Retrato de la corrupción en España

La corrupción es difícil de erradicar en un solo envite, por lo que hay que asumir que luchar contra ella es un proceso largo que hay que abordar con tenacidad

Foto: Manifestación en Valencia contra la corrupción. (EFE)
Manifestación en Valencia contra la corrupción. (EFE)

Pasadas las segundas elecciones, y atendiendo a la única propuesta para evitar las terceras, convendría hablar de un asunto que esta tan presente en el debate político actual: la corrupción política. No pretendo ser Diógenes el Cínico, buscando con un farol un hombre bueno, ni criticar a los que lo son, que se alarman por cualquier cosa. Me conformo con enfriar un debate que considero tan acalorado unas veces como arbitrario otras.

Para empezar, habría que definir qué se entiende por corrupción, un concepto que engloba desde actos de degeneración moral hasta el intercambio de favores injustos o ilegales. De ahí la necesidad de discriminar si se quiere ser efectivo en atajar la corrupción.

La corrupción que más preocupa socialmente es la mal llamada política. Esta consiste, a grandes rasgos, en el mal uso del poder público para conseguir ventajas ilegítimas. Ni la política ni el poder son en sí mismos corruptos; la primera, una noble actividad humana; y el segundo, una palanca indispensable para mover el mundo. El problema aparece cuando se relacionan ambos en un marco institucional desordenado o cuando la política y el poder lo detentan personas sin escrúpulos que los manipulan para sostener su estatus y riqueza.

La transparencia es el antídoto contra la corrupción, ya que el ciudadano conoce por qué, cómo, qué, cuánto y el cuándo de la acción institucional

La corrupción política tiene dos vertientes: el hecho objetivo calificable como cualquiera de los numerosos tipos de corrupción y la imagen que de ella se transmite a la sociedad.

Para el tratamiento de la corrupción objetiva, es preciso promover normas y comportamientos que la limiten efectivamente. De hecho, en los programas electorales de las pasadas elecciones de todos los partidos se recogen un elenco bien estructurado de ellas, esperando la voluntad y fuerza necesarias para ponerlas en práctica.

Un buen ejemplo de cómo las reglas y actitudes que ordenan una actividad pueden ser plenamente eficaces para sofocar la corrupción es la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). Sus pormenorizados protocolos de actuación y sus participativos mecanismos de control hacen imposible que se produzcan fraudes o, ni tan siquiera, la más mínima arbitrariedad. La ONT es el corolario de cómo un sistema regulado puede llegar a ser un ejemplo mundial por su eficacia y limpieza. No veo razones para que estas prácticas no puedan funcionar en otras instanciadas de poder hoy comprometidas. La clave es la institucionalización de procedimientos de actuación claros y mecanismos sencillos de participación que fomenten el diagnóstico y la sanción tempranos de los casos de corrupción.

La transparencia es el antídoto contra la corrupción, ya que el ciudadano conoce por qué, cómo, qué, cuánto y el cuándo de la acción institucional. Para ello, es preciso: una gestión pública que simplifique los procedimientos administrativos para hacerlos más comprensibles, una mayor participación pública en los partidos políticos que los haga más reconocibles como un instrumento al servicio de la sociedad y no como un fin en sí mismos y, también, unos medios de comunicación social que, dentro de su irrenunciable independencia, informen con la mayor objetividad posible.

(EFE)
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En 2015, España obtuvo una nota del entorno del seis sobre 10 en los índices de Transparencia Internacional, lo que corresponde al puesto 36º en una lista de 168 países, y al 15º de los 27 miembros de la Unión Europea. Para revertir estos datos, es preciso comprometer a toda la sociedad en un discurso cívico que vaya a la raíz del problema, que promueva la educación ciudadana e incorpore a todos los poderes del Estado moderno, incluido el llamado cuarto poder.

