Cinco lecciones para una investigación parlamentaria

En 2014, muy decepcionado por las insuficiencias conceptuales, incoherencias, lagunas materiales y obstáculos procesales que venía padeciendo en la investigación que se seguía en la Audiencia Nacional sobre los fraudes que originaron la crisis de nuestros bancos y de nuestros mercados, decidí publicar un libro (Akal, 2014) que reunía en cinco lecciones los materiales necesarios para la investigación de dichos fraudes, dejando constancia del procedimiento seguido para expoliar de sus ahorros a cientos de miles de familias españolas por medios "formalmente pacíficos" al amparo de la asimetría, de la impunidad y del anómalo funcionamiento de los servicios públicos de nuestro país obligados a asegurar la protección del ahorro en los mer­cados de capitales y la reestructuración del sistema bancario.

Con el libro pretendía, asimismo, contribuir a los estudios sobre las relaciones entre la criminalidad y las crisis bancarias. Los antimodelos económicos basados en la insolvencia, la corrup­ción y la criminalidad deben ser objeto de investigaciones serias y no limitadas, ni objetiva ni subjetivamente, y sometidas a contra­dicción, en las que no quede excluido ningún legitimado. La crisis bancaria española es muy importante desde un punto de vista cri­minológico. Gayraud y Thual ('Géostratégie du crime', 2012, y 'Le nouveau capitalisme criminel: Crisis financières, narcoban­ques, trading de haute fréquence', 2014) estudian en el mismo capítulo la dimensión criminal de la crisis bancaria española, de la crisis japo­nesa, de las pirámides albanesas y de las crisis mexicana y colom­biana. Todo ello, en el marco de un sistema bancario neocorpora­tivista, parasitario y ultradimensionado, que usa intensivamente la información privilegiada y se aprovecha de la incultura financiera (de los ciudadanos y de los poderes públicos) de los países domi­nados por el sistema bancario.

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Ya en la II Conferencia del Banco Central Europeo (BCE) en 2002, sobre bancos centrales, se discutió sobre la transformación de las finanzas europeas (bancos y mercados). El punto de vista de Rajan y Zingales (2003), ambos de la Universi­dad de Chicago, es que la Unión Europea (UE) debería promo­cionar reformas estructurales, especialmente en países de Europa del sur, con el fin de desarrollar un sistema efectivo de 'arm’s length' basado en los mercados, pues estas economías relativamente ce­rradas con poderes políticos centralizados ofrecen condiciones favorables a grupos de interés locales para formar 'lobbies' con ob­jeto de proteger a las entidades financieras locales, con el consi­guiente quebranto para el ahorro popular. Ni que lo digan.

Des­graciadamente, en este contexto, la situación del ahorro popular se fue agravando día a día; el sistema bancario –que ha aboca­do a nuestro país al mayor desastre de la democracia– es cada vez más poderoso y está cada vez más protegido por los poderes pú­blicos, que no temen tanto un poder bancario sin control efectivo como los efectos devastadores e incalculables de su colapso definitivo; la capacidad de los mecanismos y de las instituciones que tienen encomendada la protección del ahorro popular no ha mejorado y ha quedado acreditada la contribución muy negativa que han desempeñado en este contexto los supervisores y las ins­tituciones financieras, no solo las cajas de ahorro insolventes, sino también de la llamada banca sana, especialmente la que ha liderado y ha venido marcando el paso del sistema banca­rio y que, sin coste administrativo, civil o penal alguno, ha des­empeñado un papel extraordinariamente relevante en la des­trucción del ahorro popular.

La ceguera de los poderes públicos frente a los ele­mentos criminales del sistema no ha cambiado

En 2013, el Banco de España (BdE) fue acusado, en un infor­me de sus inspectores, de mirar para otro lado ante los indicios de criminalidad. La ceguera de los poderes públicos frente a los ele­mentos criminales del sistema no ha cambiado a día de hoy. La Audiencia Nacional, el 17 de diciembre de 2013, basándose en dos mini-informes, uno del Ministerio Fiscal y otro de la Comi­sión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), prohibió, en el caso Bankia, la investigación de los "cases de operaciones" y con ello ha respaldado el fraude piramidal de las participaciones preferentes y deuda subordinada que ha durado más de doce años.

Nada que ver con lo sucedido en EEUU con otro tristemente famoso fraude piramidal. En el caso Madoff, la Securities and Ex­change Commission (SEC) hace una autocrítica basada en la re­visión de sus actuaciones y documentos entre 1992 y el año 2009 (revisa 3.700.000 correos electrónicos, requiere la intervención de los mejores expertos en fraudes piramidales y en la reconstruc­ción de correos electrónicos, consigue 140 testimonios y celebra 122 interrogatorios).

