Incompatibilidad parlamentaria
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Incompatibilidad parlamentaria

La propuesta del PSOE es bien sencilla: los diputados que quieren la compatibilidad deberán comparecer ante una comisión y que ésta pueda hacer un seguimiento real de sus actividades

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Pleno del Congreso de los Diputados. (EFE)

El PSOE ha logrado un éxito en el control de las actividades de los diputados y diputadas. Este pasado jueves estaba previsto el debate y aprobación, con el voto en contra del Grupo Socialista, del dictamen que autorizaba las actividades extraparlamentarias de más de una treintena de señorías. Finalmente, ha quedado pospuesto. Sabían los grupos favorables a mantener esas actividades, PP, Podemos, Ciudadanos, entre otros, que el coste político sería muy alto, pese a las peregrinas justificaciones que hemos escuchado de algunas de los afectados, sobre todo, aquellos que se proclaman como representantes de la nueva política, los cuales, cuando llega el momento de la reforma de las normas internas de autorregulación de las Cortes, se alían con los inmovilistas.

Los adalides de la nueva política cargan contra las puertas giratorias, pero esta vez no cuela. Quieren que la puerta giratoria sea la del propio Congreso

Este debate de las compatibilidades de los diputados y diputadas viene de largo. Algunos hemos defendido dentro y fuera de nuestro grupo que la labor parlamentaria debe ser exclusiva bajo la máxima de 'un diputado, un sueldo'. ¿Por qué? Primer argumento: los diputados tenemos que dedicarnos a ser diputados en cuerpo y alma, un ejercicio político que aúna la labor en la sede parlamentaria y la relación con la ciudadanía, en nuestras circunscripciones y en todo el país, de manera transversal para que los asuntos de la calle entren en la agenda parlamentaria.

No hay un manual de su perfecta señoría, pero ya sabemos al menos qué no está dentro de una labor parlamentaria digna y decente: usar el puesto para tener un acceso privilegiado al Gobierno, asesorar a empresas en sectores estratégicos cuya regulación depende del Parlamento, intermediar ante países extranjeros y cobrar por ello, con el amparo del informe del Congreso. Eso me lleva a concluir el segundo de los argumentos: con independencia de la exclusividad en la dedicación al mandato de defender el interés general, que daría para otro artículo, la compatibilidad de la representación política con actividades económicas privadas no tiene ninguna justificación sostenible ante la ciudadanía en términos de calidad democrática. Las propias leyes así lo marcan, aunque abren una puerta trasera que deja en manos del propio Congreso la autorización de actividades extraparlamentarias, remuneradas o no, y que ha significado una falta real de control y rendición de cuentas de esas actividades.

Quieren estar a la vez dentro y fuera: votar en el Congreso y hacer encuestas en sus consultoras, por ejemplo. Todo ello sin rendir cuentas

Los adalides de la nueva política cargan contra las puertas giratorias, pero esta vez no cuela. Defienden esa puerta trasera para seguir haciendo lo que hacían antes de entrar en el Parlamento. Quieren estar a la vez dentro y fuera: votar en el Congreso y hacer encuestas en sus consultoras, por ejemplo, todo ello sin rendir cuentas. La puerta giratoria está, pues, en el propio Congreso de los Diputados. Ya no hace falta dejar el escaño para asesorar empresas como abogado, dirigir productoras televisivas o trabajos de campo sociológicos, presentar programas, por citar algunos casos.

El debate no es la producción intelectual o científica de los diputados y diputadas (compartir conocimiento en artículos, libros, clases universitarias o seminarios) o su participación en tertulias y programas (incluso siendo su presentador, como en el caso de Pablo Iglesias), asumiendo así la existencia de un parlamento catódico sustitutivo a veces del de piedra y mármol, sino comprometernos con un cambio inaplazable: un verdadero control para que no se repitan los casos de Vicente Martínez-Pujalte, Pedro Gómez de la Serna o Gustavo de Arístegui. Hasta hoy, solo el PSOE defiende ese control. La propuesta del PSOE es bien sencilla: los diputados que quieren la compatibilidad deberán comparecer ante una comisión y que ésta pueda hacer un seguimiento real de sus actividades. No puede volver a ocurrir que un diputado exprese por escrito que realizará actividades de consultoría, el Congreso lo respalde en un informe y éste sea después usado como argumento para justificar un uso corrupto de su posición parlamentaria y política.

Los socialistas hemos logrado que el informe de compatibilidades vuelva a los corrales. Propondremos una reforma del reglamento para que sea posible que los diputados participen al debate público en los medios y contribuyan a la democracia deliberativa que todos queremos, pero con un férreo control, con transparencia y rendición de cuentas y sin sobresueldos. Estamos cumpliendo con nuestras propuestas de regeneración política para reforzar nuestra democracia. ¿Qué hará el resto de grupos políticos?

*Miguel Ángel Heredia Díaz es secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados y secretario provincial del PSOE de Málaga.

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