Las diferencias de cómo se percibe la corrupción al norte y al sur de los Pirineos se han tratado de explicar por la acción de la ética protestante calvinista, defensora racional del lucro, en contraposición con la moral católica más subjetiva de la "ganancia legítima". Sea como fuere, es necesario afirmar que los españoles, a pesar de esa suplementaria exigencia ética, no somos más corruptos y no somos más complacientes con estos actos que nuestros vecinos europeos. Tampoco deberíamos caer en la simplificación de sentirnos aliviados pensando que la corrupción es un atributo indeseado solamente de la actividad política, como si esta estuviera al margen de los valores del colectivo humano en que tiene lugar.

La corrupción reduce objetivamente la riqueza nacional porque pervierte las estructuras de mercado justas, distorsiona la competencia y perjudica la inversión. La percepción de la corrupción se ha visto disparada por la crisis económica. La falta de expectativas económicas ha sensibilizado a capas muy numerosas de la población ante los hechos de corrupción. Es insoportable para los más vulnerables ver cómo se roban recursos públicos que deberían aplicarse a paliar el dolor que les ha sobrevenido.

Los españoles, a pesar de esa suplementaria exigencia ética, no somos más corruptos y tampoco más complacientes con estos actos que los europeos

Los españoles no vivimos en un Estado corrupto, como han pretendido algunos, sino en un régimen democrático que es el realmente perjudicado del comportamiento corrupto llevado a cabo por algunas personas. Hay que distinguir el perjuicio de la responsabilidad.

Desde la instauración democrática, ha habido alrededor de 150 casos de corrupción de muy diversa dimensión, contenidos y afectados: desde el caso de la Colza hasta el más reciente de la rama Taula, pasando por el caso Casinos, operación Malaya, caso Forcem, la PSV, Estevill, el caso Dívar, la operación Mengele, el caso Godó, los ERE, la enésima ramificación de la Gürtel o la Púnica. No todos deberían calificarse de corrupción política 'stricto sensu', y la mayoría de los que sí lo son han afectado a las administraciones locales (como ejemplo, la más reciente trama municipal), y particularmente al área de urbanismo. Estos datos obtenidos de internet, que no hay que elevarlos a categoría de nada, sirven para ofrecer una cierta idea de la magnitud del problema.

El ruido político y mediático que ha provocado la justa denuncia de los casos de corrupción ha sido tan relevante como las nueces (menos de cuatro casos al año) realmente contabilizadas desde 1978. No pretendo justificar la corrupción minimizando el problema, ya que promovería su proliferación al acotar la censura. Ni mucho menos. Me aventuro a decir que España tiene, además de la corrupción en sí misma, un problema de percepción de la corrupción, por lo que no estaría de más pararse a "distinguir (...) las voces de los ecos”.

El expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves (d), presta declaración por los ERE. (EFE)
El expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves (d), presta declaración por los ERE. (EFE)

La mayor responsabilidad en ambas derivas de la corrupción corresponde a los partidos políticos mayoritarios por haber sido tibios en la condena de los casos propios, por un lado, y por haberla utilizado sin recato como arma política, por otro. Estas actitudes, la tibieza y la utilización, han mantenido en la primera página de los periódicos no solo casos declarados de corrupción, sino meras insinuaciones que han sido igualmente dañinas.

Respecto al primer aspecto, recuerdo un momento del discurso del presidente Felipe González, en la clausura del XXXII Congreso de su partido: “Si de mí dicen cosas que no son verdad, por qué voy a creer que son verdad las que dicen sobre los demás”. Un canto al Estado de derecho, al priorizar la presunción de inocencia sobre el ruido antes aludido, que acabó siendo depravado por los corruptos y sus voceros.

El uso de la corrupción comenzó con “las auditorías de infarto” frente a la UCD y continuó con el “despilfarro, paro y corrupción” del señor Aznar. Hoy sigue la misma tónica, si cabe con mucha más agresividad, probablemente con más razones, y con unas instituciones políticas cada vez más debilitadas.

