El auge de las ciudades en la Europa del siglo XXI

En una Europa donde todavía los estados-nación se diluyen, el auge de las ciudades-estado asoma nuevamente como en otras épocas de nuestra historia

Foto: Foto: EFE.
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El siglo XXI será por primera vez en la historia de la humanidad el siglo de la ciudad. Buena parte de la población de los estados vive ya en ciudades, y los intereses y necesidades de sus habitantes cada día difieren más de los del resto de sus compatriotas, convergiendo en cambio con los de los ciudadanos de otras ciudades del planeta y formando así una nueva sociedad global que comparte referentes culturales, sociales y económicos.

En una Europa donde todavía los estados-nación se diluyen, el auge de las ciudades estado asoma nuevamente como en otras épocas de nuestra historia, y bien pudiera ser que en un futuro no muy lejano la Europa de las naciones y de las regiones dé paso a una Europa de las ciudades, emulando las ligas de ciudades y burgos libres hanseáticos del medievo o las polis de la Antigüedad.

Con muchas reservas y una cierta desconfianza, cada vez más gobiernos municipales se abren a las demandas de mayor participación ciudadana

El estudio de estos referentes será de gran utilidad, dado que la población mundial es ya mayoritariamente urbana. En Europa, supera ya el 70% y va en aumento, por lo que esta circunstancia va a tomar en el siglo XXI un papel central en el desarrollo de las democracias occidentales y la gobernanza de nuestras ciudades. Así, poco a poco, la realidad mundial tiende cada vez más a configurarse en torno a una red mundial de ciudades cada vez más especializadas en algún sector económico global, conectadas entre ellas y en constante tensión con los gobiernos de sus respectivos estados-nación, generando ya dinámicas socioeconómicas propias.

Veamos algunas de ellas:

1. Cambio del paradigma Gobierno-ciudadano

Este salto de escala, del ámbito local al global sin pasar por el nacional, está creando nuevas lógicas de comportamiento en sus habitantes, que en consecuencia generan nuevas dinámicas socioeconómicas, y por tanto también políticas, y está obligando a reconfigurar la manera de pensar el mundo y de buscar referentes actuales (como Berlín, Ciudad de México, Singapur, Hong Kong, Macao, etc.) o históricos. Posiblemente, estas nos ayuden a intuir por dónde pueden ir los tiros en el futuro. El empoderamiento de la sociedad civil (agrupada en 'lobbies' económicos y sociales, gremios y asociaciones) ha sido siempre más rápido en entornos urbanos, que son, 'per se', ámbitos más limitados que el nacional y, por tanto, con una proyección más directa y eficaz.

14º edición del desfile del Orgullo LGTB en Katmandú (Nepal). (EFE)
14º edición del desfile del Orgullo LGTB en Katmandú (Nepal). (EFE)

Si bien todavía con muchas reservas y una cierta desconfianza, cada vez más gobiernos municipales se abren a las demandas de mayor participación ciudadana: será interesante ver adónde conducen esas dinámicas. ¿Decidiremos solo el nombre de las calles o un proyecto puntual de reforma urbana, o también la totalidad de las políticas de vivienda, movilidad, energía, etc... de nuestros ayuntamientos?

¿Quiénes y qué decidirán decidirán? ¿Deben (por ejemplo) la Cámara de Comercio, el colectivo LGTB o las asociaciones de vecinos e inquilinos tener voz y voto?

Al final de la Edad Media, en los burgos (ciudades libres autogobernadas), la sociedad civil y profesional se estructuró en torno a los gremios. Actualmente, ya vemos cómo el autogobierno urbano genera lógicas similares, que nos llevan a escuchar incluso a políticos de izquierda defender que las asociaciones de vecinos, comerciantes, colegios profesionales y otros 'colectivos sociales' puedan tener voz y voto en la toma de decisiones municipales, rompiendo el modelo de democracia liberal (una persona, un voto) y acercándonos a modelos de representación corporativista, más cercana al feudalismo medieval y a modelos de democracia orgánica, como ocurre en la City londinense y las ciudades estado asiáticas.

2. El auge y eficacia de las ciudades en las relaciones internacionales

La búsqueda de mejores condiciones de vida, la industrialización, las hambrunas y los conflictos políticos derivados de las anteriores han supuesto un enorme crecimiento de las ciudades en todo el mundo en el lapso de tres generaciones; desbordando en buena medida la capacidad de gestión de sus administraciones locales a la hora de reaccionar ante nuevas problemáticas de gran escala.

