Cien días de política antiambiental de Trump

En la campaña electoral, el candidato Donald Trump ya avisó de lo que iba a hacer en el área ambiental. Poca gente creía que al final lo iba a llevar a cabo. Los expertos creían que, cuando tuviera los datos y los informes de los mejores técnicos y científicos del mundo sobre la mesa, daría marcha atrás. Pero sí, efectivamente lo ha hecho, y con solo 100 días ya se pueden ver 'resultados'. Trump, el Congreso y su administración están haciendo un esfuerzo considerable para desmontar la política ambiental de décadas en tan solo unos días.

Ha conseguido el retroceso de las normas para combatir el cambio climático y las protecciones ambientales que afectan a los límites de las emisiones de las plantas de energía, a la contaminación del aire, el agua, la biodiversidad o el suelo, llegando incluso a recortar los fondos para la investigación científica que afecta al seguimiento del cambio climático. Combinando medidas presupuestarias, cambios de leyes y acciones ejecutivas, los esfuerzos superan cualquier cosa vista en los gobiernos de Reagan o George W. Bush, dos presidencias también escépticas sobre el medio ambiente.

Repasemos los hechos de estos primeros 100 días de Trump:

Trump ha realizado un recorte del 31% en la Agencia de Protección Ambiental (EPA, en inglés, Environmental Protection Agency), que eliminaría a una cuarta parte del personal y ahorraría 2.600 millones de dólares, devolviendo el presupuesto de la agencia a los niveles de la era de 1970, mientras ha propuesto un aumento de 54.000 millones de dólares en gastos militares. Algunos de los proyectos cancelados en estos 100 días son los siguientes:

• Restauración de humedales para la Bahía de San Francisco, los Grandes Lagos, la Bahía de Chesapeake, Puget Sound y el sur de la Florida. (427 M$)
• Subvenciones de contaminación de fuentes no puntuales para abordar la escorrentía agrícola. (165 M$)
• Programa de Protección del Clima, incluyendo la etiqueta de eficiencia voluntaria de Energy Star para electrodomésticos. (70 M$)
• El Programa Nacional de Estuarios, que ayuda a Morro Bay y San Francisco Bay a conservar esos ecosistemas. (20,5 M$)
• Investigación sobre el cambio climático realizada en coordinación con el programa de investigación sobre el cambio global de los Estados Unidos. (19,4 M$)
• La ciencia para lograr resultados: subvenciones para la investigación universitaria sobre problemas ambientales. (10,6 M$)
• Programa de interruptores endocrinos, que examina y prueba sustancias químicas que dañan la vida silvestre y perturban el crecimiento de los niños. (6 M$)
• Subvenciones de almacenamiento subterráneo. La EPA dice que 561.000 de estos tanques almacenan petróleo u otras sustancias peligrosas, lo que representa su mayor amenaza a la contaminación del agua potable. (1,5 M$)
• No elimina, sino reduce en un 80%, o 542 M$, la Junta de Asesoramiento Científico de la agencia "para reflejar un número menor anticipado de revisiones por pares".

La solicitud de presupuesto de Trump terminaría varias misiones clave en la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio, tales como el PACE, un programa de monitoreo de los océanos, el Orbiting Carbon Observatory-3, un satélite en desarrollo para estudiar la distribución del dióxido de carbono en la Tierra y el CLARREO Pathfinder que mide el calor en la atmósfera. También anularía 250 M$ en programas de la Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica que apoyan la gestión y la investigación costeras y marinas, incluyendo el programa Sea Grants.

Pero el problema no es solo que deje de gastarse dinero en determinados programas científicos de seguimiento del cambio climático o de restauración ecológica sino el autorizar determinados proyectos o el cambio de legislación en varios sectores clave para el medio ambiente. Tales como:

