La igualdad: clave de bóveda del sistema democrático

La desigualdad es un concepto sociológico que se refiere a las diferencias de trato en el interior de una sociedad, entre las que cabe destacar discriminaciones por razón de sexo, por estrato social, por educación, por acceso a las instituciones de justicia, y principalmente, por diferencias económicas. En la esfera económica, y particularmente en la del trabajo, es donde se manifiestan las desigualdades de una forma más dramática, aunque tal vez no sean las más agresivas en términos de valores.

La desigualdad como fenómeno global ha sido puesta en evidencia en numerosos estudios y análisis comparativos, que han supuesto un gran revulsivo social y de los que han tomado nota diferentes autores, entre ellos Thomas Piketty, en su celebrado libro: 'El Capital en el siglo XXI'.

La desigualdad está presente en todos los territorios y en todas las sociedades. El 50% de la riqueza mundial está en manos del 1% más rico de la población, y la otra mitad se reparte entre el 99% restante. 85 personas acumulan tanta riqueza como la que posee la mitad más pobre de la población mundial. España aparece en el 'ranking' de las desigualdades muy mal tratada porque el 10% de los españoles con menos ingresos se han empobrecido a un ritmo del 12,9% anual.muy superior al promedio en Europa,del 1,4%, y porque las 20 personas más ricas poseen una fortuna similar a los ingresos del 20% de la población más pobre.

Estos datos hay que entenderlos de acuerdo con el diferente nivel de desarrollo de cada una de las zonas del planeta y de la evolución de las civilizaciones que las han habitado, por un lado. Y por otro, los datos sobre reparto desigual de la riqueza, a mi juicio, no implican necesariamente realidades físicas concretas de mayor injusticia. Por ejemplo, de España en relación con el resto del mundo, ni entre las 17 Comunidades Autónomas, ni por supuesto, entre todas y cada una de las personas. Son referencias que nos permiten hacer un seguimiento temporal de la evolución de los parámetros recogidos que nos resultan útiles para orientar las políticas.

En los sectores en los que las rentas del trabajo son determinantes, España destaca por su menor desigualdad en comparación con el resto de Europa

La situación de la desigualdad que muestran las encuestas para Europa, siendo decepcionante por el nivel de desarrollo político de las naciones que la componen, es menos dramática que la de otras latitudes también desarrolladas del planeta, como EEUU, donde está llegando a niveles sin precedentes. La sociedad americana, cuando tiene un problema, traslada su angustia al resto del mundo imponiendo su debate para intentar alcanzar algún consenso acerca de cuáles puedan ser los remedios para afrontarlo. No obstante, olvidan que las causas de la desigualdad son diferentes en cada país y las soluciones necesariamente también tienen que ser distintas. Paralelamente al reconocimiento de esta realidad negativa, contrasta ver estadísticas definitivas que demuestran que la desigualdad a nivel mundial está disminuyendo. Estas complejas circunstancias suscitan la necesidad aplicar un cierto relativismo a conceptos, valoraciones y cifras para analizar el asunto de la desigualdad con certeza, no solo a nivel mundial, sino también dentro de la UE, y por supuesto, dentro de España.

Los datos sociológicos que miden la desigualdad de los que tenemos noticias de dos décadas para acá, no mucho antes, han evolucionado muy relativamente, por lo que hay que interpretarlos con prudencia y no hacer política partidaria con ellos. Puede resultar extremadamente complicado atribuir los cambios sociológicos que en esta materia detectan las encuestas a una acción o a una legislatura concreta, porque normalmente sus consecuencias serán recogidas mucho más tarde, cuando los responsables de las medidas que se analizan son otros que nada tuvieron que ver con tales medidas. Este hecho puede verse ejemplarmente en legislatura VIII y IX en España. Esos casi ocho años son sin duda los de mayor producción legal a favor de la igualdad en todos los órdenes. Particularmente, durante la presidencia española de la Unión Europea de 2010, en la que se abordó la igualdad desde todas las perspectivas: la igualdad entre mujeres y hombres, impulsando las políticas contra la violencia de género o proponiendo la Directiva del Consejo sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre personas con independencia de cualquier condición. Y a pesar de ello, debido a la elevación del desempleo consecuencia de la brutal crisis económica, los coeficientes Gini reflejan en esa época con unos pobres resultados relativos.

La crisis económica mundial ha sido el desencadenante de un incremento del desempleo, de contratos temporales y de bajos salarios, lo que ha generado una extensión de las tasas de pobreza y, con ello, de la desigualdad, en todo el mundo y también en España. La creciente desigualdad social que España padece en la actualidad, establecida en sus justos términos, debe ser combatida con políticas socialmente justas y reequilibradoras. Estas políticas, que forman parte indisoluble del código genético de los socialdemócratas europeos,no han sido capaces de frenar la radicalización de los electorados de izquierdas, que cada vez parecen haberse alejado más de los proyectos de mayorías políticas necesarios para contener racional y efectivamente la creciente desigualdad que indican las estadísticas europeas. Mientras en el otro polo de espectro político, los partidos de la derecha conviven con la desigualdad con la resignación de quien la considera acríticamente como un “efecto secundario” asumible de sus “exitosas” políticas económicas liberales. Hay que denunciar a quien fomente o tolere la desigualdad, por buena que sea su excusa, porque ello desestabiliza el pacto socialque en Europa, y también en España, ha producido el mayor trecho de fructífera y estable cohesión social.

