Los populistas y los separatistas, conscientes de que la Corona en la actual arquitectura constitucional es, como escribe José A. Zarzalejos, un contrafuerte del sistema democrático, han emprendido contra la monarquía una particular cruzada de desprestigio y ataques con ocasión de los dos últimos mensajes de Felipe VI sobre el laberinto catalán. En su clara estrategia de invectivas a la figura del Rey —pura añagaza para presentar como alternativa salvadora y conveniente para los intereses de los españoles la forma de gobierno republicana—, censuran y critican, con argumentos transidos de demagogia, los discursos regios del 3 de octubre y 24 de diciembre.

Por el contrario, un experto en la materia, el profesor García Fernández, catedrático de Derecho Constitucional en la UCM, sostiene, con acierto, a nuestro juicio, que “no se hubiera entendido el silencio del monarca ante los hechos de Cataluña” ("La Corona y la Constitución", 'El País', 25.12.17), y añade con razón que el Rey ha hablado porque como jefe del Estado le corresponde “guardar y hacer guardar la Constitución” (61.1 CE) y ser “símbolo de la unidad del Estado” (57.1 CE).

Por tanto, a estas alturas de vida constitucional y democrática, en cuyo camino la monarquía parlamentaria ha probado su utilidad y su papel neutro y estabilizador del juego político español, se descubre que los ataques y críticas hacia la actual monarquía democrática son malintencionados y persiguen injustificadamente manchar la institución de la Corona por un partidismo sectario y ciego.

Se descubre que los ataques y críticas hacia la actual monarquía son malintencionados y persiguen manchar la institución de la Corona

Es así que algún gerifalte podemita, Pablo Echenique, ha hecho algunas afirmaciones y mantenido ciertas opiniones que ni son serias ni sólidas, como que la monarquía es una institución de otro tiempo; que la CE se aprobó bajo vigilancia militar; que no hace falta un Rey porque la Transición está hecha; que es una institución que sale cara al contribuyente, y, por último, la más insidiosa y venenosa de todas las que dedica al actual monarca: le culpa (como sucedió con Alfonso XIII) de mezclarse en la política partidista y adscribirse al programa de un concreto partido político, el Partido Popular. Todo ello debería demostrarlo el mefistofélico prohombre podemita.

Nos gustaría responder, por orden, a tan atrevidas opiniones del político populista, cuyas ganas sobre la monarquía parlamentaria no dejan lugar a dudas. El dato de que una institución sea 'de otro tiempo' no es determinante de su inutilidad. Los países europeos más avanzados, de mayor estabilidad política y prosperidad económica ciñen corona desde hace siglos. Las monarquías parlamentarias de países democráticos (Reino Unido, Suecia, Holanda, Noruega…), como el vino, ganan con los años si se saben conservar y respetar.

Es falso que el contenido de la Constitución de 1978 se redactara al dictado de los sables de entonces. Suárez no lo hubiera consentido

Es falso que el contenido de la Constitución de 1978 se redactara al dictado de los sables de entonces. El coraje político de Adolfo Suárez no lo hubiera consentido. Las Cortes de 1977-78 fueron enteramente libres para aprobar el contenido y la forma de la actual ley política. El fruto fue un texto jurídico-político avanzado, sumamente garantista, y con todas la bendiciones de la doctrina iuspublicista (constitucionalistas y administrativistas) de la época.

Peregrina es la argumentación de que “no nos hace falta ya un Rey porque se ha hecho la Transición”. Sostener ello equivale a ignorar que en el sistema constitucional español el Rey no es solo el titular de la Corona, sino que es —dato decisivo— el jefe del Estado. Lo de rey es su título, pero el cargo político que ostenta es jefe del Estado. En consecuencia, y es una perogrullada, un jefe de Estado siempre hace falta a un Estado. No puede prescindirse de él.

También es una cuestión batallona —y demagógica— alegar el costo de la Casa Real, pues la asignación que las Cortes aprueban (libre y anualmente) con cargo al Presupuesto del Estado no llega a ocho millones de euros. Debería avergonzarnos que sea la española la Casa Real que menos asignación recibe de todas. ¿Saldría gratis mantener la casa del presidente de la república? Desde luego, si percibiera el salario mínimo interprofesional, la república aventajaría a la actual monarquía.

Debería avergonzarnos que sea la española la Casa Real que menos asignación recibe. ¿Saldría gratis mantener la casa del presidente de la república?

De todas las perversas insinuaciones sobre la figura y trayectoria del rey Felipe VI, la más grave desde el punto de vista político-constitucional —y falsa— es aquella que pretende extender un manto de sospecha de partidismo y connivencia con algún partido político en concreto. Es la insidia que más daño puede hacer a la monarquía, según la contempla nuestra Constitución. Sin embargo, no hay ninguna base para sostener lo que es una maledicencia venenosa de antisistemas.

En consecuencia, la monarquía, ajustada a la CE como hasta ahora, es una institución útil y ventajosa para los españoles. Proporciona estabilidad y neutralidad ideológica. Evita tensiones políticas al estar alejada de la vida partidista, y asegura el futuro sin sobresaltos.

Si a su frente figura un titular como don Felipe, tenemos un jefe del Estado patriota, sin demagogia ni oportunismo, que integra y cohesiona a su país.

(*) José Torné-Dombidau y Jiménez es profesor titular de Derecho Administrativo UGR y presidente del Foro para la Concordia Civil.