En defensa del modelo público de seguridad

El derecho a la libertad y seguridad personal se encuentra recogido en nuestra Constitución, en el artículo 17, como un derecho fundamental. Todo el mundo tiene derecho a estar seguro y a vivir con seguridad.

De la misma manera que existe un servicio público de sanidad, de educación o de prestación de servicios sociales, también existe un servicio público de seguridad. Y al igual que el Partido Popular está asfixiando la sanidad o la educación públicas, también está haciendo lo mismo con la seguridad.

Bajo la máxima de la privatización amparada en el eufemismo de la externalización de servicios, el Gobierno ha dejado de confiar la vigilancia de organismos e instituciones públicas a la Policía y Guardia Civil y se la ha transferido a precio de ganga a empresas afines al Partido Popular que ni siquiera cumplen sus obligaciones de pago a Hacienda y la Seguridad Social. Cuarteles, prisiones, Ministerios, estaciones de ferrocarril, aeropuertos o polvorines están siendo vigiladas por empresas de seguridad privada.

Igual que existe un servicio público de sanidad, de educación o de prestación de servicios sociales, también existe un servicio público de seguridad

Los cambios legislativos de la mayoría absoluta del Partido Popular han provocado que la seguridad esté dejando de ser un derecho para convertirse en un negocio definido perfectamente por el anterior Delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Javier Ansuátegui: "El que quiera seguridad que se la pague".

Lo que denunciamos queda demostrado por el tijeretazo dado a las plantillas de Policía y Guardia Civil ejecutado por el Partido Popular. Si los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero incrementaron la plantilla en más de 25.000 efectivos respecto a la herencia recibida, desde el año 2011, Mariano Rajoy ha ido menguando este capital humano. Los datos que da el propio Gobierno son alarmantes. La diferencia entre el Catálogo de activos, es decir, los policías nacionales y guardias civiles que debería haber y los que hay en realidad en servicio activo (datos de 31 de septiembre) es de 14.648 en la Policía Nacional y de 11.363 en la Guardia Civil.

La seguridad ciudadana se ha deteriorado desde que gobierna el PP, no solo por la falta de agentes, también por la falta de inversiones

Sin duda, podemos afirmar que la seguridad ciudadana se ha deteriorado desde que gobierna el Partido Popular, no solo por la falta de agentes, también por la falta de inversiones en infraestructuras, en el material necesario para que los agentes hagan su trabajo y también en la imagen de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. No olvidemos que el Congreso concluyó el pasado mes de septiembre de 2017 que dentro del Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz se puso en marcha una estructura policial paralela para dirigir actuaciones policiales contra objetivos políticos.

La falta de efectivos ha representado una mayor carga de trabajo para Policía Nacional y para Guardia Civil. Tanto es así que, según el Gobierno, en 2017 aumentaron un 16% las bajas psicológicas en la Guardia Civil y hubo datos preocupantes asimismo en Policía Nacional.

En este marco, los socialistas venimos denunciando esta situación y desde hace tiempo planteando iniciativas para que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tengan un salario justo y haya una equiparación por la 'Dignidad Salarial' que se merecen. Pero también venimos exigiendo al Gobierno más inversiones en comisarías y cuarteles, más inversiones en la compra de material, como chalecos antibalas. Sobre esto último la ciudadanía debe saber que algunas partidas que se siguen utilizando fueron compradas en el año 1992 y las mujeres de la Guardia Civil no disponen de chalecos específicos. Y también, de manera reiterada, venimos exigiendo más dotación de plantilla.

En seis años solo se han puesto en servicio cinco nuevas comisarías en toda España. Desde el año 2012 se vienen cerrando cinco cuarteles de la Guardia Civil al mes. Amplias zonas rurales no disponen de cuarteles abiertos durante los periodos vacacionales, coincidiendo con el momento en el que hay más población en ellas, y muchos cuarteles solo pueden abrir durante unas horas al día, todo ello debido a la falta de personal. Pero es que en muchas ciudades el número de patrullas nocturnas se reduce a un coche y en muchos casos, ninguno. Por ejemplo, en la provincia de Málaga cierran tres de las comisarías de distrito durante la noche y los fines de semana.

Algunas partidas de chalecos fueron compradas en el año 1992 y las mujeres de la Guardia Civil no disponen de unos específicos

El hachazo a las plantillas es un hecho sustentado en datos. Desde que gobierna el PP, en provincias como Teruel, Segovia, Lleida, Cuenca, Girona, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya o Castellón, la reducción de Guardia Civil ha sido superior al 10%, pero es que no hay ni un solo territorio en el que los efectivos disponibles de Guardia Civil hayan crecido. Lo mismo sucede con la Policía Nacional, provincias como Albacete, Ávila, Pontevedra, Zamora, Cáceres, por citar solo algunas, tienen reducciones en sus efectivos disponibles por encima del 10%.

Y mientras las plantillas merman, los delitos aumentan. Según los datos, siempre edulcorados, del Barómetro de Criminalidad del Ministerio del Interior, en el último trimestre de 2017 respecto al año anterior ha habido un incremento de los delitos relacionados con el tráfico de drogas del 4,1% o un 10,6% los delitos por agresión sexual.

Cada día, desgraciadamente son más comunes casos como el de un grupo de encapuchados asaltando un hospital de Cádiz y liberando un narco, la falta de efectivos durante la Operación Verano para el sector turístico o el elevado número de robos en el campo denunciado por los agricultores un día sí y otro también, lo que da muestra de que tenemos un problema de seguridad ciudadana. Un problema que es de todos, pues está en juego nuestra propia libertad y seguridad.

A algunos se les llena la boca de España y de envolverse en la bandera, pero la realidad es que les preocupan bien poco los agentes

O Zoido y su equipo están “noqueados” y son incapaces de resolver este problema, o el Gobierno de Rajoy no apuesta por la seguridad ciudadana y prefiere que la gente se la pague de su bolsillo. A algunos se les llena la boca de España y de envolverse en la bandera, pero la realidad es que les preocupan bien poco los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la seguridad de los españoles y las españolas y de aquellos que nos visitan para los que la seguridad es un valor a la hora de elegir destino.

Tras los recortes en servicios públicos como la educación, la sanidad, la dependencia, el de seguridad no es menos importante, y exigiría un mínimo de seriedad y de responsabilidad por parte del Gobierno. Por todo ello hemos registrado en el Congreso una petición de comparecencia urgente del ministro de Interior para qué dé explicaciones y sobre todo actúe. Uno de los pilares fundamentales de un Estado de Derecho es la seguridad. El PSOE está en la obligación de evitar que se convierta en un negocio.

*David Serrada y Miguel Ángel Heredia son diputados del PSOE en el Congreso por Salamanca y por Málaga.