Algunos de estos problemas, como la falta de vivienda digna y la construcción espontánea de barrios chabolistas, fueron prácticamente atajados por los ayuntamientos europeos a lo largo del siglo XX, a través de programas urgentes de vivienda social, algo que se repite actualmente en otros países del mundo. Sin embargo, a día de hoy, esas mismas ciudades europeas se enfrentan a graves problemas derivados de aquellas soluciones de urgencia: enormes barrios de extrarradio donde abundan la exclusión social, delincuencia, terrorismo...

La búsqueda de mejores condiciones de vida ha supuesto un enorme crecimiento de las ciudades en todo el mundo en el lapso de tres generaciones

La puesta en común de nuevas problemáticas urbanas y la toma de decisiones conjuntas respecto a este y otros problemas como la movilidad, la segregación por renta y/o etnia y los conflictos entre comunidades, entre otros, están uniendo cada vez más los intereses y necesidades de los ciudadanos de ciudades de todo mundo.

Además, en los últimos años las ciudades se están mostrando herramientas cada vez más eficaces a la hora de resolver posiciones enfrentadas que los estados no son capaces. Un claro ejemplo de ello es la lucha frente al cambio climático: las ciudades son la principal fuente de contaminación del planeta y la incipiente diplomacia urbana está sirviendo para consensuar políticas públicas entre administraciones municipales de distintos países. La paradoja está en que en las ciudades ya vive buena parte de los ciudadanos de esos países y sin embargo en las negociaciones a nivel municipal los conflictos de intereses son muchísimo menores que a nivel estatal.

3. La desvinculación con el entorno nacional

Las diferencias entre una gran ciudad y su entorno rural aumentan cada día conforme las distintas urbes comparten más y más intereses y códigos culturales y políticos, hasta el punto de que el nivel de conexiones entre ellas forma casi una cultura urbana global con ligeros acentos 'etno-lingüísticos'. Es precisamente aquí donde vemos cómo la mundialización cultural está condicionando y canalizando el salto político de la escala local a la global.

Hoy, muchos barceloneses se sienten más próximos a los londinenses, madrileños o neoyorquinos que a alguien que viva a 100 kilómetros de su ciudad. Sencillamente porque las formas de vida en la ciudad y en el campo (por muy tecnológico y moderno que este sea) son distintas, independientemente del país. Y aunque la tensión entre ambas realidades —sus costumbres, intereses y necesidades— ha existido siempre y ha supuesto una lectura de los acontecimientos históricos decisiva a lo largo de los siglos, en muy pocas décadas el número de habitantes en uno y otro lugar se ha descompensado muchísimo, generando una correlación de fuerzas muy desfavorable para las regiones rurales, mineras y desindustrializadas de Europa y Norteamérica.

La famosa y turística montaña de los siete colores, en los Andes de Perú, cuyo nombre original es Vinicunca. (EFE)
La famosa y turística montaña de los siete colores, en los Andes de Perú, cuyo nombre original es Vinicunca. (EFE)

Poco a poco, el estado-nación se está convirtiendo en la última herramienta con que cuentan las zonas rurales e industriales deprimidas de Occidente (normalmente sobrerrepresentadas en los parlamentos) para equilibrar el poder que ejercen sobre ellas las sociedades urbanas globalizadas y garantizar el trasvase de rentas que les permita mantener parte de los estándares de vida que conquistaron a lo largo del siglo XX. Ya sea mediante subvenciones agrarias e industriales, ayudas públicas, o imponiendo trabas y aranceles que orientan y obligan a todos los habitantes del país a consumir la producción propia; como estamos observando recientemente con las políticas proteccionistas de Trump.

En buena parte de los procesos electorales occidentales de los últimos tres años, se ha puesto de manifiesto que la lectura de los resultados en clave campo-ciudad (aunque ni mucho menos única) es más protagonista que nunca. Hemos asistido a la enésima reacción del campo y las zonas desindustrializadas frente al protagonismo de la población de las ciudades: en las elecciones de Francia, Alemania, EEUU, o en los referéndums de Reino Unido y Colombia, se observó claramente lo profunda que es ya esta división y cómo los proyectos políticos de sus habitantes se distancian rápidamente.

Fenómenos similares hemos observado en la distribución del voto de las elecciones catalanas, y también en el resto de España. Vemos cómo Ciudadanos y Podemos son proyectos políticos eminentemente urbanos (que casi solo coinciden en defender una modificación de la Ley Electoral para que deje de sobrerrepresentar al campo), y cómo el PP y el PSOE mantienen una fidelidad rocosa del electorado fuera de las grandes ciudades.

Aunque dentro de los nuevos partidos urbanos la tarea de gobierno temple la reclamación de cambios drásticos en los equilibrios de poder existentes, vemos a políticos de estas corrientes, como por ejemplo Macron (votado en París por el 90% de los electores), apoyando políticas europeas que hasta hace poco tiempo eran un auténtico tabú en Francia.