Opinión

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Basándose en ambos mini-informes, la Audiencia Nacional despachó el asunto del fraude piramidal en dos folios manejando una información imprecisa, incierta, incompleta, poco fiable, par­cialmente verdadera y poco posible que me parece propia de una especie de lógica borrosa, según la definición de Zadeh, e igno­ra principios, paradigmas, hipótesis básicas de la economía finan­ciera, de la economía bancaria y de la contabilidad de nuestro tiempo.

Sin embargo, la Audiencia ordenó en 2013 investigar si para paliar, retrasar u ocultar de alguna manera su deterioro financiero, las entidades querelladas, además de otras estrategias, uti­lizaron la emisión de participaciones preferentes como una manera de captar activos y disfrazar la situación de insolvencia en la que se encontraban.

Esta investigación ya se había realizado y había finalizado en 2012. De la investigación resultó que los emisores insolventes tenían un valor liquidativo negativo de 114.013 millones de euros, lo que sirvió (ver para creer) para que, con el concurso del FROB (juez y parte), los emisores insolventes se apropiaran de 5.018 millones de euros de sus propias víctimas. Una es­pecie de causa general invertida contra el ahorro popular, y una aberración jurídica, financiera y política muy difícil de superar.

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Esto no puede seguir así. Nuestros jueces y tribunales no deberían dar cobertura y legitimar el expolio de los ciudada­nos, desentendiéndose de la realidad social y económica de nuestro tiempo. Pero no cabe esperar lo que la Audiencia Nacional por ámbito competencial y por insuficiencia de medios y conocimientos no está en disposición de proporcionar y que necesitamos urgentemente. Regenerar nuestro sistema financiero inundado de prepotencia, ineficacia, sobresueldos y cláusulas abusivas.

El auto de la Audiencia Nacional en el que se manda investigar a la cúpula del BdE y de la CNMV me parece tardío e insuficiente. No debería ser necesario recordar que nuestro sistema bancario no era "el más sólido del mundo", menos aún el "mejor supervisado" y ya no digamos el "mejor reestructurado". Tuvo que solicitar ayuda financiera que se con­dicionó a un diagnóstico de un consultor externo, bajo la supervi­sión de las autoridades internacionales, y a una mejora de la su­pervisión y de la regulación protectora de los inversores. Nuestras autoridades (Gobierno, FROB, BdE y CNMV), el sistema ban­cario y sus auditores habían ocultado la insolvencia de los bancos integrados, con el apoyo del FROB y la bendición del BdE, por los emisores insolventes de "participaciones preferentes" y deuda subordinada. El Gobierno y el BdE utilizaron los preámbulos de los Reales Decretos de 2009, 2010 y 2011 y los Informes de Esta­bilidad para presumir de la solvencia del sistema bancario y de la calidad máxima de la reestructuración realizada. Los Reales De­cretos de 2012 y las pruebas de resistencia (en realidad diagnósti­cos) probaron la insolvencia de buena parte del sistema bancario.

Hasta el 28 de septiembre de 2012 no se tuvo un diagnóstico sobre la salud de los activos de cada uno los bancos y de sus necesidades de capital

Aunque parezca increíble, hasta el 28 de septiembre de 2012 no se tuvo en nuestro país, que se desangraba por la prima de riesgo, un diagnóstico sobre la salud de los activos de cada uno los bancos españoles y de sus necesidades de capital. Los accionistas y clientes minoristas de la red de sucursales de los emisores insolventes no fueron informados de la insolvencia hasta 2013. Es decir, que se les informó de la insolvencia des­pués de seis años de la crisis.

En cualquier caso, lo importante es la regeneración de las infraestructuras dañadas de nuestro sistema financiero y la asunción de responsabilidades políticas basadas en investigaciones serias y en la abundancia de datos disponibles. En la Government Accountability Office (GAO), que es una agencia independiente del poder legislativo dentro del Gobierno de los Estados Unidos, y que apoya en sus investigaciones al Congreso, se encuentran disponibles 1.446 informes sobre el sistema financiero y sus instituciones, 258 relativos a quiebras de bancos. Según informa la GAO tiene una plantilla de 3.100 empleados y un presupuesto de 567 millones de dólares. Nuestro Tribunal de Cuentas tuvo en el ejercicio 2016 un presupuesto de 63 millones de euros y tiene disponibles dos informes sobre el rescate financiero. Ya sé qué es comparar lo incomparable pero, seamos serios, ¿cuándo vamos a contar con instituciones independientes que permitan informaciones e investigaciones serias y que eviten catástrofes futuras?, ¿cuáles van a ser los objetivos de la comisión parlamentaria y con qué apoyos va a contar?