El servicio exterior, una mancha en la solapa del impecable traje de nuestra historia

Washington, Bruselas, Luanda, Bangkok… Nombres de ciudades que para un diplomático suenan a centros de poder o destinos bien pagados en los que jubilarse. Por desgracia, para los trabajadores del servicio exterior y los sindicatos, tienen otros significados como nepotismo, abuso, depresión, acoso, maltrato, amenazas… Y, para el contribuyente, para el 'tax payer' (concepto cuasi sagrado en cualquier sociedad anglosajona), son sinónimo de despilfarro, mala gestión, falta de profesionalidad o, sencillamente, dejadez. Son estos lugares los que por denuncias de la prensa conocen los ciudadanos y los poderes públicos, pero lamentablemente no son los únicos en el servicio exterior español.

Dijo el exministro García-Margallo, tras su cese, que había faltado en su gestión una reforma profunda del ministerio; si lo dijo, es porque durante su mandato vio que tan esperada reforma era necesaria, imprescindible, que diría él mismo; sin embargo, tampoco la afrontó. No tuvo tiempo de hacerlo o tampoco lo dejaron.

Con más de 7.000 efectivos, de los cuales casi 1.200 pertenecen a la carrera diplomática, 220 representaciones entre embajadas y consulados, y un presupuesto nada desdeñable para cooperación o cultura gestionado desde la Aecid y el Instituto Cervantes, que dependen orgánica y funcionalmente del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el servicio exterior debería constituir la punta de lanza, el pie de playa, un baluarte de la imagen del país, de la marca España. Sin embargo, los innumerables casos que, como los señalados, se extienden a lo largo y ancho de nuestra presencia en el mundo oscurecen y difuminan el esfuerzo de nuestras empresas, emprendedores, científicos, ingenieros, deportistas, trabajadores, que gozan de un reconocimiento sin igual allí donde se presentan.

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Con salarios de miles de euros y un poder casi infinito para nombrar y destituir funcionarios y algunos trabajadores, el reglamento de la carrera diplomática deja escaso margen al nepotismo que rige para otros cuerpos de la Administración, y un corporativismo rancio, añejo, más propio del franquismo que de una democracia plena, oculta y tapa casos flagrantes de mala práctica profesional y de corruptelas. Así, el servicio exterior se ha convertido en una mancha en la solapa del impecable traje de nuestra historia, de nuestro esfuerzo diario por modernizar un país que nos encontramos, tras la muerte de Franco, con un atraso de más de 300 años.

Hemos conseguido grandes avances en la modernización de la Administración y en protección social; qué decir de la sanidad o de la educación. Sin embargo, en la materia que nos ocupa, a veces tenemos la sensación de que hemos corrido hacia atrás, como los cangrejos.

Ha sido tras la aprobación de la Ley del Servicio Exterior cuando los casos de nepotismo y mala gestión han sido paradigmáticos. Durante este tiempo, se han nombrado más amigos que nunca, se ha destituido a excelentes profesionales y se ha huido de los representantes sindicales como si de la peste se tratara. Durante este periodo, la inacción y la despreocupación por la gestión diaria y por los problemas que afectan al funcionamiento del servicio se consideran paradigma de lo expuesto en esta tribuna. Pero todos, todos los directivos de esta nefasta etapa serán, a todas luces, resarcidos también con una embajada; es, en definitiva, para lo que sirven los puestos directivos en el ministerio, para pasar el desierto, el mal trago de pasar de cobrar 15.000 euros a 3.000 a la espera de una segura embajada. Para que no haya duda, el propio reglamento de la carrera diplomática, impugnado, deja claro que para ser embajador es preciso haber sido antes directivo en la Administración en cualquiera de sus formas. Nada hace referencia al conocimiento del país en el que se le va a nombrar a uno, a la formación específica, a la experiencia (no confundir con antigüedad)…

Excelentes profesionales para la elaboración de informes y el asesoramiento histórico, político o cultural carecen de la formación y el interés necesario para la gestión administrativa (siete temas genéricos componen el temario de la oposición para esta materia), económica (muchos confunden debe con haber y solo les interesa el saldo) o de personal. A la difícil y engorrosa tarea de cuadrar presupuestos, ajustar a la ley las compras de bienes y servicios, mantener al día inventarios, cumplir la legislación laboral, elaborar expedientes de nacionalidad, etc., que están bajo su responsabilidad, aun firmando cualquier documento que se les presente sin apenas leer, le dedican apenas minutos.

Desde el franquismo, han sido los diplomáticos quienes han reservado para sí mismos los puestos consulares

Ya en los años sesenta, se firmaron dos tratados internacionales en Viena, uno relativo a las relaciones diplomáticas y otro a las relaciones consulares, que regulaban estas dos por separado. La razón es simple: tienen naturaleza muy distinta. Mientras la primera se enfoca en asuntos políticos entre gobiernos, la segunda se refiere a la naturaleza administrativa y se centra en la colonia de un Estado en el exterior. Parece razonable que se atienda mejor a la función diplomática y a la consular con profesionales especializados en relaciones internacionales por un lado y en derecho por otro. Esta lógica nunca ha funcionado en el MAEC, donde desde el franquismo han sido los diplomáticos quienes han reservado para sí mismos los puestos consulares, en los que se han ocupado de labores como la expedición de visados, el Registro Civil y la representación de España en el destino.