La actual reforma de la política agraria común y su paulatina desaparición es una de las transformaciones más importantes de la historia reciente de la Unión Europea. La intención es clara: Europa dejará de subvencionar sus productos agrarios, eliminará las cuotas de producción y abrirá sus fronteras al libre comercio con terceros países, acabando con los aranceles a productos del sector primario extracomunitario. Hasta la década de los noventa, la PAC suponía el 80% del presupuesto de la UE, hoy en día supone el 40%, en torno a 70.000 millones de euros anuales, y pronto se acercará a los 20.000 que destina EEUU a su campo.

Europa (ciudades en un 70%) ya es uno de los territorios que menos aranceles aplica a productos extranjeros, y la medida debería servir para asentar a la población africana en sus países de origen, mitigando las migraciones y poco a poco cimentando su desarrollo al ver cómo un mercado de 500 millones de personas del primer mundo se abre a la compra de sus productos. La aplicación de la medida se aceleró a causa del Brexit, ya que el Reino Unido es el tercer país contribuidor de la UE. Y aunque esta medida se activa cuando el campo europeo es hoy uno de los más competitivos del mundo, su peso demográfico (y por tanto político) es cada vez menor. En Francia, cuna de la PAC, no emplea ya ni al 5% de la población. De esta forma, se constata que la política europea, decidida en las ciudades, ya ha planeado los cambios de su campo y en gran medida el futuro de sus habitantes.

Protestantes anti-Brexit, en una manifestación en Londres. (Reuters)
Protestantes anti-Brexit, en una manifestación en Londres. (Reuters)

Probablemente la siguiente gran batalla frente al estado-nación será la reforma de las leyes electorales, que sobrerrepresentan el voto rural. Una vez eliminado el último nivelador nacional (el político), el campo europeo estará vendido a las decisiones de los habitantes de unas ciudades que cada vez le son más ajenas. Vendido ante la posibilidad certera de que desde las ciudades se corte flujo de liquidez que actúa como nivelador de rentas ciudad-campo-industria, que es lo que da sentido al estado nacional como espacio jurídico y político cohesionado.

Frente a esta paulatina 'dictadura de la mayoría', el resultado comienza a ser una nueva reacción del campo conservador frente a la ciudad. Al igual que en otras épocas, se recurre a la identidad, a la patria y a la nación.

4. La consolidación política de las ciudades-estado

Poco a poco veremos cómo la necesidad de establecer nuevos mecanismos de entendimiento y encaje entre el mundo rural y urbano pasará por dotar de mayor autonomía a las ciudades, limitando así los ámbitos de influencia política de los unos sobre los otros, y mantener unos equilibrios justos para ambas partes. Veremos cómo las autoridades metropolitanas autónomas, necesarias para gestionar la complejidad de políticas públicas en aglomeraciones urbanas de varios millones de habitantes, son las herramientas idóneas para esto.

Sin embargo, la necesidad, por parte de las ciudades y aglomeraciones, de dotarse de este tipo de instituciones metropolitanas será contestada y combatida. Hasta ahora, los estados-nación y las regiones han intentado limitar o anular un contrapoder político tan fuerte, como fueron en la década de 1980 los casos de Margaret Thatcher eliminando el Greater London Council o de Jordi Pujol cuando disolvió y cuarteó la Corporación Metropolitana de Barcelona, tras la propuesta del alcalde Maragall de dotarla de bandera e himno. Actualmente, uno de los principales puntos débiles de las ciudades sigue siendo su extrema dependencia energética, lo que obligará a sus administraciones a mitigar sus demandas frente a los estados y dotará a estos de herramientas suficientes para equilibrar las relaciones de poder.

Lo que sí parece claro es que la Europa de los estados y la Europa de las regiones tendrán que compartir espacio con la Europa de las ciudades

En una primera instancia, las autoridades metropolitanas asumirán algunas competencias de los ayuntamientos mancomunados, como hoy ocurre en Barcelona. Pero, además, no nos debería extrañar que en el futuro también les sean traspasadas competencias propias de las regiones e incluso de los estados, como la salud, la educación, la vivienda, la recaudación fiscal o el planeamiento urbano, bases de cualquier autonomía política.

No sería descabellado pensar que un autogobierno de estas características en las ciudades europeas (como ya ocurre con Berlín o Hamburgo) termine con la constitución de parlamentos metropolitanos, y poco a poco llegue a modificar el curso de la languideciente Unión Europea, hasta convertirla, 'de facto', en una liga de ciudades europeas. En cualquier caso, lo que sí parece claro es que la Europa de los estados y la Europa de las regiones tendrán que compartir espacio político con la Europa de las ciudades.

Tribuna

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