El céntimo sanitario como exponente del interés común

La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que ha dictaminado que la aplicación del ‘céntimo sanitario’ entre 2002 y 2012 vulneró la legislación europea ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de hacer las cosas bien, algo que, en mi opinión, nunca resulta fácil. Especialmente en un país que, como el nuestro, tiene que compaginar en tiempo real cinco marcos normativos: el complejo entramado normativo que se inicia en Bruselas llega a tener su réplica en ordenanzas municipales concretas en un periplo que previamente ha tenido su momento en el Gobierno del Estado, en las CCAA e, incluso en las diputaciones provinciales. Uno detrás de otro.

Esa es nuestra realidad y no lo digo a modo de queja, que bien pudiera, sino de constatación de las dificultades que entraña, por ejemplo, la aplicación de una nueva medida impositiva, como en su momento fue el caso del ‘céntimo sanitario’.

En los últimos días, hemos tenido la oportunidad nuevamente de comprobar lo fácil que es sumarse al carro de la recaudación y lo difícil que sigue siendo en nuestro país asumir responsabilidades políticas. Afortunadamente, por detrás de todo este ruido prevalece un marco jurídico estable y la voluntad de la inmensa mayoría de la sociedad de hacer las cosas como se deben hacer.

A estas alturas, cuestionar que los empresarios en general, y los del transporte en particular, eludimos nuestra responsabilidad impositiva es absurdo. Si algo ha quedado de manifiesto en el tsunami de corrupción que nos ha asolado en los últimos años es que el país sigue avanzando en la senda de la recuperación porque la inmensa mayoría perseveramos en hacer las cosas de manera correcta.

Esta apreciación, la idea de que hacer las cosas mal al final es más caro, además de sencilla y fácil de entender, es un toque de atención claro sobre cómo queremos encarar nuestro futuro

Dicho esto, el problema del ‘céntimo sanitario’ no ha sido su concepto –el aprobado por la Comisión Europea en su momento–, sino su aplicación sobre el terreno por parte de las CCAA. De hecho, desde inicios de 2013 se sigue aplicando impositivamente, pero como ahora se hace bien ya no hay lugar para cuestionar su legalidad.

Esta apreciación, la idea de que hacer las cosas mal al final es más caro, además de sencilla y fácil de entender, es un toque de atención claro sobre cómo queremos encarar nuestro futuro a corto, medio y largo plazo.

La senda de la recuperación económica va a ser larga y complicada. El esfuerzo, como hasta ahora, seguirá recayendo sobre el conjunto de la sociedad y, de manera muy concreta, sobre los hombres y mujeres que soportamos la economía real de nuestro país, con el desarrollo de nuestras actividades profesionales y de nuestra aportación al erario público a través de los impuestos directos e indirectos. Hablo de todos y hablo de nosotros, los empresarios del transporte por carretera.

Con la sentencia del ‘céntimo sanitario’ hemos alcanzado una visibilidad social inusual en nuestro sector. Y sí, por supuesto que quiero aprovecharla, es lo apropiado. El 85% de las mercancías de nuestro país se mueven gracias a nuestra actividad. Lo que se ve –o mejor, lo que se quiere ver– no hace justicia a la realidad de un sector que realiza esfuerzos ímprobos por ser competitivo, sostenible y responsable.

Y en ese esfuerzo está incluido el pago de los impuestos que gravan nuestra actividad. No deber ser de otro modo. Nos ponen impuestos y nosotros los pagamos. A veces, como ha sucedido con el ‘céntimo sanitario’, los recurrimos porque somos conscientes de que su aplicación está siendo abusiva, inadecuada o ilegal. Por lo tanto, vuelvo a incidir en la idea de que el problema no estriba en eludir la responsabilidad común, sino en abordarla de manera eficiente, concertada y, siempre, dentro de la legalidad.

Sobre la ‘euroviñeta’, tomemos nota de lo sucedido con el ‘céntimo sanitario’ y procuremos que su aplicación no incurra en ilegalidades fruto de la improvisación o de las urgencias recaudatorias

Este planteamiento me sirve para incorporar dos líneas de trabajo inminentes. Por un lado, el proceso de devolución del dinero cobrado ilegalmente durante diez años por una mala aplicación del ‘céntimo sanitario’. Por otro, la activación inminente del impuesto conocido como ‘euroviñeta’ en algunas CCAA de nuestro país.

Sobre la devolución, el sector ya ha trasladado al Gobierno su deseo de que el proceso sea lo más rápido y eficaz posible. Me gustaría añadir dos conceptos: razonable y consensuado. En un momento tan complejo para las arcas del Estado, creo que todos podemos ser empáticos con la búsqueda de soluciones que no graviten específicamente en devoluciones económicas, al menos, en su totalidad. La búsqueda de fórmulas complementarias a través de compensaciones fiscales o de contribuciones a la Seguridad Social debe ser explorada. Pero claro, desde la base de la negociación y la buena voluntad de las partes implicadas.

Sobre la ‘euroviñeta’, tomemos nota de lo sucedido con el ‘céntimo sanitario’ y procuremos que su aplicación no incurra en ilegalidades fruto de la improvisación o de las urgencias recaudatorias. Hago este llamamiento cuando nos encontramos en el umbral de un nuevo sinsentido. El Gobierno de Cataluña ya ha anunciado su intención de aplicarla en breve en la autopista C-25. Detrás de este anuncio no ha habido ninguna sensibilidad negociadora. No parece que, a estas alturas, la toma de decisiones unilaterales que dejen fuera de foco a los principales afectados por las mismas, sea el remedio más inteligente para los males que afectan y amenazan la recuperación económica de nuestro país.

Termino con una nueva oferta de diálogo constructivo. El sector del transporte por carretera no elude ninguna de sus responsabilidades: ni las fiscales, ni las sociales, ni las medioambientales. No estamos a la contra. Tan sólo pretendemos que nuestra opinión sea tenida en cuenta en cuestiones que afectan, no lo olvidemos, al sistema arterial de comunicación que sostiene nuestra cotidianeidad sin aspavientos ni sobresaltos.

*Marcos Basante es presidente de la Asociación de Transportes Internacionales por Carretera (ASTIC)