Gracias a ese pacto y a las prestaciones sociales subsiguientes se ha reducido, si bien no al ritmo que todos hubiéramos deseado, la pobreza en los hogares españoles, en comparación con otros países. Según el coeficiente Gini en 2011, nuestro país ha logrado reducir las diferencias entre ricos y pobres "de manera considerable" hasta el 0,34, que está dentro de la media europea (0,30-0,35). En consonancia con lo anterior, hay que decir que la partida de gasto social en España creció 6,7 puntos entre 2007 y 2013,en parte para compensar el aumento del paro en esos años. También destaca que los españoles disfrutaron de una de las mayores esperanzas de vida en 2012 en comparación con el resto de países europeos, algo que podría estar relacionado con una mejor atención sanitaria pública. Y a pesar de esos datos algo alentadores, hay que reconocer que en los últimos años la pobreza se ha instalado dolorosamente en un mayor número de familias.

Para comprender las razones de la persistencia de las desigualdades económicas en España hay que analizar el asunto desde dos planos diferentes. El primer hecho que hay que establecer es que la seguridad que confiere un determinado nivel económico está más en relación con las rentas del patrimonio que con las rentas del trabajo. El patrimonio otorga estabilidad a quien lo tiene, mientras la seguridad de quien depende de un salario es más eventual. Se ha dicho que una persona sin patrimonio es una persona dependiente, sin capacidad para decidir sobre sus opciones con libertad. En efecto, el patrimonio del tipo que sea (mobiliario,inmobiliario, etc.) genera rentas que te permiten cubrir tus necesidades vitales sin necesidad de trabajar, por lo que ante la imprevista pérdida del empleo las consecuencias son menos dramáticas.

La consideración de España como el uno de los países más desiguales de Europaestá relacionada con el gran peso que tiene el patrimonio en los criterios que manejan las encuestas internacionalesy, como es sabido, nuestra sociedad dispone, en términos generales, de poca riqueza patrimonial. Esta proterva consideración global de España queda muy matizada cuando se segrega por niveles de renta. En los sectores en las que las rentas del trabajo son determinantes, como ocurre en la clase media y trabajadora, España destaca por su menor desigualdad en comparación con el resto de los países europeos. Hay que reconocer que este hecho positivo, a pesar de altísima tasa de paro de España, estáfavorecido por el peso de la economía sumergida, lo que no es tan gratificante social y éticamente.

El patrimonio otorga estabilidad a quien lo tiene, mientras la seguridad de quien depende de un salario es más eventual

La distribución de las rentas en España, bien provenga de un salario o del patrimonio, es un buen indicador para medir el bienestar de una población. El reparto de la riqueza en España por grupos sociales es muy similar al de los grandes países de la UE como Francia, Italia o Reino Unido, y más equitativo que Alemania o Suecia. Sin embargo, el menor nivel de vida que tenemos los españoles se debe con certeza al menor patrimonio per cápita que disponemos, y a que los salarios son más bajos. Lo que unido a una tasa de desemplearosconsiderablemente más alta, de los cuales un buen número de ellos no recibe prestación alguna, empeoran los estándares de vida en relación con nuestros vecinos del norte de Europa.

No es muy sagaz decir, en la situación de crisis económica y con las cifras de paro que tenemos, que la situación de la desigualdad en España no esta tan mal en comparación con los europeos más ricos. Sin embargo, si somos objetivos, habremos de aceptar el hecho de que las políticas de redistribución de rentas por medio de servicios públicos esenciales en el periodo democrático han creado una plataforma de igualdad con respecto de necesidades básicas muy importante, aunque, nuevamente, en los últimos años de crisis económica se han visto perjudicados.

Sin duda hay cosas por hacer para disminuir esta vergonzosa lacra. En primer término, declarar su combate una prioridad política transversal en todas las acciones gubernamentales. La OCDE pide esfuerzos a los representantes públicos de todos los países de la UE en cuatro ejes: promover una mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo;fomentar las oportunidades de empleo y empleos de buena calidad; mejorar la calidad de la educación y el desarrollo de competencias durante la vida laboral,y mejorar la redistribución a través de un mejor diseño de los sistemas fiscales y de prestaciones sociales.

La política fiscal, sin duda, es el elemento más efectivo en la lucha por una sociedad más justa. En ese campo hay todavía camino por recorrer, no solo en España, sino en toda Europa, y si me apuran en todo el mundo. Hay que mejorar los sistemas tributarios: priorizando la imposición directa proporcionalmente a la limitación de la recaudación indirecta, introduciendo mayor progresividad fiscal, racionalizando las bonificaciones de algunos impuestos, como por ejemplo el de sucesiones y el de patrimonio, incentivando el ahorro en rentas del capital o corrigiendo el Impuesto de Sociedades para que paguen más estas rentas en relación con las del trabajo.

