El Ayuntamiento de la capital, con la alcaldesa Manuela Carmena al frente, ha reducido su deuda en 2.070 millones de euros desde 2015, lo que supone una disminución del 37%. En el mismo periodo la Comunidad de Madrid de Cristina Cifuentes la ha incrementado en 5.461 millones de euros, es decir, un 20% más que en junio de 2015. En definitiva, la Comunidad de Madrid en estos dos años acumula casi el 16% del incremento de endeudamiento del conjunto de comunidades autónomas mientras el Ayuntamiento era responsable del 96% de la reducción de deuda de las corporaciones locales con más de 300.000 habitantes.

Son datos del Banco de España, que acaba de publicar los datos de endeudamiento de las Administraciones Públicas correspondientes al segundo trimestre de 2017. Queda claramente de manifiesto la divergencia entre corporaciones locales y el resto de subsectores, porque, mientras que estas disminuyeron sus pasivos en 5.311 millones de euros –el 14%–, la administración central y comunidades autónomas siguieron incrementándola en 84.863 millones de euros, lo que supone más de un 8% de crecimiento.

Las Corporaciones Locales, que durante los años previos al estallido de la crisis tenían un exiguo déficit fiscal medio (-0,05% del PIB) entre 1999 y 2007, empeoraron durante la misma hasta el 0,8% del PIB en su momento más negativo, el año 2011. Sin embargo, la responsabilidad de las corporaciones locales en el sobreendeudamiento no es la que la gente suele comúnmente atribuir, dado que, en ese momento, el déficit del conjunto de las administraciones públicas alcanzó el 9,6% del PIB.

Al mismo tiempo que el Ayuntamiento reducía deuda, ha incrementado la inversión en la ciudad un 150% y el mal llamado gasto social en un 53%

Sin embargo, la aprobación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en 2012 puso en el punto de mira a los ayuntamientos como si estos fueran los responsables de la situación y estableció limitaciones absolutamente excesivas que vulneran la autonomía de las corporaciones locales consagrada en el artículo 140 de la Constitución. En concreto, el artículo 12 de la citada Ley que enuncia la conocida “regla de gasto” restringe brutalmente las políticas de las corporaciones locales. De hecho, en una situación de clara agudización de las tasas de exclusión social, que medidas según el AROPE de la última Encuesta de Condiciones de Vida alcanzan al 27,9% de la población, las administraciones públicas más cercanas a la gente reducen deuda sin poder abordar en toda su profundidad estas realidades.

Por eso no podemos considerar riguroso demonizar la deuda pública como instrumento de financiación del sector público. Todo depende para qué se use esta herramienta y si es para mejorar las políticas y servicios públicos no merecerá otra cosa que aplauso. Desgraciadamente no ha sido ese el objetivo perseguido por los gobiernos del Partido Popular que, si por algo se han caracterizado, es por disparar la deuda pública al tiempo que recortaban presupuestos, especialmente los dedicados al ámbito social. Desde que Rajoy es presidente, y solo han pasado cinco años y medio, la deuda pública se ha incrementado en 393 mil millones de euros, un 53% más. Y si de algo no podrá presumir es de haberlo hecho para mejorar la sanidad, la educación o las inversiones de este país.

Volvamos a Madrid, ejemplo claro de las diferentes alternativas de gobierno y es el que resulta de la comparación de las gestiones diametralmente opuestas que han llevado el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma.

La Comunidad de Madrid bonifica al 100% el impuesto sobre Patrimonio y les permite a los más acaudalados un ahorro cercano a los 700 millones

Al mismo tiempo que el Ayuntamiento reducía deuda, ha incrementado la inversión en la ciudad un 150% y el mal llamado gasto social en un 53%. La Comunidad engordaba su deuda mientras estancaba sus actuaciones y el recientemente cesado consejero de Sanidad aconsejaba abanicos ante las olas de calor en los colegios desatendidos.

Las políticas fiscales también son diferentes y no debemos olvidar que la Comunidad de Madrid, “paraíso fiscal” para los más ricos, bonifica al 100% el impuesto sobre Patrimonio y les permite a los más acaudalados un ahorro anual cercano a los 700 millones de euros. ¿Cómo lo financia la presidenta Cifuentes? Con más deuda que pagará el conjunto de la población los próximos años.

En las antípodas está la ciudad de Madrid, que ha reducido el IBI desde que Ahora Madrid gobierna, especialmente en los barrios más castigados por la crisis, y que únicamente ha incrementado el tipo de este impuesto a los inmuebles no residenciales de mayor valor catastral.

Está claro que hay dos formas de gobernar y de gestionar. La ciudad de Madrid, una de los exponentes del cambio político y la alternativa, tiene superávit, reduce deuda e incrementa el gasto y las políticas públicas. La Comunidad de Madrid tiene déficit e incrementa su deuda hasta superar trimestre a trimestre su récord histórico. Paradójicamente, es el Partido Popular el entusiasta defensor de la “estabilidad presupuestaria”. Vivir para ver.

Es fácil: ¿Quién lo está haciendo mejor? ¿Manuela o Cristina?

Carlos Sánchez Mato es concejal Delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid.