Las 5 de la PAH entran al Congreso: ¿y ahora qué?

El martes pasado aprobábamos en el Congreso la toma en consideración de la proposición de ley de emergencia habitacional y medidas para hacer frente a la pobreza energética, la conocida 'Ley de las 5' de la PAH, gracias a los votos favorables de UP-ECP-EM, PSOE, PDeCAT, ERC, Compromís, Bildu y la abstención del PNV. Iniciaba así su tramitación un texto elaborado, esta vez sí, por la ciudadanía. Esa misma que hace ya casi 10 años fue capaz de poner en la agenda política un problema, el de la vivienda, que, al inicio de la crisis, se intentaba situar únicamente en el plano de la 'mala suerte' personal.

Frente a ese panorama desolador, donde la culpa y la vergüenza jugaban un efecto desmovilizador, fueron los diversos núcleos de plataformas de Afectadxs por la Hipoteca y las asambleas de vivienda, seguidos más adelante de la Alianza contra la Pobreza Energética y los diversos sindicatos de Inquilinas, los actores sociales capaces de darle una dimensión colectiva a la vulneración masiva del derecho constitucional a una vivienda digna por parte de las instituciones políticas y financieras. Subido en la ola del 15-M, el movimiento por el derecho a la vivienda fue capaz de articular no solo estrategias de autoorganización ciudadana para enfrentar un día a día durísimo, sino también estimulantes propuestas políticas a través de las cuales se pretendía priorizar la vivienda como un derecho básico frente a su tradicional concepción como pieza clave del negocio de inversión inmobiliario y financiero; y que supusieron, qué duda cabe, un importante cambio en el paradigma social y mediático.

Subido en la ola del 15-M fue capaz de articular no solo estrategias de autoorganización, sino también estimulantes propuestas políticas

Las propuestas de la PAH ya habían llegado al Congreso en 2013, cuando, gracias a 1,5 millones de firmas recogidas en una iniciativa legislativa popular, se solicitaba aprobar la dación en pago, la paralización de los desahucios sin alternativa o la creación de un parque público de viviendas de alquiler. Sin embargo, la mayoría absoluta del PP se encargó de liquidar, trámite parlamentario mediante, cualquier esperanza para los movimientos ciudadanos de que la normativa propuesta llegara a buen puerto. Una vez más, la cerrazón de la política institucional frente a las demandas de un número importantísimo de personas, colectivos y entidades de la sociedad civil quedó al descubierto.

Por todo ello, la toma en consideración de la semana pasada tiene una dimensión simbólica fortísima y no puede pasarse por alto. No solo porque el problema que afecta a la vivienda persiste (en 2017 se registraron 69.693 desahucios, la segunda cifra más alta de todo el periodo 2009-2017) y, aunque lo haga bajo nuevas expresiones (hipotecas vs. alquileres, entidades financieras vs. socimis y fondos de inversión, etc,), requiere en buena medida las propuestas de solución que la PAH lleva años poniendo encima de la mesa. Pero también ese día, por fin, las demandas de la ciudadanía, de puro sentido común para una gran mayoría de la población, eran tomadas en cuenta y conseguían el apoyo suficiente para poder empezar a hacerse efectivas. Una victoria histórica y un día que muchas nunca olvidaremos.

Las propuestas de la PAH ya habían llegado al Congreso en 2013, gracias a 1,5 M de firmas recogidas en una iniciativa legislativa popular

Sin embargo, el camino a partir de ahora no va a ser fácil. El trámite parlamentario va a requerir enmendar algunas cuestiones: en especial, aquellas que aseguren que las competencias autonómicas serán escrupulosamente respetadas. Pero más allá de eso, conocer las instituciones por dentro nos ha permitido entender que la ampliación de los plazos de enmiendas se utiliza demasiadas veces como una herramienta de bloqueo, y que la opacidad de las ponencias dificulta que las negociaciones puedan seguirse de forma clara. Si no queremos que pase lo mismo que ocurrió en 2013, cuando el PP desvirtuó por completo el contenido de la ILP y acabó legislando cuatro parches acordados con las entidades financieras, será imprescindible que la ciudadanía y los colectivos que tanto han trabajado para llegar a este momento sigan estando ahí. A día de hoy, creo que todas sabemos que si queremos nuevas políticas de vivienda que sean capaces de corresponsabilizar a sectores privados tan potentes como la banca, los fondos de inversión, los promotores inmobiliarios o las grandes empresas energéticas y constructoras, es imprescindible que exista una movilización ciudadana que no permita que las negociaciones se queden encerradas en las salas de reuniones del Congreso. Después de la revolución feminista del 8-M y de las persistentes mareas pensionistas, ahora toca una potente defensa del derecho a la vivienda.

La tramitación de la ley de la PAH abre un camino en el que el Gobierno del PSOE va a tener que demostrar hasta dónde llega su compromiso con el derecho a la vivienda, que no puede limitarse, como es obvio, a esta. Últimamente, el Ministerio de Fomento nos anuncia cada semana nuevas propuestas: un parque público de 20.000 viviendas en los próximos cinco años (necesitamos más de un millón de viviendas públicas para empezar a acercarnos a los porcentajes de los países de nuestro entorno), impedir la venta de vivienda pública a fondos buitre... Anuncios y gestos que apuntan algunas mejoras, pero que hasta el momento no se han concretado en nada nuevo. En cambio, si atendemos al tiempo que lleva en marcha, afloran las contradicciones respecto de su reluciente discurso: en las enmiendas del Grupo Socialista al proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario, se sigue negando la dación en pago, exactamente el mismo posicionamiento que PP y Ciudadanos.

La tramitación de la ley de la PAH abre un camino en el que el PSOE va a tener que demostrar hasta dónde llega su compromiso

Tocará, pues, estar vigilante ante un Gobierno que en general tiende a primar lo estético sobre las medidas de calado y que sabe, porque así se lo hemos hecho saber, que el derecho a la vivienda digna no se construye a base de titulares, sino, por ejemplo, con una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos para conseguir contratos más largos y estables, para mejorar la protección de las personas inquilinas y para asegurar que aquellos municipios que lo requieran puedan limitar los incrementos abusivos de los precios.

El Gobierno también debería saber que el derecho a la vivienda no se construye tampoco con anuncios, sino con la consecución de un parque público y suficiente de vivienda, con la eliminación de los privilegios fiscales que permiten que el alquiler sea hoy uno de los activos financieros más rentables y con el apoyo a municipios como el de Barcelona, que con medidas como la del 30% se sitúa entre los más punteros y creativos de Europa en sus formas de enfrentar el problema de la vivienda. Y, por último, el Gobierno debería saber que el derecho a la vivienda no se construye con declaraciones grandilocuentes, sino aprobando unas cuentas públicas que lo tengan en cuenta, lo fomenten y lo ejecuten. Que, en definitiva, garanticen de una vez por todas el ejercicio de ese derecho. Y por eso, para el grupo parlamentario al que represento y, estoy segura, para toda la ciudadanía, esta es, entre otras, una de las cuestiones que condicionarán nuestro apoyo a los Presupuestos.

*Lucía Martín González es portavoz de En Comù Podem en el Congreso de los Diputados.