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Justicia y emociones: el juicio paralelo también empieza
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Gonzalo Quintero Olivares

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Justicia y emociones: el juicio paralelo también empieza

La llamada opinión pública lleva ya tiempo tomando posiciones sobre cuál ha de ser el fin de ese proceso, caldeando el ambiente en el que se desarrollarán las sesiones

Foto: Miles de personas participan en Barcelona en la concentración contra el juicio del 'procés' en el Tribunal Supremo. (EFE)
Miles de personas participan en Barcelona en la concentración contra el juicio del 'procés' en el Tribunal Supremo. (EFE)

Ha comenzado la vista oral del procedimiento que se sigue contra un grupo de políticos catalanes. No hace falta extenderse sobre el objeto del proceso (calificar los sucesos del 1 de octubre de 2017). Será un juicio largo, rodeado de tensión, en la calle y en los medios, pues desde el primer día el despliegue de atención y seguimiento es espectacular. Ya veremos si el interés y la tensión se mantienen durante toda su duración. Nada más lejos de mi intención que opinar sobre lo que pasará o debiera pasar, ni sobre cuál vaya a ser o debiera ser el contenido del fallo, pues eso sería totalmente impertinente, respetando, como es lógico, a los colegas que lo han hecho, individualmente o como grupos de expertos, que se han pronunciado calificando los hechos como les ha parecido adecuado.

La llamada opinión pública —que en realidad no es ni opinión ni pública, sino informaciones intencionadas presentadas como sentimiento popular, en un sentido u otro, por lo que lo justo sería hablar de 'opiniones públicas'— lleva ya tiempo tomando posiciones sobre cuál ha de ser el fin de ese proceso, caldeando el ambiente en el que se desarrollarán las sesiones. Dada la naturaleza del asunto que se juzga, es inevitable que eso suceda, y, por razones similares, es inevitable también que se 'celebren' un buen número de 'juicios paralelos', en emisoras de radio, cadenas de televisión, páginas de los periódicos; y en cada uno de ellos se dirán cosas distintas, sensatas o no, atinadas o desquiciadas, jurídicamente admisibles o inaceptables. Pero eso forma parte de la 'cultura' de nuestro tiempo.

Foto: Vista general de la Sala de Plenos del Tribunal Supremo donde se ha iniciado el juicio del 'procés'. (EFE)

Cuestión diferente, y que solo se vive en Cataluña, es el clima creado en torno a este grave episodio. Un ambiente salpicado de incidentes de variados colores e intensidades, acompañado de soflamas cargadas de amenazas de diferente signo, todo lo cual genera sentimientos encontrados entre los ciudadanos, que van desde la indiferencia y el hastío a la convicción de que será un punto de inflexión de la reciente historia y, a partir de ahí, se abrirá un tiempo diferente, de victoria o de desastre, según sea quien opine. Pero de todo eso ya habrá tiempo de hablar.

Lo realmente preocupante, en estos primeros pasos del proceso, es el juicio paralelo. En puridad, un juicio paralelo no es ni la información sesgada ni la crítica a las decisiones judiciales; es la información, debate, coloquio, etc. que busca la reconstrucción libre o la propia versión de un suceso, buscando también libremente a responsables y a víctimas, con independencia de lo que aprecie o admita el sistema judicial, y, si se tercia, en contra, abiertamente, del rumbo de la investigación oficial o del proceso. En sí mismo, no es objetable, en el marco de una sociedad con libertad de criterio. Pero no hay que caer en la ingenuidad de olvidar que, con frecuencia, el juicio paralelo persigue presionar a los tribunales, amén de hacer exhibición de lo que una discusión 'decidida y libre', como, por definición, es la extraoficial, puede conseguir.

Protestas en Barcelona en el arranque del juicio del 'procés'

Por eso mismo, el juicio paralelo, en la medida en que pretenda enfrentar a la sociedad a dos verdades diferentes, la 'libre' y la judicial, todo en nombre de la libertad de información, roza gravemente el derecho de la sociedad toda a que se garantice la independencia del poder judicial, y eso comporta también un interés general en que este no sea presionado, y nadie es capaz de sostener que con algún juicio paralelo no se pretende influir en el tribunal, al margen de que sus impulsores lo logren o no. Otro interés que puede dañarse es el derecho del ciudadano a recibir información objetiva, pero esa es otra cuestión, ligada pero distinta.

