El 'Washington Post' publicó el pasado viernes 22 de septiembre un artículo de Carles Puigdemont muy meritorio: no había nada, absolutamente nada en él, que fuera verdad. Escribí al 'Post' para responder adecuadamente, pero no han mostrado interés en publicar la realidad de los hechos. Esto es lo que pretendía decir:

Puigdemont dice que Cataluña va a ejercer su derecho de autodeterminación el 1 de octubre. Ese derecho se aplica a antiguas colonias o regiones bajo un régimen dictatorial. No es el caso de Cataluña, donde se han celebrado más de 30 elecciones democráticas en 40 años. Puigdemont debería saberlo, ya que su partido ha ganado muchas de ellas. De hecho, es presidente de Cataluña de acuerdo con las normas de la democracia española.

Puigdemont justifica el referéndum porque los partidos independentistas ganaron las últimas elecciones autonómicas. Olvida decir que la Constitución española establece —como las de la inmensa mayoría de las democracias— que la soberanía reside en todos los ciudadanos del país, es decir: en todos los españoles. Dicho de otro modo, cuando habla de derecho a la autodeterminación, está hablando de arrebatar al conjunto de los españoles su derecho a decidir sobre el conjunto de su país. Tampoco menciona que su referéndum fue aprobado contra las reglas de su propio Parlamento autonómico, violando los derechos de la oposición e ignorando las resoluciones del Tribunal Constitucional de España, que lo ha declarado ilegal. Es justo llamarlo, por tanto, golpe de Estado.

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J.R

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No existe la represión autoritaria de la que habla Puigdemont. Jueces y policía están actuando para evitar que se produzca el referéndum ilegal. Él sabe que se está saltando las leyes y todavía se finge escandalizado cuando el Estado actúa. La respuesta está siendo muy adecuada. Si hay incidentes, se deben al acoso de los seguidores de Puigdemont a alcaldes, policías y ciudadanos que rechazan la independencia y el referéndum.

Cuando Puigdemont compara España con la Venezuela de Maduro, es imposible evitar la risa. Es él quien ha acallado a la oposición en el Parlamento autonómico de Cataluña. Es él quien ignora la Constitución y las leyes vigentes. Es él quien cuenta con el apoyo de la izquierda radical de corte chavista: la CUP. La alusión al atentado de Barcelona es especialmente repugnante. Desde el principio, los secesionistas manipularon el atentado a su favor. Convirtieron la manifestación posterior a los ataques en un acto contra el rey de España y contra el Gobierno. Insultaron así a la memoria de las víctimas. Sugerir que la policía española se olvida del yihadismo por actuar contra el golpe de Estado que está perpetrando resulta grotesco.

Los supuestos ataques a la libertad de expresión y a los derechos civiles por parte del Estado español no existen. Dado que el referéndum es ilegal, el Gobierno tiene la obligación de impedir que se lleve a cabo: por eso se han cerrado webs que lo anuncian y se han prohibido los 'spots'. Las recientes detenciones de cargos públicos se debieron al uso ilegal del censo para el referéndum. Si peligran los derechos y libertades de alguien, son los de los alcaldes que han anunciado que cumplirán la ley y no colaborarán en el referéndum ilegal: están sufriendo una campaña de acoso sin que reciban el apoyo ni la ayuda de Puigdemont.

Sobre los supuestos ataques a la libertad de expresión y a los derechos civiles: dado que el referéndum es ilegal, el Gobierno debe impedirlo

Hablar de estado de sitio en Cataluña, como hace Puigdemont, es insultar a la memoria de Sarajevo y de las verdaderas víctimas de un estado de sitio. El Gobierno ha tomado el control de las finanzas de Cataluña para evitar que se pague con dinero público un golpe de Estado, y cumplirá con todas las obligaciones de pago a los funcionarios y a los servicios públicos. Pretender otra cosa es mentir sobre cuestiones muy sensibles. Lo único que va a ocurrir es que, hasta que Puigdemont detenga su intento de golpe de Estado, ciertos pagos llegarán de una cuenta de la Administración central en lugar de desde la Administración regional. Es absurdo afirmar que esto afectará a la economía.

Puigdemont insiste en vincular la España actual con el dictador Franco. España es una democracia avanzada que ha otorgado a Cataluña uno de los niveles de autogobierno más elevados de todo el mundo. Fue uno de los acuerdos de la Transición, en el año 1978: una gran autonomía a cambio de lealtad constitucional. El Estado español ha cumplido su parte. Los secesionistas son los desleales.

Puigdemont y los suyos no dicen más que mentiras. No son mentiras inocentes: están cargadas de un supremacismo y una xenofobia contra el resto de españoles que, por desgracia, no se conocen bien fuera de nuestro país. Cuando dice que esto es una batalla entre la libertad y el autoritarismo, no puedo estar más de acuerdo. Solo que él representa el autoritarismo que pretende robar a todos los españoles el derecho a decidir sobre su propio país.

*Beatriz Becerra es vicepresidenta de la subcomisión de Derechos Humanos en el Parlamento Europeo y eurodiputada del Grupo de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa (ALDE).