El éxito fraudulento de los trasplantes

La realidad que hay detrás de los trasplantes se oculta a la ciudadanía, sustrayéndola del derecho a una información transparente y veraz

Foto: Imagen de archivo de un trabajador trasladando dos neveras con órganos para ser trasplantados. (EFE)
Imagen de archivo de un trabajador trasladando dos neveras con órganos para ser trasplantados. (EFE)

Los registros que publica el Consejo de Europa dando cuenta de la actividad mundial de donación y trasplante de órganos, desmienten sin paliativos el escenario triunfal que la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y el Ministerio de Sanidad despliegan todos los años al presentar los resultados del sistema español de trasplantes.

Un desmentido rotundo pero ignorado por los medios (tan críticos en otros asuntos), los colegios de médicos, las organizaciones profesionales y los sindicatos. Contemplamos atónitos que nadie impugne la crónica de la Administración, nadie cuestione su impostura y asistan todos calladamente a la representación.

La realidad que hay detrás de los trasplantes se oculta a la ciudadanía, sustrayéndola del derecho a una información transparente y veraz. Una suerte de omertá encubre el fraude que sostiene y alimenta el sistema español de trasplantes, un fraude que hay que descubrir en todas sus variantes:

Fraude informativo.

La ONT acaba de afirmar por enésima vez que España es líder mundial en trasplantes durante 27 años consecutivos. Radicalmente falso. Solo posee el título desde 2015. Antes lo fueron Austria (11 años), Estados Unidos (9), Bélgica (3) y Noruega (2). Es decir, la Administración se adjudica fraudulentamente un récord inexistente. Pero más grave aún es omitir que Estados Unidos realiza casi tantos trasplantes con 33% menos donantes, mejor elegidos: los donantes no útiles (13%) y los órganos desechados (24%) en España son el triple y el doble porque más de la mitad de los donantes tienen más de 60 años (el 31% más de 70 y el 9% más de 80), mientras que en Estados Unidos solo la cuarta parte tienen más de 50 años (el 4.9% más de 65). Aparte de su ineptitud en exceso, los trasplantes de órganos envejecidos presentan más rechazo agudo y más complicaciones.

La ineficiencia del modelo español está ligada a la existencia de jugosos incentivos por proceso que perciben médicos, enfermeras y coordinadores

Un análisis detallado de la supervivencia de estos trasplantes, demandado hace nueve meses en 'The New England Journal of Medicine' por eminentes cirujanos de la Universidad de Harvard y el Hospital Johns Hopkins, resulta capital antes de ponderar la política de donación de órganos en nuestro país. Pero la ONT no incluye estos datos en sus memorias de actividad. Tampoco la evolución comparada de la lista de espera: mientras que en España apenas ha sufrido variación, en Austria, Bélgica, Holanda, Reino Unido o Croacia ha disminuido en los últimos 15 años entre un 20% y un 50%. Lo cual significa que un paciente tiene cada vez menos probabilidad de ser trasplantado en España que en otros países europeos.

Una realidad incómoda que las autoridades han ocultado a la opinión pública al tiempo que sostienen con trofeos espurios la creencia en una supuesta excelsitud del sistema.

Fraude presupuestario.

La ineficiencia del modelo español está íntimamente ligada a la existencia de jugosos incentivos por proceso que perciben los médicos, enfermeras y coordinadores de trasplantes (unos 1.000 profesionales en todo el país). Gracias a estos incentivos, únicos e irregulares en el Sistema Público de Salud, sus nóminas duplican y hasta en ocasiones triplican las de los demás profesionales.

Las consejerías de Sanidad pactan partidas sin control presupuestario con los hospitales, al margen de parlamentos y gobierno autonómicos

El resto de empleados, aún pudiendo realizar un trabajo tanto o más meritorio (por poner solo un ejemplo, cirugía neonatal de alta complejidad en malformaciones congénitas de la vía aérea, pulmonar y digestiva), solo cobran el salario ordinario sin incentivos extra. La ONT no explica la razón por la que los trasplantes deban ser considerados una tarea que haya que separar del resto y remunerar aparte. Pues es claro que no solo de trasplantes depende la salud de los ciudadanos. Sin embargo, se destinan cuantiosos fondos, cerca de 100 millones de euros al año (más de 2.000 millones en los 30 de historia de la ONT), para potenciar y estimular financieramente esta actividad en detrimento de un sistema público de salud abrumado por numerosas necesidades insatisfechas (con dicha cantidad podría dotarse, por ejemplo, un hospital público de 200 camas).

Unas partidas sin control presupuestario, pactadas por las consejerías de Sanidad con los hospitales al margen de los parlamentos y los gobiernos autonómicos. Y que adolecen de graves deficiencias denunciadas, entre otros, por la Cámara de Comptos de Navarra, la Intervención General de Asturias y la Cámara de Cuentas de Aragón, cuyos informes consideran no ajustados a la legalidad los incentivos que perciben los profesionales de los trasplantes. En suma, irresponsabilidad financiera por valor de millones de euros, un fraude de ley que sobrevive a los distintos gobiernos y administraciones sin que nadie considere pertinente desmontar.

Fraude ético.

Los incentivos por proceso son moralmente inadmisibles.

Tanto el Juramento hipocrático como el Código de ética y deontología médica condenan el lucro a expensas del altruismo de los donantes

Un sistema de 'pago por acto' incentiva a hacer más, sea o no necesario, justo lo contrario de lo que se necesita para tratar de contener el gasto evitable (el que no aporta valor al paciente). Ningún país occidental admite estos incentivos, y en el caso de los países nórdicos los prohíben estatutariamente. Discriminan a unos profesionales frente a otros y genera graves desigualdades. Además, se sufragan de manera encubierta.

En Andalucía se paga casi 3.000 euros por cada donante detectado, 1.500 por cada órgano extraído y entre 4.500 y 8.000 por cada órgano implantado. Si fueran tan legítimos como afirma la ONT, ¿por qué se ocultan deliberadamente a las familias cuando se les solicita el consentimiento para la donación? La declaración de potenciales conflictos de intereses es una obligación deontológica. Tanto el Juramento hipocrático como el Código de ética y deontología médica condenan el lucro a expensas del altruismo de los donantes. ¿A qué esperan los Colegios de Médicos, con la Organización Médica Colegial al frente, para intervenir en un asunto que es de su plena incumbencia?

Rafael Bornstein Sánchez, Hospital Central de la Cruz Roja San José y Santa Adela

Tribuna

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