Por supuesto que no pongo en duda la importancia fundamental del derecho a la libre crítica de las decisiones judiciales. Al contrario: la crítica es buena, y la difusión de informaciones sobre la actividad de los tribunales y el aplauso o censura de sus acuerdos y fallos contribuyen a que la jurisdicción se sienta observada y vigilada por la ciudadanía, que de ese modo ejerce una presión orientada, y ese es el punto central y necesario, a que los jueces y tribunales satisfagan la expectativas que en ellos se depositan por voluntad de la Constitución, del ordenamiento jurídico general y como depositarios últimos de la tutela de los derechos e intereses personales y generales.

Si un medio de comunicación decide, en legítimo uso de su libertad empresarial, sin olvidar su adscripción ideológica, organizar, con el 'formato' que le plazca o le sea útil, un juicio paralelo, nada hay que objetar, pues entra en su actividad normal y, además, goza de la tutela constitucional a la libertad de crítica. Pero eso no tiene nada que ver con la presión claramente orientada a imponer o exigir una decisión o a descalificar, sin argumento jurídico alguno, las que se tomen.

Foto: Vista del lugar que ocupará la presidencia en la Sala Penal del Tribunal Supremo donde tendrá lugar el juicio del 'procés'. (EFE)

Los juicios paralelos, por otra parte, y prescindiendo del modo y del medio en que se escenifiquen o celebren, nacen ante el incuestionable hecho de una demanda del producto. Es evidente que presentan aspectos preocupantes, pues a veces son procesos informativos tácita o expresamente dirigidos a exigir un fallo a gusto de quien lo organiza, que anticipa su futura crítica cuestionando la confianza o fomentando la desconfianza en el tribunal, y eso vale tanto para los que opinan de un modo o del modo totalmente contrario acerca de cuál debe ser el fallo 'justo'.

El Tribunal Constitucional ha destacado la importancia que tiene la difusión de opiniones e informaciones para la formación de la opinión en una sociedad democrática, pero ese noble objetivo, que legitima el derecho a dar y recibir información y opinión, se corrompe cuando la meta perseguida no es esa, sino la de expandir la idea de que existe una 'auténtica' justicia del pueblo —por cierto, otro concepto indescifrable por ambiguo— que es diferente de la justicia de los juristas y los jueces, y ni siquiera persigue la verdad razonable, pues el objetivo del descrédito a la Justicia apoyada en las leyes solo es imponer lo auténticamente justo, que será, por supuesto, lo que hayan decidido los impulsores u organizadores del espectáculo mediático.

Ese es el punto álgido en el tema de los juicios paralelos, que aparece cuando se detecta que el objetivo esencial, expreso o escondido, es llegar a una verdad diferente de la que se pueda alcanzar por los cauces procesales y jurisdiccionales, y así, desde ella, calificar de injusto el veredicto que no se ajuste a sus deseos. En el paquete irá la descalificación del sistema judicial en su conjunto, y los insultos a los jueces concretos.

Son muchos los preocupados por el impacto que puedan tener esos espectáculos, apoyados en la teoría de que hay una justicia diferente de la legal

Son muchos los que en España están preocupados por el impacto que puedan tener esos espectáculos, apoyados en la teoría de que hay una justicia diferente de la legal, idea que en abstracto se puede compartir, sin olvidar la variabilidad de concepciones de lo justo. Decía Radbruch, en relación con el sistema legal nazi, que hay leyes que no son derecho y hay derecho por encima de las leyes, pero eso no es admisible en un Estado organizado constitucionalmente, como es el nuestro, a pesar de que algunos lo nieguen, y, por eso mismo, la discrepancia sobre lo justo y lo constitucional no se puede traducir en una especie de legitimación del 'todo vale', sino en el rechazo a la ley en el momento del debate parlamentario o en su impugnación ante el TC.

Lo que no se puede pedir es que se dicten fallos fundados directamente en la singular o visceral idea de lo 'justo' que, al margen de las leyes, pueda tener cada grupo social o ideológico, y, por desgracia, esa es la música que ya está sonando en el caso que da origen a estas líneas.

*Gonzalo Quintero Olivares, catedrático de Derecho Penal.

Ha comenzado la vista oral del procedimiento que se sigue contra un grupo de políticos catalanes. No hace falta extenderse sobre el objeto del proceso (calificar los sucesos del 1 de octubre de 2017). Será un juicio largo, rodeado de tensión, en la calle y en los medios, pues desde el primer día el despliegue de atención y seguimiento es espectacular. Ya veremos si el interés y la tensión se mantienen durante toda su duración. Nada más lejos de mi intención que opinar sobre lo que pasará o debiera pasar, ni sobre cuál vaya a ser o debiera ser el contenido del fallo, pues eso sería totalmente impertinente, respetando, como es lógico, a los colegas que lo han hecho, individualmente o como grupos de expertos, que se han pronunciado calificando los hechos como les ha parecido adecuado.

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