Utilizar la denuncia de la corrupción, no solo para calificar un comportamiento sino para determinar la esencia constitutiva del adversario, ha sido un grave error que ha perjudicado el sistema de partidos, al pretender la destrucción del rival. Los portavoces de los partidos han esgrimido hasta la saciedad este argumento cuando se sentían atacados y han reproducido inexorablemente este perverso uso cuando les reportaba la más efímera ventaja.

La encuesta del CIS, que arranca en mayo de 1985, revela que los españoles no hemos percibido la corrupción como un problema hasta el año 1993

Según el barómetro del CIS de mayo de 2016, 46,7 de cada 100 encuestados sitúan la corrupción entre los tres primeros problemas de España. Cabe preguntarse si esta grave opinión de los españoles sobre la corrupción ha sido la misma a lo largo del tiempo. Esta encuesta, que arranca en mayo de 1985, revela que los españoles no hemos percibido la corrupción como un problema hasta el año 1993. Esa tendencia se quiebra coincidiendo con la fortísima campaña del PP para acabar con la hegemonía gubernamental del Partido Socialista, por un lado, y con la guerra sucia emprendida por la Asociación de Periodistas Independientes, por otro. En esa legislatura, el barómetro detecta una explosiva subida, del 12,5 al 26,3%, en la percepción de la corrupción. Tras las elecciones del 96, que efectivamente perdió el PSOE, desciende la apreciación de la corrupción tan vertiginosamente como había subido, para reaparecer con relevancia mínima en 2012. Esa línea cambia radicalmente en enero de 2013, pasando los registros al entorno del 20%. Para seguir aumentando hasta el último dato registrado del 46,7%.

Es una evidencia empírica la correlación entre la percepción de la corrupción y la estrategia de los partidos políticos. Que se haya disparado la percepción de la corrupción ahora responde al mismo criterio de lucha partidaria de los años noventa, con algunos elementos propios de esta época. El bipartidismo ha cedido espacio al actual panorama cuadripartito. La aparición del “asindical y apartidista” 15-M, cuyo segundo argumento fue “la denuncia de la corrupción de los políticos, banqueros y grandes empresarios”. Y, por último, la profusa aparición de los programas políticos en televisión que instigan polémicas redentoras en torno a los casos de corrupción, que, salvadas las distancias, recuerdan la estrategia mediática del confeso 'El sindicato del crimen'. Esta estrategia comunicativa ha nutrido las redes sociales, lo que ha provocado una onda expansiva en la percepción de la corrupción.

Estos datos plantean una disyuntiva sobre la corrupción en España. ¿Es un problema estacional (cíclico) que aparece coincidiendo con intereses políticos y mediáticos?, ¿o es un fenómeno más o menos estable tributario de los valores de una sociedad? La respuesta es doble igualmente. La corrupción real está más relacionada con la segunda pregunta, mientras que la percepción de la corrupción es la respuesta automática al primer interrogante.

¿Es un problema estacional que aparece coincidiendo con intereses políticos y mediáticos? ¿Es un fenómeno estable tributario de los valores de una sociedad?

Teniendo presente todo lo anterior, concluyo que:

Promover comportamientos más transparentes en relación al manejo del dinero y con el poder puede ser muy beneficioso en la prevención de las conductas sociopáticas que conducen a la corrupción.

Cuanto más se fortalece el tejido social-institucional donde tienen lugar la actuación pública y privada, más se limitan los comportamientos corruptos.

La corrupción, en tanto que comportamiento humano, es difícil de erradicar en un solo envite, por lo que hay que asumir que luchar contra ella es un proceso largo que hay que abordar con tenacidad.

Ambos perfiles de la corrupción (la real y su percepción) son manifestaciones de una inmadurez institucional de la que se aprovechan individuos inmorales.

En modo alguno constituye un problema del sistema democrático ni una tara ontológica del carácter del español.

 

P. Pablo Mansilla Izquierdo es médico.

Tribuna

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