en su famosa primera enmienda (“First Amendment”, 1791) a la Constitución de los Estados Unidos (1787) una provisión que prohibía, literalmente, al poder legislativo regular de cualquier manera la libertad de expresión y prensa (“Congress shall make no law…”). Es decir, la libertad de expresión e información se consagraban como un derecho casi absoluto.

El expediente Wikileaks quema en la mesa presidencial del Despacho Oval. Porque, con independencia del sentido de una futura sentencia del Tribunal Supremo, parece claro que Obama no quiere ser recordado como el presidente que intentó tensar el debate y cuestionar la First amendment en Estados Unidos

Así, durante su tránsito por la historia, la primera enmienda ha sido interpretada y defendida por el Tribunal Supremo de EEUU en casos de toda índole, resistiendo los envites legales que recibía con la intención de regularlo (recortarlo). Fruto del celo de los jueces por preservar intacta la esencia de ese mandato constitucional, organizaciones como el Partido Nazi, el Ku-Klux-Klan o actos como la quema de la bandera nacional (como forma de expresión política) se encuentran actualmente amparados por la primera enmienda. Supuestos que, por ejemplo, en la vieja Europa continental democrática son claramente tachados de ilegales y reprobables, por atentar contra los valores y símbolos de conveniencia de una sociedad democrática.

El presidente Obama conoce perfectamente el contenido y la jurisprudencia de la primera enmienda, no en vano ha sido profesor de derecho constitucional. Y de ello también es consciente Eric Holder, el Fiscal General. Tanto Obama como Holder proceden de ámbitos profesionales legales vinculados con la defensa de lo que allí llaman “derechos civiles”, y ambos comparten también haber pasado por las aulas de la neoyorquina Universidad de Columbia, cuya facultad de periodismo, aparte de conceder los premios Pulitzer, ha defendido a ultranza desde su fundación el contenido de la primera enmienda. Y más recientemente ha emitido una declaración, firmada por su claustro de profesores, en la que defendía de forma rotunda a Wikileaks como ejemplo del nuevo derecho a la información en la era digital.

Pero Obama también es el presidente de un país cuya administración ha sido golpeada en su orgullo y profesionalidad, casi avergonzada, ante la opinión pública mundial. Esta incómoda situación, unida a la críticas del Tea Party (que justamente menospreciaban su pasado de profesor de derecho por alejarle de “la calle y los problemas reales de la gente”), o a la probables presiones del Departamento de Estado de Hillary Clinton, pueden empujar a Obama a ordenar el inicio de acciones judiciales contra Wikileaks y Julian Assange en tribunales federales de EEUU.

Una ley de 1917, arma contra Assange

Los motivos para procesar a Assange, según se especula en Washington, pasarían tanto por aplicarle una ley de espionaje de 1917 (parece ser que el espionaje no ha cambiado mucho en un siglo) de dudosa aplicabilidad en épocas de paz, hasta por considerar que Wikileaks no tiene la consideración ni la protección reservada a los medios de comunicación, argumento también dudoso, o de que Assange ha colaborado activamente con Manning, y no como mero receptor de la información, sino proporcionándole ayuda técnica.

Como fuere, Obama se encuentra en la cuerda floja del difícil equilibrio presidente-jurista, ya que consciente de que un futuro procedimiento judicial en Estados Unidos desencadenaría una tormenta legal que abriría de nuevo el melón del debate legal sobre el contenido y los límites de la libertad de información. Una situación que a buen seguro no le agrada a Obama, el defensor de los derechos civiles. El expediente Wikileaks le quema en su mesa presidencial del Despacho Oval. Ya que, con independencia del sentido de una futura sentencia del Tribunal Supremo, si llegase el caso, parece claro que Obama no quiere ser recordado como el presidente que intentó tensar el debate y cuestionar la First amendment en Estados Unidos.

*Carlos Rivadulla es abogado, profesor-consultor de Derecho de la Información de la Universitat Oberta de Catalunya