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El parche y la rueda

En el proceso penal español la justicia digital no va a funcionar nunca porque este proceso penal está desarrollado en una ley de 1882 y sus principios vienen definidos en otro contexto histórico

Foto: El ministro de Justicia, Rafael Catalá. (EFE)
El ministro de Justicia, Rafael Catalá. (EFE)

A vueltas con la justicia digital, con la necesidad de adaptar los tiempos y formas de la justicia a las nuevas tecnologías para agilizar la respuesta al ciudadano y ganar en las prestaciones de servicio público y eficacia. A vueltas como una rueda.

A vueltas con ello nos encontramos con que, una vez más, las imprevisiones del Ministerio de Justicia se topan con la realidad y los programas piloto en algunas fiscalías del denominado territorio Ministerio están a punto del colapso.

Tal es así, que en el último Consejo Fiscal, y en un acuerdo insólito —insólito porque lo firmó también el tristemente fallecido José Manuel Maza— se instó la paralización de la denominada 'justicia digital' en marcha porque simple y llanamente, sin entrar en complicadas y penosas explicaciones técnicas, no funciona.

El ministerio ha descuidado a la institución clave para el desarrollo de la justicia penal, tratando a los fiscales con un enorme desconocimiento

¿Y por qué no funciona?, ¿por qué lo que es capaz de implantarse en cualquier empresa, administración, organismo, no funciona en el ámbito de la justicia? No hay, como en toda cuestión compleja, una única respuesta. Pero quizá sea bueno que el lector pueda leer, antes de que desde el ministerio se nos acuse a los fiscales de este país de retrógrados o incapaces de adaptarnos a las nuevas tecnologías, un par de explicaciones de este extraño fenómeno.

No funciona, singularmente, porque está mal concebido, porque en muchas de las reformas solo se concibe la Justicia como algo que se ejerce en un juzgado, obviando que requiere la implicación y el funcionamiento atinado de muchos más intervinientes, colectivos, y como es el caso de los fiscales, también desde otras instituciones. Sin embargo, al tuntún, se han ido implantando en la justicia civil algunas maneras imperfectas de trabajo que incorporan nuevos sistemas informáticos o digitales.

Pero llegamos a la justicia penal y eso son palabras mayores. No funciona, a mi juicio, por dos razones. La primera, que puesto el acento en los juzgados, el ministerio, una vez más, ha descuidado a la institución clave para el desarrollo de la justicia penal, tratando a los fiscales con un enorme desconocimiento, con una miopía absoluta, como si fueran una "parte del proceso" y no como el órgano del Estado que tiene constitucionalmente encomendada la promoción de la Justicia por medio de órganos propios para cumplir funciones muy diversas. La consideración de la Fiscalía como una parte "privada" y contingente del proceso penal es un error recurrente entre quien no conoce los sistemas procesales e ignora la naturaleza de las instituciones.

Sustituir todos los trámites del entramado de equilibrios que es la ley de enjuiciamiento criminal va más allá de cambiar papel por pantallas

Pero en este artículo me gustaría ir un poco más allá. En realidad, a mi juicio, en el proceso penal español la justicia digital no va a funcionar nunca por una razón (la segunda) conceptual. El proceso penal español, nos hemos hartado de decirlo, es un vehículo, una oxidada y parcheada bicicleta vieja, desarrollado en una ley de 1882, ( sí, de hace dos siglos), y sus principios, postulados, intervención e incluso documentación del proceso vienen definidos en otro contexto histórico. Por ello, se prevé la intervención del fiscal partiendo siempre de un expediente físico y la presencia, también física del fiscal, en muchas fases del proceso. Es decir, la propia esencia del proceso, (que aunque le cueste entender a algunos es algo más que una sucesión de trámites), está concebido con unos presupuestos materiales que condicionan su desarrollo.

Sustituir todos los trámites del complejo entramado de equilibrios que es la ley de enjuiciamiento criminal es una labor difícil, que va más allá de cambiar papel por pantalla de ordenador, pues la ley está concebida como un sistema en el que el cumplimiento o no de sus requisitos procesales supone incidir en las garantías del justiciable o en propio ejercicio de la acción penal y que puede provocar, si la cadena está mal engrasada, impunidades o injusticias.

Como comprenderán, esto solo funciona en un sincronizado sistema procesal, contrastado y testado hasta la saciedad. Es como tener una bicicleta antigua, de las de antes, con las ruedas cuarteadas de tantos pinchazos y una cadena oxidada a la que le pusiéramos un motor eléctrico, seguro que con ella nos iríamos al suelo aunque supiéramos andar en bicicleta. La justicia penal necesita ir segura y veloz. Necesitamos una nueva.


Álvaro García es fiscal delegado de medio ambiente en Galicia y fue presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

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