Argentina, Repsol y la seguridad jurídica

Es frecuente escuchar entre los especialistas en política exterior (Fareed Zakaria) y en economía del desarrollo (Paul Collier, Jeffrey D. Sachs y Andrew M. Warner) que la peor maldición que puede sufrir un país es poseer cuantiosos recursos naturales, especialmente si se descubren antes de haber sido capaz de construir un Estado de Derecho sólido.

Nos vienen a la cabeza enseguida los casos de Nigeria, Arabia Saudita y Venezuela, pero a nadie se le oculta que hay muchos otros, y uno que tiene todas las papeletas para ingresar en el club es, sin duda, Argentina. Cuando el Estado percibe cuantiosos ingresos sin recaudar impuestos y los políticos que lo controlan se enriquecen directamente a costa de esos recursos o percibiendo comisiones de su venta (o expropiación), es imposible que la democracia funcione adecuadamente. No existen incentivos para que la sociedad intente controlar a sus políticos. Al contrario, el clientelismo se extiende por la vía de sobornar a los votantes –o más bien a determinados grupos especialmente influyentes– con dinero público. Es decir, la gente no vota a un partido por razón de lo que éste ofrece en servicios públicos a cambio de sus impuestos, sino por lo que le toca a cada uno.

Para ello, el gobierno (estatal o local) necesita, de una manera directa o indirecta, malversar dinero público, ya sea sacándolo directamente de la caja o por la vía más presentable de contratar con su clientela servicios innecesarios o disparatadamente onerosos, o todo a la vez. La vinculación entre la gran empresa y la política pasa a tener el carácter íntimo propio de la complicidad entre las organizaciones mafiosas: el famoso “capitalismo de amigos” o crony capitalism. Pero para articular adecuadamente este mecanismo los sucesivos gobiernos de turno necesitan desactivar cualquier tipo de control (si es que lo hubiere), esos checks and balances de los que hablan los anglosajones y que van desde los de carácter constitucional (Tribunal de Cuentas, Tribunal Constitucional, Poder Judicial) hasta los de tipo administrativo (intervención del Estado, inspección tributaria y de servicios) e incluso mediático (sobornando con publicidad institucional determinados medios de comunicación o favoreciendo sus aventuras empresariales). La consecuencia de todo ello es obvia: al no existir control ni seguridad jurídica alguna el dinero público se despilfarra, se imposibilita la creación de pequeñas empresas (pues éstas no pueden competir ni crecer en un marco así) y se espanta a la inversión extranjera.

Llegado a este punto algún lector avispado podría decirme: “Vamos a ver, Tena, ¿por qué dice que va a hablar de Argentina y Repsol y no hace otra cosa que hablar de España?”. Bueno, no nos precipitemos, lo explicaré un poco más adelante. Ahora volvamos a Argentina.

No cabe duda de que el descubrimiento y apropiación por el Estado de importantes recursos naturales va a potenciar esta dinámica en el país hermano, pues no podemos decir que cuente con un Estado de Derecho sólido, precisamente. Pero lo que nadie puede desconocer es que esa predisposición ya existía desde hace muchas décadas. El comportamiento del Gobierno argentino con Repsol no es nuevo. La ausencia de seguridad jurídica para las inversiones en ese país es proverbial, especialmente en determinados sectores. Argentina tiene 49 casos en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), el 32% de todas las demandas presentadas a nivel mundial, de los cuales la mitad están pendientes y la otra mitad ya han sido resueltas, la mayoría en su contra. Por supuesto no ha pagado ninguna indemnización ni se espera que lo haga.

Por eso, cuando una empresa quiere invertir en Argentina en esos sectores especialmente delicados, lo lógico es que descuente esa circunstancia, que pague precios más bajos, cargue precios más altos, e intente rentabilizar su inversión en el plazo más breve posible. Cuando llegue la inevitable apropiación el empresario inteligente ha debido ya hacer su agosto (en cuyo caso no tiene derecho a quejarse), y si no lo ha hecho, porque no ha sabido negociar, o manejar adecuadamente el contexto político (comprensible, porque es verdaderamente corrupto), y la inversión ha terminado por no resultarle rentable, entonces de lo que estamos hablando es de un grave error de gestión. A Argentina la conoce todo el mundo y en el pecado se lleva la penitencia: los servicios a sus ciudadanos cuestan y costarán siempre mucho más que en otros países, o al menos más de lo que deberían. Pero lo que no puede hacer el inversor imprudente es trasladar su responsabilidad a su propio país para que le defienda a costa del resto de sus ciudadanos. Como dice Cristina Fernández, con razón, todos los españoles pagaremos más por el biodiesel, y no sólo los accionistas de Repsol, y yo la verdad es que no le veo especial justificación. Es más, si no es por una sospechosa mala conciencia no parece posible explicar la famosa carta que circula “espontáneamente” entre los empleados de Repsol apoyando incondicionalmente a su presidente, el Sr. Brufau, que a lo mejor es algo comprensible en el peronismo, pero que en España era hasta hace poco tiempo absolutamente inimaginable.

Pero de un tiempo a esta parte nosotros ya, desgraciadamente, nos imaginamos cualquier cosa. Sin embargo, lo que hace que la situación española sea especialmente sangrante no es tanto que nosotros no tengamos riquezas naturales, sino que durante un tiempo tuvimos un Estado de Derecho sólido, con todas sus imperfecciones, sin duda, pero algo que era digno de ese nombre, y lamentablemente lo estamos perdiendo a marchas forzadas. No sé si nuestro petróleo fue el ladrillo, combinado con un régimen de gobierno territorial construido imprudentemente al margen de la responsabilidad fiscal. No sé si la causa es una partitocracia insaciable necesitada de tragarse todo a su paso, incluido cualquier control digno de ese nombre. Pero lo que sí sé es que los inversores extranjeros sí tienen en el caso de España todo el derecho del mundo a quejarse. A ellos sí que les hemos engañado de verdad (recordemos simplemente el caso de las fotovoltaicas). Creían que esto era parte de Europa, y en gran medida sí lo era, pero resulta que ya no. Y lo peor de todo, con diferencia, es que a los empresarios serios y competentes sólo les engañas una vez.

*Rodrigo Tena es coordinador del blog ¿Hay Derecho?