Urge evitar una situación ex aequo en la Justicia española

'Ex aequo' es una locución latina que se utiliza en todo tipo de competición cuando dos ó más de los participantes han empatado en méritos y se les concede la misma distinción. Las profesiones jurídicas no son ajenas, por su propio origen histórico, al empleo de estos términos procedentes del derecho romano que aún siguen poblando nuestro foro y se introducen habitualmente en los dictámenes escritos, informes orales y las resoluciones judiciales.

Las promesas políticas y las iniciativas que les preceden también pueden llegar a convertirse en premios una vez que los buenos propósitos pasan a transformarse en resultados positivos que se puedan palpar por parte de sus receptores y el conjunto de la sociedad, que al final son el mejor jurado para concederles una distinción a través del reconocimiento de su trabajo.

Si tuviésemos que considerar, desde la óptica de la eficacia de la gestión del servicio público, las iniciativas que se iban a impulsar por el Ministerio de Justicia se produciría una situación ex quo en su comparación con las que se propusieron por otros Ministerios antecedentes en el puesto. Máxime cuando en lo que respecta al proceso de modernización de la Carrera Fiscal existe una situación de cierto consenso en el análisis de su diagnóstico, véanse las conclusiones del Libro Blanco de la Carrera Fiscal del 2013, y así nos lo han transmitido reiteradamente los distintos grupos políticos.

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En todo este contexto de promesas y de desafíos, al que se suma la reciente creación de la Fiscalía Europea por la que tanto ha apostado el Gobierno de España, el día 5 de diciembre del 2016 se anunciaba ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados un proyecto, en el que se desgranaba los distintos retos que debía afrontar la Estrategia Nacional de Justicia, en el que se volvía a poner el punto de atención en el papel protagonista que debía tener el Ministerio Fiscal como director de la fase de investigación de las causas penales, y que según estas promesas conllevarían el cambio al sistema penal acusatorio puro y el abandono por fin del acusatorio formal o mixto previsto en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal. En el centro de toda esta discusión se encontraba, como ya se había suscitado en el pasado más reciente, el tema recurrente de la independencia de los Fiscales frente a la intromisión del Ejecutivo y la necesidad de dotar al futuro Fiscal instructor de mayor autonomía operativa con una serie de garantías efectivas en su organización interna frente a ordenes e instrucciones incompatibles con su deontología profesional.

A lo largo de todo este año, desde altas instancias, se ha insistido reiteradamente en la inminencia de un proyecto que colocaba al Ministerio Fiscal en el centro de la reforma legislativa y en el que la transformación digital, piloto estrella, con su progresiva implantación en diversas partes del territorio nacional, era el primer paso para un Ministerio Fiscal del SXXI.

Como se puede observar, este primer intento ha suscitado numerosas protestas de las distintas Fiscalías afectadas e incluso por parte del Consejo Fiscal por su deficiente implantación y los continuos problemas técnicos acarreados que no contribuyen, en este momento de su ejecución, a una mejor prestación de un servicio público.

Este intento ha suscitado numerosas protestas de las distintas Fiscalías afectadas e incluso por parte del Consejo Fiscal por su deficiente implantación

Tampoco ayuda a calmar el interés de la Carrera Fiscal los diversos anuncios de una reforma de calado en la que no se da a conocer públicamente un texto o al menos un proyecto escrito que permita a todos los Fiscales y al conjunto de asociaciones profesionales que les representan colmar esta laguna de transparencia necesaria. No podemos olvidar, que toda reforma que afecte a la Carrera Fiscal pasa ineludiblemente por modificar su Estatuto Orgánico con rango de ley, dotarlo de un reglamento orgánico puesto que el vigente data del año 1969, dictar nuevos reglamentos que reordenen la plantilla para adaptarlo a la nueva situación despareciendo la obsoleta tercera categoría, modificar la vetusta Ley de Enjuiciamiento Criminal y, en su caso, según el modelo por el que se opte retocar la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Pues bien, es cierto que el Gobierno ha tenido que afrontar en estos últimos meses una situación intolerable de desafío secesionista, pero también lo es que esta situación excepcional no era tan imprevista y que no puede servir de cobertura para frenar la ejecución de programas necesarios para una mejor prestación del servicio público. Todo ello cuando el diálogo y el consenso con los grupos parlamentarios son valores que se han destacado en esta Estrategia Nacional de Justicia.

En cualquier caso, no puede cundir el desánimo, estamos a tiempo de añadir a la locución 'ex aequo' la et bono y cambiar su sentido al acuerdo con lo correcto y bueno como facultad para resolver los litigios con la solución más equitativa que se merece. Queda aún suficiente legislatura para transformar el modelo de instrucción penal y parece que desde el Ministerio y los profesionales del Derecho el análisis de situación está claro. Solo queda no perder la oportunidad de llevarlo a la práctica, como ya ocurrió con el anteproyecto del 2011 y el borrador de Código Procesal Penal del 2013, para que el Estado de Derecho salga reforzado, y no acabar en una mera situación 'ex aequo' como los antecesores en el puesto y conseguir un empate técnico en la valoración de la legislatura sin el cambio legal necesario.

*Antonio Zárate Conde es Fiscal Provincial de Madrid.