La justicia y la igualad florecen en la medida de la efectividad de la lucha contra el fraude fiscal.Este comportamiento social regresivo, que es uno de los que más desigualdad genera, tiene una tolerancia social que hay que censurar con toda la fuerza legal y de discurso ético y político del que las instituciones sean capaces. Un buen comienzo, y como filosofía general, sería reforzar la Agencia Tributaria para que se asegure de que todos contribuyamos en lo que nos corresponde. Y en el plano de las políticas concretas estaría bien prestar más atención al control de las grandes empresas y fortunas, que es donde se concentran las grandes bolsas de fraude en lugar de estar volcada en las discrepancias que resultan de las rentas del trabajo. También contribuiría a la mejora de la igualdad acordar prohibir las leyes llamadas de amnistía fiscal (la tercera desde la aprobación de nuestra Constitución) y acabar con los llamados paraísos fiscales que son tan utilizados para eludir impuestos y ocultar patrimonios.

Paralelamente, y en línea con las recomendaciones de la OCDE, es necesario utilizar esa recaudación fiscal para proporcionar a los ciudadanos asistencia sanitaria, educación, protección social razonables coherentes con nuestro estilo de vida; y asegurar la cooperación y la solidaridad con los más vulnerables, como las personas con bajos ingresos, como por ejemplos los inmigrantes, y ahora también los refugiados.

La igualdad de oportunidades de las personas no se mide en el momento de partida sino en un modelo de sociedad en la que sus miembros tienen igual derecho

Este análisis no estaría completo sin referirnos a la igualdad de oportunidades. Un concepto social que predica que todas las personas deben tener las mismas posibilidades de acceder al bienestar y poseer los mismos derechos políticos y civiles; en suma, idénticas opciones para desarrollarse personal y socialmente. Es una verdad empírica que las sociedades donde existe mayor igualdad de oportunidades son más justas y más prosperas.

La igualdad de oportunidades es la igualdad efectiva de la que hablaba John Rawls en su 'Teoría de la justicia'. La igualdad de oportunidades de las personas no se mide en el momento de partida, sino en un modelo de sociedad en la que todos sus miembros tienen igual derecho. La igualdad en los resultados es lo que importa; y esta es la consecuencia de la aplicación de unas políticas sociales compensatorias, como, por ejemplo, fue el caso de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

La igualdad de oportunidades no se limita al derecho negativo que la Constitución recoge en su Título Primero, el de las Libertades Individuales, tales como: libertad de expresión, libertad religiosa, garantías para la propiedad privada, etc. Complementariamente, la igualdad de resultados requiere la intervención del gobierno con voluntad de reconocimiento positivo de derechos.

El historiador británico Edward H. Carr decía que “los preceptos morales que aplicamos a la vida cotidiana son como los cheques bancarios: tienen una parte escrita y otra impresa. La impresa consiste en palabras abstractas como las de libertad, justicia, democracia (ahora podríamos incluir igualdad de oportunidades). Son categorías esenciales. Pero el cheque carece de valor hasta que rellenamos la otra parte, en la que se dice cuánta libertad concedemos, a quiénes consideramos nuestros igualesy hasta qué punto” (un ejemplo de lo que aquí se afirma es la Ley Orgánica 2/2009 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social). En efecto, las proclamaciones generales son ingredientes necesarios para elaborar un marco constitucional democrático, digamos que son el campo de juego. Sin embargo, para hacer de ello un sistema socialmente justo es preciso señalar las diferencias de derechos que existen en la sociedad y explicar la forma como se pretenden corregir esas discriminaciones.

El papel redistribuidor del Estado se articula, primordialmente, por medio de una política fiscal progresiva en el que contribuye más el que más tiene

La igualdad de oportunidades es un contrapeso para equilibrar las diferencias entre las personas que surgen con el nacimiento y son de pleno inmerecidas, según el principio de justicia del que hablo, por lo que la compensación es ineludible. Un ejemplo de esta concepción política puede verse con claridad en la política de becas o las pensiones no contributivas, y por encima de todos ellas: la Ley Orgánica 7/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Esta forma de entender la igualdad complementa conceptualmente a las políticas igualitaristas, en el que todas las personas reciben la misma proporción de un bien social o económico. Es decir, un determinado nivel de igualdad en aquellas prestaciones básicas que sean compatibles con el esquema de libertades que nos hemos dado. En efecto, se completa el principio de igualdad efectiva con lo que se consideran derechos inalienables, “derechos de serie” podríamos decir, y que se definen como “derechos universales”. El caso de la Ley General de Sanidad de 1986 es un ejemplo paradigmático.

Esta concepción de la universalidad, que los Gobiernos de izquierda instauraron en España, está relacionada con el papel que debe desarrollar el Estado en una economía de mercado. El papel redistribuidor del Estado se articula, primordialmente, por medio de una política fiscal progresiva, en el que contribuye más el que más tiene. Y se completa con políticas de gastos públicos que priorizan la lucha contra las desigualdades en busca de una sociedad justa y cohesionada, que ha quedado como las credenciales del socialismo democrático español de nuestra época.

P. Pablo Mansilla Izquierdo es médico