Lo que realmente piensa el Gobierno sobre las cláusulas suelo

De manera reiterada, de forma fallida, el Gobierno está intentando -parece que con bastante patetismo y, de momento, con más pena que gloria- echarle un capote a los bancos en detrimento de los millones de perjudicados por las cláusulas suelo. El pasado viernes se frustró, por fortuna, el bodrio de Real Decreto que pretendía aprobar para forzar a los ciudadanos damnificados a que se plieguen ante los manejos de la 'Gran Banca'. La filtración oportuna del texto hizo que las críticas disuadieran a sus artífices de la idea de promulgarlo. El pretexto viene a ser que no se colapsen los juzgados con las demandas que se interpongan. Pero es eso, un mero pretexto, como luego probaré.

La verdad es que el sistema financiero, por causa de la mala praxis bancaria y de la permisividad (puede que 'culpa in vigilando') de todos los Gobiernos de España, vuelve a estar en dificultades muy serias. Si tuvieran que devolver su dinero a todos los perjudicados por las cláusulas suelo, el total no bajaría de quince mil millones. Pero, si a ello añadimos lo que se deriva de la devolución de los gastos de constitución de hipotecas, la cosa es mucho más gorda. Y, sin embargo, en lugar de reconocer culpas y de reparar los daños, los autores de tales daños (los Bancos) y quienes se lo permitieron (los Gobiernos) andan buscando atajos para eludir sus obligaciones o, como poco, para amortiguar hasta la nimiedad los efectos del desastre que han provocado. Pero, mientras tanto, ¿qué pasa con el dinero indebidamente cobrado? Las trampas que Bancos y Gobierno manejan son del siguiente tenor:

• Abrir un periodo de tres meses para forzar a los ciudadanos a negociar con quienes les perjudicaron: ¡viva la igualdad de armas!; y ello, pese a que el Ministro de Justicia ha reconocido que, en tres meses, los bancos no tienen posibilidad de devolver nada.

• También parece que el Gobierno, en clara connivencia con los bancos, quiere disuadir a los perjudicados en cuanto a entablar pleitos contra éstos, a base de entrometerse en las decisiones de los jueces sobre las costas. ¿Pero, dónde tiene el Gobierno competencias para modificar –o ni siquiera- para reglamentar sobre los artículos 394 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil? Si a este Gobierno le importa la separación de poderes y la independencia judicial, ¿quién es para decirle a los jueces cuándo pueden o no condenar en costas a los bancos?

• También apuntan (y esto ya es, no para nota, sino para matrícula de honor) la autorización a los bancos para que paguen a los damnificados de forma aplazada, o, quizá, mediante otros productos, basándose -dicen- en la compensación de deudas prevista en el Código Civil. ¡Qué listos! Sólo se les ha olvidado que la compensación, por ejemplo, contra las cuotas pendientes de vencimiento de los damnificados no es posible porque tales cuotas ni son líquidas, ni están vencidas, ni, por tanto, son exigibles.

• Y en cuanto a remunerar a los perjudicados con otros productos alternativos, si el Gobierno permite que los bancos lleven al 'matadero de una negociación así de desigual' a los ciudadanos, merecerá, sin paliativos, el más profundo de los reproches democráticos, porque lo hará siendo consciente de que vuelve a 'ponerle en bandeja las gallinas a la zorra' con total indefensión de aquellas y absoluto regocijo de ésta. Además, acaso cuando le debemos dinero a los bancos, ¿éstos nos permiten pagarles con huevos, con gallinas o con cualquier otro producto?

• Por otro lado, cuando habla de procedimiento gratuito para los que quieran negociar con los bancos, ¿en quién está pensando el Gobierno para que pague el coste del asesoramiento que los ciudadanos van a necesitar? ¿O los quiere echar en brazos de los bancos sin ese asesoramiento? ¿O quiere el Gobierno que, nuevamente -como sucedió en los arbitrajes de las preferentes- que sean los bancos quienes paguen a prestigiosísimos despachos para que éstos decidan con la equidad propia de quien resulta a la postre ser pagado por una de las partes en litigio? ¡Sería de risa si no fuera tan obsceno!

En mi anterior artículo, publicado el pasado día 11, creo que fui muy claro respecto de todo esto, aunque con la información de que entonces se disponía. Pero no hacía falta ser un gran pitoniso para acertar; y, de momento, los hechos me dan la razón. Lo que debemos hacer los profesionales del Derecho (e incluyo aquí a los miembros de la Administración de Justicia) no es otra cosa que ponernos al lado de la parte más débil, para que las sentencias se cumplan en sus términos.

Dije que lo del colapso de los juzgados era un pretexto. Pues bien, así es; y lo es porque, siendo como es la Sentencia del TJUE tan clara, y habiendo revocado esta sentencia nuestro Tribunal Supremo, capando los efectos retroactivos de las demandas (el Magistrado Orduña fue el único que supo ver la realidad con su voto particular), todos los profesionales sabemos que estos pleitos son, si se quiere, muy rápidos. Lo que el Gobierno tiene que hacer, si quiere cumplir con su real deber, es, por este orden: establecer los mecanismos concretos, efectivos y ciertos para que los bancos devuelvan en tres meses su dinero a la gente, con los intereses legales y sin subterfugios; o, alternativamente, dejar que cada ciudadano se defienda (que sea la sociedad civil la que funcione sin intromisiones entorpecedoras del Poder Ejecutivo), y dotar a los Juzgados y Tribunales de los medios humanos y materiales para solventar adecuadamente esta coyuntura, ya que las sentencias que recaigan pueden ser tan ágiles y rápidas como lo vienen siendo las de los pleitos derivados de la ilegal salida a bolsa de Bankia.

¡Atentos, pues, porque vienen días duros de trampas y engaños!