¿Un problema de reforma constitucional?

Para muchos juristas y políticos españoles es imprescindible, ante los problemas que tenemos sobre la mesa, abordar la reforma constitucional. Los más radicales hablan del “candado de 1978”, o algo así, que impide el progreso de nuestra nación.

No comparto esas opiniones. A mi juicio, las taras no están en nuestra norma suprema, sino en la absoluta falta de cultura política democrática de los actores de nuestro sistema constitucional (políticos, pero también ciudadanos), y en unas reglas de segundo nivel que no explicitan los controles imprescindibles.

No niego que haría falta algún retoque (orden de sucesión en la Corona, comisiones de investigación formadas a propuesta de las minorías, etc.) y también alguna decisión drástica (suprimir el Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo), pero no creo que sea necesario ir mucho más allá en el nivel normativo.

Tenemos una declaración de derechos muy completa, una regulación de la Corona que ha revisado prácticas obsoletas, unas normas sobre las Cortes presentables, unas reglas sobre el Gobierno, la Administración, y sus relaciones con el Parlamento adecuadas; unos buenos principios relativos al Poder Judicial (no a su órgano se gobierno, como dije más arriba), una normativa sobre Economía y Hacienda algo anticuada, pero útil, y una regulación del Tribunal Constitucional más que suficiente.

Diré, para rematar, que dos reformas, que se suelen presentar como absolutamente imprescindibles, no me lo parecen. En cuanto al Senado, las alternativas que proponen el paso al modelo Consejo/Bundesrat, a la alemana, las considero erróneas. No deben decidir sobre leyes estatales trascendentes los “paniaguados” de los ejecutivos de las comunidades autónomas. No es suficientemente democrático. Prefiero que estos temas se traten por senadores responsables ante el electorado.

Tampoco me parece bien el cambio al modelo federal, si es que tal cosa existe, y no una pluralidad de soluciones muy diversas bajo esa palabra. Es mejor nuestro sistema unitario descentralizado, con unas leyes orgánicas estatales (los Estatutos de Autonomía) que otorgan competencias con el techo de una lista de facultades exclusivas del Estado, que quizás haya que retocar algo para que sean suficientes para mantener la unidad.

Y digo todo esto porque creo que España no tiene un problema constitucional. Lo que ocurre es que, bajo un texto perfectamente homologable, se han desarrollado unas prácticas que no son de recibo en una democracia. Nuestra clase política debe convencerse, por un lado, de que tiene todo el sentido cobrar por su trabajo (no soy de los que abominan de los políticos profesionales), pero no lo tiene enriquecerse hasta extremos que suponen 'colocar' a sus nietos. Por otro lado, los ciudadanos tenemos una marcada tendencia a delegar en los políticos la toma de decisiones, lo que es lógico, pero sin ejercer un control sobre los mismos que tenga cierta calidad, y esto provoca disfunciones. Por fin, la clave más importante está en las reglas, y en las prácticas, de los “nuevos príncipes” (dijo Gramsci): los partidos políticos. Si estos son oligárquicos, y no democráticos, no estamos ante una verdadera democracia, porque son los vehículos imprescindibles de participación en la misma.

Mejor que lanzarnos a hacer una nueva Constitución, cosa relativamente sencilla, sería abordar la tarea hercúlea de ir revisando, poco a poco, y en los detalles aparentemente nimios, toda una serie de costumbres políticas, y reglas, inadecuadas, que convendría erradicar de cuajo. No se puede en este artículo, por supuesto, ir más allá de formular este pío deseo. Lo que me parece claro es que nuestros problemas institucionales no son problemas de nuestra norma suprema.

Si el esfuerzo se dedica a modificar la Constitución, antes o después nos daremos cuenta de que no hemos cambiado nada relevante, y vendrá la decepción, y la melancolía. O, lo que es más grave, la posibilidad de caer en alternativas al régimen constitucional que no son deseables, y que los más viejos, que saludamos con ilusión el “candado” de 1978, recordamos vivamente.

*Ignacio Torres Muro es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense.