Un atentado al Estado de derecho en España

Vista desde fuera la situación de Cataluña, uno se pregunta: ¿cómo no va a ser impugnable el que se haga un pleno para poner sobre la mesa la ruptura de la unidad territorial de un país?

Foto: La abogada Miriam González Durántez, autora del artículo, con su marido, el ex líder del Partido Liberal británico Nick Clegg. (EC)
La abogada Miriam González Durántez, autora del artículo, con su marido, el ex líder del Partido Liberal británico Nick Clegg. (EC)

Para apreciar las obras de arte hay que mirarlas primero de cerca y luego con distancia. Lo mismo pasa en la política: a veces estás tan cerca de las decisiones y estas provocan tantas reacciones contradictorias y tanto ruido mediático que no puedes ver las cosas con claridad. Por ello, en ocasiones, es bueno mirarlas desde fuera.

Lo constaté la semana pasada cuando pasamos unos días en España y vi cómo se ve desde allí la decisión del Partido Conservador británico de convocar un referendo sobre la Unión Europea. En el Reino Unido, el debate no puede ser más complejo: los que piensan que el referendo es innecesario pero no se atreven a decirlo, los que están asustados por las consecuencias económicas pero callados porque se lo ha pedido el Gobierno, los que esperan que reformando cuestiones menores en la Unión Europea el referendo pase desapercibido, los que utilizan la reforma como tapadera porque en realidad lo que quieren es irse... La pregunta, visto desde España, es mucho más simple: ¿pero cómo se le ha ocurrido a Cameron convocar un referendo precisamente ahora con la de problemas que hay en Europa? Definitivamente, no hay mejor fórmula que tomar distancia.

Lo mismo ocurre, en sentido inverso, con la discusión sobre la independencia de Cataluña. La situación es ciertamente compleja. He leído docenas de artículos en la prensa nacional con enrevesadas teorías jurídicas sobre si la decisión de Junts Pel Si (una plataforma que ni siquiera representa a la mayoría de los catalanes) de convocar un pleno para debatir la declaración de independencia de Cataluña ha de ser suspendida o no por el Tribunal Constitucional, ese icono de independencia política que encima parece que casi nunca acierta. Incluso a mí, que soy abogada, me cuesta seguir los intríngulis jurídicos de la discusión. Pero visto desde fuera, la pregunta es mucho más simple: ¿cómo no va a ser impugnable el que se haga un pleno para poner sobre la mesa la ruptura de la unidad territorial de un país? ¿No sería impugnable un pleno para discutir cómo dar un golpe de Estado en el país?

El referéndum escocés y el triunfo del SNP en las elecciones generales demuestran cómo las votaciones no cierran heridas sino que, a veces, las abren

En el Reino Unido ha habido un referendo sobre la independencia de Escocia que, por cierto, perdieron los independentistas. Los plebiscitos no son la panacea, y, en concreto, el referendo escocés y el triunfo del SNP en Escocia en las elecciones generales demuestran cómo las votaciones no cierran heridas sino que, a veces, las abren. Pero, al menos, ese proceso se hizo con todas las garantías constitucionales, con todos los partidos (regionales y nacionales) de acuerdo no solo sobre la necesidad de la consulta sino sobre la pregunta, la fecha, las condiciones de la campaña… Lo que está ocurriendo en Cataluña no tiene nada que ver con una consulta sobre la independencia sino con un atentado al Estado de derecho y una burla no solo a la Constitución sino al pueblo español en su conjunto y al catalán en particular.

Lo que también resulta difícil de entender desde fuera es que, después de todo el trasiego de reuniones en Moncloa de la semana pasada y las innumerable fotos de los unos con los otros, resulta que los cuatro partidos con mayor intención de voto no se ponen de acuerdo en una declaración fuerte y contundente en defensa de la unidad territorial del país y contra la declaración de independencia. Ni siquiera han logrado hacer una foto de familia entre Rajoy, Pedro Sánchez y Rivera porque parece (me imagino que es algo que procede de sus asesores) que en vísperas electorales esa foto pudiera quitarles votos. Las vísperas electorales son periodos complicados de gestionar. ¿Pero de verdad piensan los tres líderes que la defensa seria y contundente, todos unidos, de la unidad territorial de España no compensa los pocos votos que pudieran perder? ¿Y en serio creen que van a perder votos porque se les vea a todos unidos en vez de tirándose los trastos a la cabeza sobre cuestiones políticas de orden menor?

Los españoles -incluidos los catalanes- se merecen (nos merecemos) que los candidatos a la Presidencia del Gobierno pongan el interés común de apagar sin contemplaciones este atentado contra el Estado de derecho en España por encima de sus inmediatos intereses electorales. Eso se ve con claridad meridiana desde fuera… y también desde dentro.

*Miriam González Durántez, socia de Dechert LLP.

Tribuna
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