Hasta los abogados de Madrid tienen ya quien les defienda. Así lo comunicaba el pasado 9 de junio el Colegio de Abogados de Madrid en un mensaje enviado a todos los colegiados. Y se convocaba a la prensa y se colgaban grandes carteles en el exterior del edificio colegial, en plena calle Serrano, para que el ciudadano también lo supiera: se acababa de crear la figura del defensor del abogado.

Como en los de fútbol, el equipo de defensa estará formado por 11 personas (aunque sin delanteros ni centrales) y una 'app' (aplicación para móvil, si no es usted tan joven) que permitirá a los colegiados reportar en tiempo real, incluso mediante imágenes grabadas, las incidencias y malas prácticas que detecten en los juzgados. Con estos datos, el equipo crearía un 'ranking' de juzgados y tribunales que iría variando en función de cómo evolucionen estos y de cómo se comporten sus funcionarios con los letrados. (Se desconoce por el momento si habrá una sola división o, dado el gran número de juzgados, más de una; e, incluso, si habrá tribunales que compitan en categoría regional).

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Bromas aparte —y me refiero solo al contenido entre paréntesis, que todo lo demás es rigurosamente cierto—, en España tenemos defensores para todos los gustos: hay un defensor del consumidor, del contribuyente y del paciente; del asegurado, del funcionario y del cliente; del jubilado, del maestro y del televidente… Y ahora llega y nos rompe la rima el defensor del abogado. Podían haberlo llamado el defensor del ejerciente, caramba.

¿Y qué me dicen del administrado de Justicia? Si la Administración de Justicia funciona tan mal en España que hasta los propios abogados necesitan quien les defienda ante ella, ¿no sería conveniente crear la figura del defensor del administrado de Justicia?

Lo cierto es que las oficinas de atención ciudadana en los juzgados, ante las que se pueden interponer las quejas y reclamaciones por los incumplimientos de la Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Administración de Justicia (una bonita declaración aprobada por el pleno del Congreso de los Diputados por unanimidad en el año 2002, fruto del Pacto de Estado de la época para la Reforma de la Justicia), no han servido, como no podía esperarse otra cosa, sino como oficinas de información al público, pero no desde luego para dar cumplida respuesta al ciudadano ante la falta de agilidad y mal funcionamiento de la Administración de Justicia. Tampoco los miles de quejas que se interponen cada año por los citados incumplimientos han servido para nada.

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No es mi propósito dar ahora cuenta de los males endémicos que afectan a nuestra Administración de Justicia. Son de todos conocidos. La Justicia en España funciona mal y es lenta, fruto de la sobrecarga de trabajo en los juzgados, la falta de medios, una mala organización y unos procesos ineficaces y en muchos casos obsoletos. En estas circunstancias, es imposible que los jueces administren bien justicia, por más que se esfuercen. Un triunfo procesal tardío o infructuosamente ejecutado frustra las expectativas del litigante vencedor. En el mundo empresarial, con el que me identifico especialmente por mi trabajo, este mal funcionamiento no ayuda desde luego al desarrollo económico, pues la actividad de la empresa y el tráfico mercantil moderno exigen soluciones rápidas y eficaces a las que los juzgados y tribunales son incapaces de dar respuesta. La mala Administración de Justicia, en definitiva, tan solo beneficia a los 'malos'.

Y llegados a este punto, nos preguntamos: ¿hay remedio?

La única defensa posible de los intereses del ciudadano ante la Administración de Justicia es que esta funcione adecuadamente. Y aquí se plantean las dos cuestiones: ¿de quién depende que la Administración de Justicia funcione correctamente?, es decir, ¿quién tiene la responsabilidad última de ese buen funcionamiento?; y, en segundo lugar, ¿por qué no se mejora la Administración de Justicia? ¿Es que no se sabe, no se puede o no se quiere? Dicho de otro modo, ¿es una cuestión de incompetencia, de imposibilidad o de falta de voluntad?

La primera de las cuestiones tiene una respuesta clara. Es al Gobierno, y señaladamente al Ministerio de Justicia, a quien compete el buen funcionamiento de la Administración de Justicia.

La segunda pregunta, sin embargo, no tiene una contestación tan evidente. A mí se me ocurren varias. Pero sea cual sea la respuesta que se dé al interrogante planteado, asusta.

*Javier Goizueta es abogado y socio director de Vaciero, firma española de referencia en asesoramiento legal a empresas. Desde 1993 hasta 2014 ha sido abogado en Cuatrecasas, director en el área legal de KPMG, y 'general counsel' de Gamesa en Latinoamérica. Ha dado clase de Derecho Civil y Mercantil en diversas universidades y másteres jurídicos.