¡Es la productividad, estúpido!... y no sólo los salarios

Es la productividad, ¡estúpido! O, para ser más precisos con la socorrida y célebre frase de James Carville -estratega electoral de Bill Clinton que condujo a la Casa Blanca al presidente americano que firmó la etapa reciente de mayor prosperidad de Estados Unidos-, es la [Nueva] Economía, ¡estúpido!” el trampolín más directo hacia la competitividad.

 

Un antídoto contra las crisis ya inventado en la década de los noventa, que debe adecuarse a las nuevas exigencias de la globalización, y que vincula alzas salariales con incrementos de productividad para contener los costes laborales unitarios, entre su formulación maestra, aunque no sea el único componente químico de la receta competitiva.

 

Por mucho que se afane la canciller Angela Merkel, su prescripción médica no siempre es sinónimo de control de sueldos. Como lo revelan varios botones de muestra: los trabajadores estadounidenses mejoraron sustancialmente su poder adquisitivo al registrar tasas de productividad superiores al 6% bajo el mandato de Clinton, al igual que los empleados del sector metalúrgico alemán, cuyo potente sindicato, IG Metall, logró cerrar aumentos de retribuciones similares -de entre el 4% y el 6%- al inicio de la pasada década.

 

Y como lo constata, en sentido inverso, la productividad en España cuya tasa, pese a crecer un 2% en 2010, no ha impedido una devaluación general de salarios, como tampoco el hecho de que la inflación -rúbrica a la que se anclan los convenios laborales y que el responsable del Servicio de Estudios del Banco de España, José Luis Malo de Molina, juzga como un “residuo del pasado”-, repuntara un 3% a lo largo del pasado ejercicio.   

 

Esta estrategia, la de ganar competitividad en una globalización con cada vez mayor peso de los mercados emergentes, demanda, en consecuencia, algunos esfuerzos reformistas adicionales a los meramente salariales. En especial, en innovación tecnológica, la piedra angular a partir de la cual una economía puede alcanzar cotas de productividad adecuadas para arañar ventajas competitivas y generar empleo.

 

Esta estrategia demanda, en consecuencia, algunos esfuerzos reformistas adicionales a los meramente salariales

Un desafío especialmente notable en países como España, con un amplio diferencial en I+D+i respecto a sus socios industrializados. Philip Whyte, analista del Center for European Reform (CER), pone el dedo en la llaga al asegurar que tanto como la disciplina fiscal, la armonización tributaria o la convergencia laboral que se reclama desde Berlín -imprescindibles para crear un clima competitivo en Europa-, importa la renovación de la Agenda de Lisboa para que la Nueva Economía impregne de productividad y competitividad a los socios monetarios.

 

Algo que el Ejecutivo comunitario ha tardado más de un año en forjar desde la finalización del proceso lanzado en la capital portuguesa y que perseguía la conversión de Europa, en 2010, en la vanguardia tecnológica global y en un espacio de pleno empleo y de crecimiento sostenible. Eso sí, Bruselas al menos ha admitido la imperiosa necesidad de elevar los fondos de innovación dentro del proyecto Europa 2020 para “reducir la brecha digital con Estados Unidos y Japón” -a los que no se ha conseguido superar en la década pasada- y poner de nuevo tierra de por medio con economías como China o Brasil.   

 

Larga senda reformista de España

 

El itinerario de España en este reto es más sinuoso que el de sus competidores tras una década perdida en busca de El Dorado tecnológico. El propio CER, think tank próximo al laborismo británico, de donde nació la idea de la Agenda de Lisboa, que ha realizado diagnósticos anuales sobre la evolución de esta estrategia desde sus orígenes, en 2000, deja a la cuarta economía del euro en una muy deficiente situación. Cataloga a España como villana, junto a Grecia e Italia, en este terreno “al inicio de su andadura hacia 2020”.

 

Frente a los héroes -Austria, Dinamarca, Suecia y Holanda-, grandes vencedores en la carrera de Lisboa después de exhaustivos exámenes parciales que comprenden cinco pilares esenciales de la Nueva Economía. España suspende en el doble parámetro de innovación -Sociedad de la Información e I+D-; en clima para hacer negocios -donde el CER constata un doble fracaso, en la excesiva regulación y en la elevada presión fiscal que pesa sobre el sector privado- y en desarrollo sostenible; en concreto por sobrepasar las emisiones de CO2.

 

Los avances nacionales deben evolucionar, en paralelo, a los cambios en las reglas de juego en Europa

Mientras mantiene un pulso cada vez más débil en liberalización sectoriales -dentro de un suspenso generalizado a todos los socios europeos en servicios financieros- y, curiosamente, en mercado laboral y pensiones. Dos reformas de nuevo cuño que, junto a la de política energética, van en la buena dirección, pero que dejan en el olvido -como el proyecto de Ley de Economía Sostenible, llamado a cambiar el patrón de crecimiento español- la veta tecnológica.

 

La cada vez más reincidente proclama de que España necesita invertir en I+D a niveles superiores al 3% del PIB para evitar estancarse en pleno tsunami del orden económico global, se asienta en informes tan rotundos como el de Competitividad Global del World Economic Forum (WEF), que en su edición 2010-2011, sitúa a la economía española en el lugar 42 de su ranking, nueve puestos por debajo de su estudio precedente. Entre otras razones, por el deterioro de la economía, la rigidez del mercado de trabajo, las dificultades crediticias -todos ellos de índole más o menos coyuntural-, pero también por aspectos estructurales como los obstáculos a la transferencia de capital tecnológico o el déficit educativo. La clasificación la encabezan Suiza, Suecia, Singapur, Estados Unidos y Alemania.

