“Cuanto más corrupto es el Estado, más leyes tiene”, advertía hace 2.000 años el gran cónsul e historiador romano Cayo Cornelio Tácito en una de sus célebres frases.

Actualmente, existen en España más de 100.000 normas legales. Se dice pronto. De ellas, dos tercios corresponden a legislación autonómica. Por poner un ejemplo, tenemos 10 veces más leyes que en Alemania. La abundancia de normativa, muchas veces redundante e innecesaria, cuando no contradictoria, es contraproducente, provoca desconcierto e inseguridad jurídica en el ciudadano y obstaculiza el crecimiento. El problema lo sufren muy especialmente las pequeñas y medianas empresas.

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El clásico principio de que “la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento”, recogido en el artículo 6.1 de nuestro Código Civil, es una regla necesaria para que las leyes se cumplan. Sin él, todo el mundo podría alegar su desconocimiento. Sin embargo, la cuestión se complica con la pluralidad y dispersión normativa existente y con los recursos materiales y humanos que la empresa necesita para dar cumplimiento a la ley y encontrar una salida a este laberinto normativo que el legislador ha ido tejiendo a lo largo de los años, hasta formar una telaraña de la que es imposible escapar. Al menos indemne.

“Lo peor no es que te obliguen a cumplir toda la normativa existente, cuyo conocimiento no siempre es fácil para las empresas medianas, lo peor es la amenaza de sanciones —se quejaba el dueño de una empresa a la que acababan de imponer una fuerte sanción—. Se parte muchas veces de un principio de culpabilidad del empresario. Si no has cumplido, es porque no has querido”.

¿Qué es el 'compliance officer'?

Así las cosas, se ha hecho necesaria para la empresa actual la figura del responsable de cumplimiento o 'compliance officer' (como se le conoce por su denominación en inglés), que en los últimos años ha adquirido un notable protagonismo y una posición de privilegio dentro de la gran empresa. La cuestión es que no todas son grandes empresas. Antes al contrario, nuestro tejido empresarial está formado por pymes en más de un 99%.

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El problema es que muchas normas pensadas para grandes empresas o cotizadas se trasladan también a pequeñas y medianas empresas, que, carentes de los medios materiales y humanos de la gran empresa, observan con impotencia la vorágine de requisitos legales que deben de cumplir para 'estar en regla'.

Hace tiempo que se viene alertando desde diversas organizaciones empresariales y económicas de la excesiva regulación en todos los ámbitos y del freno que ello supone para la economía española. Pero lejos de moderarse, la fiebre reguladora del legislador (los legisladores —estatales, autonómicos, locales…—) parece insaciable.

En 2017, en uno de los periodos de más baja actividad normativa (solo se promulgaron 517 nuevas normas legales a nivel estatal), el Boletín Oficial del Estado y los boletines oficiales de las comunidades autónomas publicaron un millón de páginas con nuevas leyes y anuncios oficiales (en concreto, 954.568 páginas), de las que el 75% correspondía a boletines autonómicos. Si a ello añadimos una no siempre cuidada técnica legislativa, los problemas de legislar mucho se agravan.

En 2017, el Boletín Oficial del Estado y los boletines oficiales de las comunidades autónomas publicaron un millón de páginas con nuevas leyes y anuncios

En apenas 15 años de vida, una norma de tanta importancia como la Ley Concursal se ha visto afectada por hasta 31 leyes que la modifican, en algunos casos reformas de gran calado. Es el ejemplo de ir parcheando una ley que, por los motivos que fueran, nació torcida. Algo a lo que nos tiene acostumbrados el legislador.

Falta estabilidad. Se legisla sin los necesarios reflexión y estudio previos. Lo cual no quiere decir que se legisle rápido: se suele hacer con excesiva lentitud, y a veces, a golpe de 'calentón'. Leyes con estructuras mejorables, que no siempre cumplen la finalidad para la que se promulgaron; redacciones poco rigurosas; modificación de disposiciones normativas a través de otras que nada tienen que ver…

El Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico elaboró un informe que concluía que la maraña legislativa en Canarias imposibilitaba la inversión

El Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico (Catpe) sobre el planeamiento y la gestión del territorio en Canarias, elaboró en 2011 un informe que concluía que la maraña legislativa sobre el territorio canario hacía imposible la inversión y, en consecuencia, lastraba el crecimiento económico, provocando un elevado grado de inseguridad jurídica y una fuerte conflictividad, con el resultado de que los asuntos se judicializaban, colapsando de esta manera los juzgados. Fiel reflejo de los problemas que acarrea la 'hiperregulación' y claro ejemplo de lo que ocurre en nuestro país.

Un marco normativo asumible

La finalidad del derecho puede resumirse en seguridad, justicia y bien común. La tensión entre la desregularización de la sociedad y la hiperregularización debe tener un punto medio, un equilibrio que haga al derecho, como conjunto de normas jurídicas, alcanzar el bien común, entre el que se encuentra el bien de la economía general. El empresario debe de estar centrado en su negocio, y ha de tener un marco normativo claro y asumible que no genere un exceso innecesario de dedicación de tiempo y de recursos.

Un exceso de regulación, hecho sin duda con el fin de mejorar la sociedad y la actividad económica, puede estar produciendo un efecto contrario. Hallar dónde se encuentre ese equilibrio es misión del legislador. Como lo sería también realizar la correspondiente reflexión.

*Javier Goizueta es abogado y socio director de Vaciero, firma española de referencia en asesoramiento legal a empresas. Desde 1993 hasta 2014, ha sido abogado en Cuatrecasas, director en el área legal de KPMG y 'general counsel' de Gamesa en Latinoamérica. Ha dado clase de Derecho Civil y Mercantil en diversas universidades y másteres jurídicos.