Revisando el temario de las últimas oposiciones de la carrera diplomática, solo 30 de los 200 temas están relacionados de algún modo con la función consular. Se presenta la duda de si la Administración no cuenta con profesionales más aptos para este puesto. La Convención de Viena no reserva a los diplomáticos el derecho a ser cónsul, sino que abre esta categoría a cualquiera, incluso se permite que un cónsul pueda realizar actos diplomáticos en determinadas circunstancias. Resulta llamativo que hoy en día haya diplomáticos que hagan las veces de notario en los consulados de España en el extranjero. Se resalta así la falta de seriedad y responsabilidad del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, pues una persona con apenas formación en derecho civil está autorizando un documento tan trascendente como puede ser un testamento o un poder general, con una seguridad jurídica escasa. Los diplomáticos se han reservado puestos que no les corresponderían de acuerdo con criterios de especialización y meritocracia. Obviamente, esto se traduce en más puestos que ocupar en el exterior, con la categoría, el salario y los privilegios que suponen tanto para ellos como para sus familias. Además, cubrir todos los consulados con diplomáticos supone convocar oposiciones con más plazas a las que solo acabarán accediendo los pocos que puedan permitírselo y que tengan el asesoramiento debido. El resultado final es un ministerio, un servicio público, controlado por un gremio endogámico de diplomáticos.

La última legislación no lo arregla

La última Ley de Acción y Servicio Exterior del Estado, aprobada, y no desarrollada, en 2014 por el Gobierno de Rajoy e incumplida, parece estar hecha por y para diplomáticos. Sigue obviando la separación natural entre la función consular y la diplomática, regula con vaguedad el funcionamiento de las oficinas consulares y las coloca bajo la dirección de un diplomático, sin especificar los requisitos y la formación necesarios que un cónsul debe reunir. La solución para acabar con la disfunción continuada del servicio exterior español pasa por una mayor especialización y por la apertura de la gestión del propio ministerio, de las embajadas y los consulados a más profesionales, lo que acabaría con el monopolio de una élite mal preparada para prestar esos servicios.

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Pese a la Ley de Transparencia, las embajadas y los consulados siguen estando alejados del control ciudadano. Aunque se hayan publicado los sueldos de los funcionarios, no son los reales, pues falta la aplicación de los módulos retributivos —grueso del salario realmente percibido— y siguen sin estar a disposición del público los datos sobre el personal local contratado por cada embajada y consulado.

Hay que terminar exigiendo una urgente y profunda reforma del servicio exterior, que contemple una mayor implicación del resto del Estado en su gestión y funcionamiento, con una política de nombramientos y acceso compartida con otros departamentos, como Hacienda y Administraciones Públicas; hay que abrir un registro oficial de preparadores de oposiciones al cuerpo diplomático (también a otros cuerpos de la Administración) en el que consten los nombres de los alumnos y las tarifas que pagan; hay que introducir test psicotécnicos y psicológicos para el acceso a la carrera diplomática y evaluar periódicamente los conocimientos y habilidades para el desempeño de la función encomendada; hay que regular los derechos y deberes de los trabajadores contratados locales; hay que introducir mecanismos de información y denuncia, si es preciso anónima, como en cualquier empresa socialmente responsable. Es necesario hacer una valoración del desempeño del puesto por parte de compañeros y subordinados; hay que acabar con privilegios no relacionados con el servicio, como conductores, el uso de trabajadores como asistentes personales (se les obliga a comprar billetes de avión, reservar vuelos u hoteles, recoger a familiares y amigos en los aeropuertos y pasearlos por el país, pintarles la casa o traducir revistas de pesca locales, entre otras cosas, y se les paga, a lo sumo, con una caja de barquillos para los niños); hay que exigir los justificantes de los gastos de instalación (8-10% de la retribución bruta anual) y situar exactamente la cantidad justificada destinando estos gastos a su verdadero fin. Hay que descontar del módulo retributivo la cantidad percibida por el alquiler de la vivienda de España si este se produjera. En definitiva, hay que acabar con privilegios de casta impropios de un país moderno y desarrollado.

El ciudadano como base

Hay que crear una comisión parlamentaria que escuche a ciudadanos, trabajadores, diplomáticos, funcionarios y expertos, y que haga que sus opiniones sean la base de la modernización de un servicio imprescindible para la mejora de nuestra imagen en el exterior y la atención a nuestros compatriotas, y que nos sintamos orgullosos de qué hacemos, para qué lo hacemos y para quién lo hacemos.

Quiero rendir homenaje también a la impecable y abnegada dedicación de muchos diplomáticos con los que he compartido momentos difíciles y a los que considero compañeros y amigos, ellos saben quiénes son, y especialmente a aquellos con los que compartí la evacuación de los españoles en la guerra del Líbano de 2006 desde Chipre a Viena, Roma, Londres o París, y cuya dedicación al servicio y a los españoles admiro. He sido advertido por diplomáticos, funcionarios, compañeros de trabajo, sindicalistas, de las consecuencias de esta tribuna: "Te van a cesar", "No vas a volver a salir al exterior"… Si llegamos a ese puente, ya cruzaremos ese río.

*Pedro Díaz Chavero es canciller en el consulado de España en Jerusalén. Posee la Cruz de Oficial de Isabel la Católica y es presidente de AFDE (Asociación de Funcionarios Destinados en el Exterior).