 

Reglas europeas de estabilidad

 

Aun así, los avances nacionales deben evolucionar, en paralelo, a los cambios en las reglas de juego en Europa. Alguno, incluso, de gran trascendencia, como la recomendación de ciertas voces del mercado que coinciden en reclamar mayor capacidad de maniobra para el BCE -cuya política monetaria está monopolizada estatutariamente por el límite del 2% de inflación-, hasta concederle objetivos alejados del ideario alemán como el crecimiento de la economía y del empleo, a imagen de la Reserva Federal estadounidense.

 

El cuadro de mando, aún por perfilar, del futuro espacio de competitividad europeo -que empieza a conocerse como consenso de Berlín por las directrices impuestas desde la capital germana-, podría ver la luz el próximo 25 de marzo, al término de la cumbre primaveral del Consejo Europeo. Siempre y cuando se logre el punto de armonía del tradicional juego de intereses cruzados en el seno del eje franco-alemán.

 

Entre el lado galo de la balanza, con la reivindicación de Nicolas Sarkozy de pertrechar un Gobierno económico supranacional, y a quien le gustaría una zona del euro más reducida en número con reglas de juego más contundentes para devolver a París la hegemonía perdida del viejo club comunitario a Quince, pero sin tocar las conquistas sociales, motivo por el cual reniega de cualquier nexo salario-productividad procedente de Berlín. Y el germano, con la posición de Merkel, defensora de la disciplina presupuestaria, más partidaria de un club monetario amplio para ganar influencia en un momento en el que Alemania es la economía más dinámica del antiguo G-7, pero a la que le constará dar el paso definitivo hacia un BCE sin el ortodoxo principio del rigor inflacionista actual.

 

A pesar del campo abonado que supone el sorprendente abandono del halcón de la disciplina monetaria y presidente del Bundesbank, Axel Weber, en la carrera por la sucesión de Jean Claude Trichet, al frente del BCE, y de la idea de la canciller de armonizar impuestos y hacer converger las normas laborales e incluso las pensiones o la actividad económica -vía competitividad-, requisitos todos ellos con los que sí cuenta la Fed americana en sus decisiones monetarias. Aunque cuente con la oposición de Irlanda -reacia a abandonar su modelo de baja tributación a las empresas- Bélgica y Francia -a los salarios vinculados a la inflación- o Reino Unido, que observa con renovado escepticismo el club privado del Ecofin de la zona del euro. 

 

Primas de riesgo

 

La empresa de modernizar las normas económico-financieras europeas no es baladí. Está en juego nada menos que el futuro del euro. Porque, como afirma Simon Tilford, economista jefe del CER, los inversores, pese a que la posición fiscal de los socios monetarios europeos es considerablemente mejor que la de Estados Unidos o la de Reino Unido, “tienen motivos para estar preocupados” por la evolución de la zona monetaria europea. Primero -dice- porque “adolece de un presupuesto federal”. Segundo, porque la prima de riesgo “depende de la habilidad de cada servicio de deuda” nacional, algo que “oscila en función de las previsiones económicas y de la reducción de sus necesidades de financiación”.

 

Y tercero, porque los inversores de deuda de Estados soberanos “no sólo temen los niveles de endeudamiento públicos, sino también los privados” de los países en dificultades, generalmente los periféricos. Por ejemplo, Portugal. El mercado que está en el punto de mira de los mercados registra una deuda público-privada conjunta del 320% del PIB y las predicciones auguran una contracción de la economía del 1,3% en 2011.

 

El resultado de este diagnóstico no puede ser más elocuente. El PIB alemán cerró 2010 con un crecimiento del 3,6%, mientras España e Irlanda -sostenes junto a Finlandia y Holanda del vigor europeo a comienzos de la década pasada-, Grecia, Letonia y Rumanía todavía mantenían tasas negativas, según Eurostat.

 

Esta Europa económica a dos o, incluso, a tres velocidades -si se añade las oscilaciones inflacionistas- es el gran obstáculo a la competitividad europea. Sobre todo en socios como España, que ya ha dejado de captar ventajas por el diferencial de precios. Más incluso que el restablecimiento del poder sancionador por incumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. No en vano, Francia y Alemania violaron los límites del déficit en 2004 y los apercibimientos de Bruselas se saldaron sin multas concretas. O el tamaño del fondo de rescate a países altamente endeudados.

 

Nuevos mecanismos de integración

 

La empresa de modernizar las normas económico-financieras europeas no es baladí. Está en juego nada menos que el futuro del euro

Nicolaus Heinen, de Deutsche Bank, añade otros instrumentos de integración a este debate. Los diecisiete socios monetarios y la Unión en general deben homogeneizar, al menos, seis indicadores que delaten los desequilibrios europeos: la balanza por cuenta corriente; la posición externa neta; la tasa de cambio real, basada en los costes laborales unitarios; la evolución de los precios inmobiliarios, la deuda pública y la privada. A este road map se unen peticiones como la de Jacques Delpla, del Instituto Bruegel. Delpla se pregunta si la vuelta a la sostenibilidad fiscal en Europa es el requisito único para salir de la crisis de la deuda.

 

Su respuesta en negativa. A su juicio, la mejor prueba de solidaridad actual de la Unión es el eurobono. Y, en concreto, propone dos modelos; un bono-azul, para países con niveles de deuda inferiores al 60% del PIB, que reducirían así parte de sus costes de financiación; y un bono-rojo, que supondría, de facto, una suspensión de pagos ordenada para refinanciar la deuda y volver de nuevo a la disciplina fiscal. Todo ello, previa aprobación de un Consejo de Estabilidad Independiente y de los parlamentos nacionales.