• El Oleoducto XXL Keystone y Dakota Access (24 de enero). Estos dos oleoductos contemplan objeciones de ambientalistas y las poblaciones indígenas. Aparte de los impactos ambientales, por supuesto fomentarán el uso de combustibles fósiles.
• La Derogación reglamentaria de dos por uno (30 de enero). Ordena a las agencias federales que deroguen dos reglas para cada nueva y obliga a que todos los nuevos costos regulatorios este año sean iguales a cero. Public Citizen, el Consejo de Defensa de Recursos Naturales y los Trabajadores de Comunicaciones de América alegaron ya que la orden podría requerir que el gobierno levante las prohibiciones de plomo o amianto.
• El aumento de la rapidez en las aprobaciones para infraestructuras (24 de enero). Consiste en acelerar las aprobaciones de proyectos de infraestructura en todo el país "utilizando todos los medios necesarios y adecuados." Los críticos temen que la orden llevará a la construcción sin revisión ambiental adecuada.
• Posponer la consideración de las normas de 2012 que exigen restringir a las empresas de energía las emisiones de contaminantes (18 de abril). Solicitud a un tribunal federal de apelaciones en Washington.
• Ordena la revisión de una regla de la era de Obama que amplió la protección de pequeños cuerpos de agua, afluentes y humedales (24 de febrero). La acción podría facilitar la contaminación en los humedales y cerca de arroyos.
• Programa de reformas (24 de febrero). Ordena a las agencias federales eliminar las reglas que inhiben la creación de empleo, porque resultan "obsoletas, innecesarias o ineficaces" o "imponen costos que exceden los beneficios".
• Economía de combustible (15 de marzo). De los estándares que limitan las emisiones de gases de efecto invernadero de los coches para los años 2022 a 2025. Se piensa revisar las normas de eficiencia de combustible del vehículo, siendo hasta ahora un eje de la política federal de clima el determinar los estándares de vehículos siendo ésta una de las fuente más importantes de emisiones de los EEUU.
• Termina el cálculo del costo social del carbono, lo que hace más difícil escribir nuevas reglas para limitar las emisiones. Detiene las acciones federales para prepararse para el cambio climático. Levanta la moratoria sobre nuevos yacimientos de carbón en tierras federales.
• El muro con México (25 de enero). Pendiente de conseguir la financiación que hasta ahora no se ha conseguido en el Congreso, consiste en la realización del muro a lo largo de la frontera sur con México, que por supuesto fragmentaría los ecosistemas y crearía barreras para el movimiento de las especies. También cruzaría el Órgano Pipe Cactus National Monument y Big Bend National Park.

También han sido muy significativos los cambios legislativos en el tema de la conservación de la naturaleza. El ataque de Trump a los Parques Nacionales y Monumentos puede determinar que millones de hectáreas protegidas podrían ver eliminadas las protecciones de los parques nacionales y las tierras públicas. Por una parte, estaría la derogación de la histórica ley de refugios de Alaska que permite la caza de osos y lobos todo el año, cachorros y hembras, incluso en periodos de hibernación. Por otra, la orden revisará las designaciones de 'monumentos anteriores' y 'sugeriría cambios legislativos o modificaciones' que podrían revocar la designación de millones de acres de tierra y aguas que han sido protegidos bajo la Ley de Antigüedades. La 'revisión' de la Administración concluirá que hay demasiada tierra pública protegida en el país.

Con sus medidas presupuestarias, cambios de leyes y acciones ejecutivas, los esfuerzos superan lo visto en gobiernos de Reagan o George W. Bush

La plataforma del Partido Republicano llamó a entregar tierras públicas a los estados y, como candidato, Donald Trump dijo repetidamente que “necesitamos perforar y buscar más combustibles fósiles” en los Estados Unidos. La Ley de Antigüedades fue la que determinó la protección como Parque Nacional del Gran Cañón, Acadia o los Grandes Tetons. Esta ley de 1906 permite a los presidentes proteger las áreas de significativo patrimonio natural y cultural como monumentos nacionales. Ha sido utilizado por casi cada presidente desde su paso y casi la mitad de los parques nacionales del país fueron protegidos originalmente como monumentos nacionales. Los presidentes de ambos partidos han utilizado la Ley de Antigüedades para proteger la historia de Estados Unidos y su patrimonio durante más de cien años. Y funciona como un contrapoder a diferentes opiniones en el Congreso y hasta ahora nunca se habita tocado.

La visita a los parques nacionales tuvo un máximo histórico, en 2016, con 331 millones de visitas. Los parques nacionales y las tierras públicas son una parte crítica de la economía de la nación, especialmente para las comunidades rurales y occidentales. Un estudio realizado por Headwaters Economics encontró que las regiones que rodean los monumentos nacionales han visto un crecimiento continuo o mejoramiento en el empleo, ingresos personales y aumento en el ingreso per cápita. La orden cubrirá cualquier monumento designado en los últimos 21 años, dejando más de 50 monumentos nacionales vulnerables a la eliminación, a los cambios en los límites de las fronteras o a cambios en las restricciones económicas impuestas.

