Devolver a la palabra su valor de prueba y acabar con las mentiras ante el juez

Estamos asistiendo a procesos penales en los que adolescentes acusados de gravísimos delitos, entre otros el de asesinato, se burlan de los jueces, de la policía y de las víctimas, con versiones contradictorias, a cual más insólitas, que no solo sitúan el cadáver de la víctima en los lugares más insospechados, obligando a la policía a rastreos y búsquedas continuas, hasta ahora infructuosas, sino al juez a un papel de zahorí o adivino obligado a descubrir quién dice la verdad, situación que, por desgracia, termina haciéndole recelar de todo aquél que declara ante él, dado que en España da lo mismo decir la verdad que mentir descaradamente ante un tribunal.       

El resultado de tal perversión es un sistema judicial receloso del testimonio de quien declara ante el magistrado. En España, el acusado puede mentir todo lo que quiera, y su abogado puede asesorarle para que mienta impunemente de “forma natural” e incluso legítima, dado que es legal engañar al juez. Y aunque teóricamente exista el delito de falso testimonio, los testigos ven impunes sus mentiras, por descardas que sean, siempre que “no sean determinantes del fallo” o, lo que es lo mismo, la sentencia que se dicte no refleje su testimonio como uno de los elementos esenciales del fallo. Por ello, con honrosas excepciones, hay abogados que no tienen inconveniente alguno en presentar testigos dispuestos a mentir ante el juez.

El sistema, además de ineficaz, tiene un resultado demoledor sobre el que es necesario reflexionar. Si da igual mentir o decir la verdad ante el juez, y el juez termina viendo tal anomalía como algo natural, el magistrado tenderá de forma paulatina a recelar de los testimonios y declaraciones que escucha a diario, lo que termina por trasladar la prueba “al papel”, al documento, haciendo poco útil o francamente inútil el valor probatorio de la palabra. El corolario de lo descrito es que los jueces desconfían en muchas ocasiones de la palabra de millones de españoles honrados que cumplen la ley y se ven obligados a acudir a la Justicia como víctimas, perjudicados o simplemente como testigos.               

Nuestro sistema procesal mantiene principios anticuados que otros ordenamientos democráticos han estudiado y mejorado, de forma que hoy sencillamente son más eficientes que el nuestro. Es el caso de los Estados Unidos, la primera economía del mundo, cuyo sistema judicial, sin ser ni mucho menos perfecto, es muy diferente, cuando no radicalmente opuesto, y desde luego manifiestamente más eficiente que el nuestro en su empeño de defender a los ciudadanos honrados a la hora de no admitir burlas de ninguna clase a los jueces.

El perjurio de Clinton

En el sistema judicial americano, el testigo es la base del procedimiento y la palabra es la prueba esencial, de manera que si a un abogado se le ocurre inducir a mentir a un testigo no solo se le “desafora” o expulsa de la abogacía, sino que, además, se le acusa penalmente y puede acabar en la cárcel

En el sistema judicial americano, nadie pude mentir impunemente al juez. Nadie. No está lejos el proceso (impeachment) seguido contra el ex presidente Bill Clinton por perjurio, es decir, por mentir bajo juramento a un Gran Jurado, una figura que ni siquiera es un juez. En Estados Unidos, el Gran Jurado está integrado por grupo de ciudadanos, elegidos al azar, a los que, de forma reservada y confidencial, el proceso penal federal atribuye la potestad de decidir si un fiscal puede o no acusar a otro ciudadano ante un juez federal.

De modo que el fiscal, único que puede ejercer la acción penal, tiene que comparecer ante el Gran Jurado, exponer las razones que le avalan y proponer la prueba que tiene para acusar. El potencial acusado también comparece, sin abogado, ante el Gran Jurado y si éste entiende que la acusación es fundada en derecho y la prueba es sólida, autoriza al Fiscal para que la presente. Después será el jurado quien decida si es culpable o inocente, a la vista de las pruebas que se practiquen durante el juicio.

Al ex presidente de EEUU se le juzgó por mentir a un Gran Jurado, no a un juez. En el sistema judicial americano, el testigo es la base del procedimiento y la palabra es la prueba esencial, de manera que si a un abogado se le ocurre inducir a mentir a un testigo no solo se le “desafora” o expulsa de la abogacía, sino que, además, se le acusa penalmente y puede acabar en la cárcel como culpable del delito de inducir a mentir a un testigo ante un juez. Como es fácil imaginar, a muy pocos abogados americanos se les ocurre recomendar tal cosa a sus testigo, so pena de ser expulsado de la profesión e incluso de perder la libertad.

En USA, en ningún caso se puede mentir ante el juez

A la vez, cada testigo es interrogado cuatro veces delante del juez. La primera por el abogado que lo propone; la segunda por el abogado contrario, que normalmente cuestionará su credibilidad; la tercera, otra vez por su propio abogado, para restaurar la credibilidad puesta en duda por la parte contraria, y la cuarta y última, de nuevo por el abogado que propuso al testigo sobre el fondo de la cuestión objeto del litigio. Al final de procedimiento tan laborioso siempre suele salir a relucir la pura verdad.

En los Estados Unidos, el acusado en un proceso penal tiene todo el derecho del mundo a guardar silencio, y ese silencio en nada puede perjudicarle, porque nadie duda de que su abogado le defenderá correctamente y con todas las garantías. Pero en ningún caso puede mentir al juez, lo que equivale a burlarse de la justicia, de la víctima y, en definitiva, de los ciudadanos honrados que cumplen sus obligaciones.

Razón por la cual en el sistema norteamericano sería inimaginable un episodio como el ocurrido con el asesinato de Marta del Castillo, donde los supuestos asesinos se permiten contar una cosa un día y su contraria al siguiente, decir que el cuerpo está en un vertedero, obligando a que la policía lo busque durante semanas entre toneladas de basura, y afirmar después que está en un río, forzando a las fuerzas del orden a dragar durante semanas decenas de kilómetros de río.

El acusado debe disponer del derecho a no declarar contra sí mismo y guardar silencio –lo que no podrá acarrearle ningún perjuicio-, pero, si decide prestar testimonio, la ley debe obligarle a decir la verdad, es decir, a no mentir al juez y a la administración de justicia.

En España, la víctima de un falso testimonio lleva aparejada la “pena” de tener que contratar otro abogado que estudie la sentencia, examine la prueba, acredite la mentira del testigo, presente una querella por falso testimonio, justifique el carácter determinante del falso testimonio en el fallo  impugnado y vuelva a tomar declaración al falsario ante un juez de instrucción -en el que el acusado puede volver a mentir cuantas veces quiera-, de modo que, después de aguantar otro juicio, con el consabido riesgo de nuevas mentiras, y una espera de años, el ofendido en origen pueda finalmente ver condenado a quien mintió con descaro ante otro juez, consciente y deliberadamente, para perjudicarle. Es hora de contribuir a mejorar nuestra convivencia, darle a la palabra el valor que en otros tiempos tuvo y no tolerar burlas a los jueces.  

*José Ignacio Rodrigo Fernández es abogado.