En estos días recientes, hemos sufrido la desaparición del Estado de derecho en nuestras calles, con más de 100 casos de violencia liderada por un grupo de taxistas radicales que no representan al taxi (existen organizaciones más mayoritarias, como Fedetaxi, que sí están a favor de la modernización y de una integración ordenada del sector, para que pueda funcionar en régimen de competencia). ¿Cómo es posible que un grupo de radicales, liderado en Barcelona por una plataforma minoritaria cuyo único deseo es quebrar la paz social, pueda actuar con ese grado de violencia e impunidad, destrozando docenas de coches, poniendo en riesgo la seguridad de sus compañeros taxistas, de conductores de VTC y de ciudadanos?

El grado de desprotección que sienten los que no comulgan con el paro y las amenazas y la coacción ejercida por ese grupo de radicales es inaceptable y debería tener consecuencias. El Gobierno del Estado y los gobiernos municipales tienen la obligación de proteger y garantizar la seguridad a los que libremente quieran ejercer su derecho a trabajar y ganarse la vida, o a desplazarse, o a convivir en paz en sus ciudades. No es permisible que, como consecuencia de la captura y el chantaje por parte de un grupo de radicales del taxi, Barcelona y Madrid, dos capitales mundiales del turismo, estén colapsadas, dejando sin un servicio esencial a los ciudadanos en plena operación salida del verano. Y no es coincidencia que los dos gobiernos incapaces de hacerlo, el de Colau y el de Sánchez, gobiernen en extrema minoría y prefieran siempre gesticular, ejercer de activistas, a gobernar.

El taxi mete al Gobierno en un callejón legislativo antes de la operación salida

Michael Mcloughlin

Tras la reunión de ayer, Fomento se reúne con las empresas VTC. Las soluciones se antojan difíciles, teniendo en cuenta los pormenores legales y la actual legislación de estos servicios

La respuesta que el Gobierno propone no resuelve ninguno de los problemas de fondo, ni responde a ningún criterio político o social. Se trata simplemente de pasar la pelota a las autoridades locales y regionales, fragmentando el mercado nacional, y aceptando el chantaje al que ha sido sometido cancelando licencias de VTC. No tiene el más mínimo sentido tener 2.000 regulaciones distintas del taxi, fragmentando la unidad de mercado, impidiendo la competencia y la movilidad de los coches según la demanda y, en definitiva, perjudicando a los ciudadanos.

Más allá del orden público, el problema básico no es complicado de entender, y en los dos lados hay buenos argumentos.

Los taxistas tienen razón en exigir una transición ordenada en su sector. Muchos han adquirido licencias e incluso se han endeudado para ello. También tienen razón en que necesitan mayor flexibilidad de tarifas para competir en igualdad de condiciones.

Pero el sector VTC también tiene derechos. Las VTC ofrecen un servicio alternativo perfectamente legal, que también da trabajo a miles de trabajadores y cientos de pymes, igual que el taxi.

Ambos sectores, taxi y VTC, tienen derecho a reivindicar unos derechos laborales dignos y que se paguen los impuestos que corresponde.

Existe un tercer sector del que no hemos oído hablar ni a Colau ni al Gobierno de Sánchez: los ciudadanos, que tienen derecho al mejor servicio

Y existe un tercer sector del que no hemos oído hablar ni a Colau ni al Gobierno de Sánchez: los ciudadanos, que tienen derecho al mejor servicio. Y los ciudadanos se benefician de la competencia de muchas maneras: libertad de elección, mejoras en el servicio, menor contaminación, precios más competitivos… y ¡creación de empleo! Una integración ordenada del sector podría generar fácilmente 30.000 empleos, lo que no debería ser algo despreciable en un país con tan elevadas tasas de paro.

En estos momentos, en España, el taxi funciona en una situación de cuasi monopolio, que se refleja en el altísimo coste de las licencias. ¿Quién las compraría a 200 o 300.000 euros si no fueran un negocio rentable? De hecho, la irrupción de las VTC (por cierto, una liberalización promulgada por el Gobierno Zapatero) no ha hecho que se reduzcan los márgenes, porque hay una situación evidente de falta de oferta en el mercado. No hay nada más regresivo, reaccionario y contra ‘la gente’ que estar en contra de la competencia.

La lección que no debería olvidar un político en el conflicto del taxi (respuesta a Garzón)

Isidoro Tapia

Estoy seguro de que él, que es economista de formación, ha leído el informe de la CNMC sobre el impacto de las restricciones en el taxi. Pero, por si acaso, estas son sus conclusiones

La solución no pasa ni por prohibir ni por eliminar la competencia. Al contrario, se trata de permitir la competencia en un marco abierto, sano y ordenado, con una regulación que nivele el terreno de juego, que dé a todos oportunidades para hacer su trabajo libremente. Para lograr esa transición, es necesario que los nuevos entrantes asuman una parte de los costes de transición hacia ese nuevo equilibrio. Existen numerosos ejemplos de éxito, como Francia, Australia u Holanda. En la futura regulación, deberán también garantizarse los derechos laborales de los trabajadores de ambos sectores.

Colau dobla el brazo a Fomento: cese y bronca en el ministerio por la ley 'anti Uber '

Michael Mcloughlin

La presión de Podemos y el PSC se salda con el cese del director general de Transportes Terrestres, principal valedor del recurso contra la licencia municipal para VTC en Barcelona

Esperemos que la debilidad del Gobierno no le haga ceder ante las presiones de Podemos, que ha estado detrás de la agitación en Madrid y Barcelona, donde gobiernan. Desgraciadamente, Ada Colau y Pedro Sánchez son almas gemelas: dos gobiernos en minoría, dos gobiernos incapaces de tejer las alianzas para pasar un Presupuesto o ninguna otra norma básica. Son dos gobiernos que lo fían todo al gesto de cara a la galería, al teatro. Dos gobiernos que hoy, con la crisis del taxi, como ayer con la crisis de techo de gasto y Presupuesto, muestran que para gobernar hace falta querer y hace falta poder. Y que cuando ambas cosas faltan, cuando un gobernante no quiere ni puede gobernar, el resultado es que no puede cumplir su misión más básica: mantener la paz social, hacer cumplir la ley y proteger la vida y la seguridad de los ciudadanos.

*Toni Roldán es portavoz de Economía de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. Luis Garicano es responsable de Economía y Empleo de Ciudadanos.