En resumen, desmantelamiento en muy poco tiempo de la política ambiental y de conservación, incluso de superficies ya declaradas como protegidas, que tiene una larga trayectoria en Estados Unidos, con disminuciones de presupuestos, de personal de vigilancia e inspección y derogaciones de medidas restrictivas que eran referencia para todo el mundo. Queda por dilucidar qué hará Trump con el Acuerdo de París sobre cambio climático, decisión que conoceremos en unas semanas.

Y mientras tanto en España ¿qué?

La pregunta inmediata es si es comparable con España. Bien, el tema es complejo y no tiene respuestas sencillas, sobre todo porque aquí la política ambiental y de conservación es mucho más reciente y mucho más limitada en cuanto a control ambiental, inspecciones, etc. Cualquier ecólogo o conservacionista estará dispuesto a firmar los sistemas de inspección y la seriedad de la política ambiental de USA, la Clean Air Act o el Fish and Wildlife Service, único y homogéneo para todo el territorio de Estados Unidos. Sí que tenemos espacios protegidos desde hace 100 años, idea importada de allí por cierto, con uso restrictivo en ellos. Pero en algunos, como por ejemplo en Picos de Europa, todavía se permite cazar. U Ordesa, donde en 1970 (¡!) se extinguió el bucardo, una cabra pirenaica, cuya conservación era en principio la finalidad de la declaración del parque.

O se siguen cazando o permitiendo cazar lobos de una forma indiscriminada (¡incuso en algunos de esos santuarios!). Pero la clave para saber lo que hacen los políticos es analizar los Presupuestos Generales del Estado, no lo que dicen. En concreto, en 2017 respecto a 2016 nos encontramos que los recortes han sido muy considerables y más si se compara con un año post-crisis como el 2011, pero de otros gobiernos los recortes han sido brutales. Este año de 2017 respecto a 2016, el recorte en el tema de parques nacionales ha sido de 11 millones de euros (M€), pasando de 44 a 33 (mientras el dato de 2011 era de 94 M€).

En el conjunto de medio natural ha pasado de 197 M€ a 170 M€ (siendo el dato de 2011 de 225 M€, o en protección y mejora del medio natural de 18,5 M€ a 16,5 M€ (siendo en 2011 de 30M€). En cambio climático se ha pasado de 51 M€ a 27 M€ (siendo el dato de 2011 de 105 M€), es decir, el recorte ha sido de un 45% en las partidas para la lucha contra el cambio climático cuando acaba de firmarse el Acuerdo de París y se decía que era una prioridad del gobierno. El programa de ordenación de recursos hídricos disminuye un 60% y el de gestión, también de recursos hídricos, un 12%, lo que equivale a un recorte de casi 230 M€.

En España ya llevamos años haciendo los recortes y las políticas de medio ambiente del señor Trump y no solo en medio ambiente

El programa de calidad del agua acumula un recorte de 26 millones, un 11% menos, pese a los expedientes contra España por la mala depuración de las aguas residuales y las multas que puede conllevar. El programa de actuación en costas se reduce en un 7%, lo que equivale a 6.763.000 euros menos de inversión. Es decir, aquí ya llevamos años haciendo los recortes y las políticas de medio ambiente del señor Trump y no solo en medio ambiente.

Estos hechos van directamente contra la gente, contra la ciencia, contra el futuro, contra los Objetivos de Desarrollo Sostenible y contra la agenda 2030 que han suscrito ambos gobiernos e implican directamente efectos sobre la salud de las personas por la peor calidad del aire, pérdidas en biodiversidad y conservación de especies y espacios, mayor vulnerabilidad en las costas y más incendios forestales. Esta política implica también gastos que serán superiores en el tiempo al no haberse acometido las inversiones que eran necesarias actualmente, como por ejemplo en adaptación al cambio climático.

En los próximos años seguiremos observando evidencias en cambio climático, en pérdida de biodiversidad, en forma de catástrofes naturales, de sequías, de riadas, etc., y veremos que hemos perdido un tiempo precioso. Estos políticos ya no estarán.

*Fernando Prieto es doctor en Ecología y director del Observatorio de Sostenibilidad