Europa responde al desafío

Y las previsiones muestran un futuro desolador. Se puede comprobar en el reciente informe especial del IPCC sobre las repercusiones de un calentamiento global de 1,5°C, que nos sitúa ante una decisión inexorable: o actuamos de manera colectiva y urgente para realizar una transformación sin precedentes de nuestro modelo de desarrollo para combatir el cambio climático o enfrentaremos sus peores consecuencias.

Los negacionistas recalcitrantes (pocos, aunque en algunos casos con mucho poder de decisión) encuentran cada vez mayores dificultades para discutir las evidencias de los impactos negativos del cambio climático que estamos sufriendo en todo el mundo de forma cada vez más virulenta y con mayor frecuencia. Impactos que, además, recaen en mayor medida sobre los países más pobres, los cuales tienen menor responsabilidad en las causas del mismo.

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Con todo, la Agencia Europea del Medio Ambiente advierte de que las regiones de Europa no son ajenas a estos graves riesgos, encontrándose nuestro país en primera línea de exposición. Las pérdidas medias anuales en la Unión Europea causadas por los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos en esta década ascienden a unos 12.800 millones de euros. Y no es la peor ni la mayor pérdida: la contaminación del aire provoca más de 400.000 muertes prematuras anuales en Europa.

El Acuerdo de París ha supuesto un éxito del multilateralismo, de la actuación global. Sin embargo, más de tres años después, el camino por recorrer sigue siendo muy largo, no solo por el cuestionamiento del mismo por parte de Estados Unidos o Brasil, sino por la propia falta de ambición de las contribuciones realizadas por los países firmantes, que se encuentran muy alejadas de las metas marcadas, tal y como advierte la ONU. Prueba de que no estamos haciendo lo suficiente son datos como los que acaba de publicar la Agencia Internacional de la Energía, constatando que las emisiones mundiales de CO2 relacionadas con la energía han marcado un máximo histórico en 2018 -Europa es la única región donde han disminuido-, o el nuevo pico histórico de concentración de dióxido de carbono -415 ppm, frente a las 280 ppm de la era preindustrial- alcanzado este mes de mayo.

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A pesar de lo dicho, lograr el objetivo de París es técnicamente posible, pero la ventana de oportunidad se está cerrando. Tenemos la tecnología, los datos prueban que es económicamente rentable, pero nos estamos quedando sin tiempo debido, entre otras cuestiones, a la falta de voluntad política.

En la UE, como tercer mayor emisor de gases de efecto invernadero (GEI) por detrás de China y Estados Unidos, llevamos años trabajando para avanzar hacia una transición energética que nos permita descarbonizar la economía. Y ese trabajo ha dado frutos: hemos logrado desacoplar nuestras emisiones del crecimiento económico, de manera que en el periodo 1990-2017 hemos reducido nuestras emisiones en un 22%, mientras que el PIB ha aumentado más de un 58%. Dicho de otra manera, Europa consume hoy menos energía, de forma más eficiente y más limpia, con una economía sustancialmente más grande y moderna que la de hace 20 años.

Gran parte de la regulación que ha contribuido a este éxito fijaba su horizonte de actuación en el año 2020. Y para dar continuidad a las políticas energético-climáticas ha sido necesario plantear un nuevo marco regulatorio de cara a la próxima década. Europa ha sido fuerza tractora de la transición energética en el pasado y acaba de sentar las bases para seguir siendo el actor global principal y el ejemplo a seguir en la transición hacia una economía descarbonizada.

Lograr el objetivo de París es técnicamente posible, pero la ventana de oportunidad se está cerrando

En el largo plazo, la Unión Europea ha dado el primer paso para establecer, de forma pionera, la estrategia para alcanzar una economía neutra en carbono en 2050. En el medio plazo, se ha avanzado considerablemente, pues acaba de concluirse la actualización de la regulación y los objetivos climáticos y energéticos de cara a 2030, donde el Parlamento Europeo ha jugado un papel crucial al forzar a los Estados miembros a elevar los objetivos. Prueba de ello es que existe un amplio consenso en que el objetivo inicialmente marcado en 2014 por la UE de reducción de emisiones en un 40% para 2030 se ha quedado obsoleto no solo para cumplir con el objetivo de París, sino también porque los nuevos objetivos marcados a 2030, entre otros en los ámbitos de penetración de renovables o eficiencia energética, nos llevarán a una reducción del 50%, tal y como recientemente ha publicado el 'think tank' Sandbag. Urge, por tanto, revisar al alza el objetivo de reducción de emisiones europeo de 2030.

Como decía, Europa ha concluido en esta legislatura una actualización profunda de su marco regulatorio. Entre las acciones más destacadas se encuentra la reestructuración del sistema de comercio de emisiones de gases de efecto invernadero de la UE (ETS), el instrumento económico más importante para la reducción rentable de las emisiones en la industria europea. Esta reforma ya está dando sus frutos, a la vista del incremento del precio de los derechos de emisión, por encima de los 20 €. Complementariamente, también hemos acordado los objetivos -el reparto de esfuerzo- para la reducción de las emisiones en los sectores no cubiertos por el ETS.

Igualmente, se ha actualizado el marco regulatorio europeo en materia de energía para la próxima década. A través del paquete de energía limpia se ha modernizado el sistema energético y se ha posicionado a la UE como líder global de la transición hacia una economía neutra en carbono con reglas y objetivos claros ya en vigor que representan, además, una oportunidad para estimular las inversiones y la innovación asociada, aumentar la seguridad energética y crear puestos de trabajo cualificados, mejorando la competitividad y reduciendo las emisiones.

Si algo hemos tenido muy en cuenta, ha sido la necesidad de que nadie quede atrás en la transición energética

Este paquete, entre otros aspectos, establece un nuevo diseño del mercado de la electricidad y actualiza las directivas sobre eficiencia energética y energías renovables, con el objetivo de facilitar la integración de las mismas, aumentar la eficiencia energética, evitar subsidios a las centrales contaminantes y crear una oferta más amplia y un papel más activo para los consumidores. La UE ha acordado que el 32% del consumo energético sea renovable para 2030 y se ha fijado una meta de eficiencia energética del 32,5%. Unos objetivos sustancialmente mayores a los propuestos inicialmente, que son reflejo de la enorme reducción de costes de las tecnologías limpias y que se acompañan de cláusulas de revisión al alza en 2023, precisamente por la necesidad de no poner coto a una mayor ambición contra el cambio climático.

Asimismo, se ha puesto en marcha un nuevo instrumento europeo para la coordinación de las acciones que garanticen el cumplimiento de los objetivos en materia energética y climática: el reglamento de gobernanza. Este reglamento establece, de forma transparente, la manera en la que los países de la UE y la Comisión deben planificar y trabajar juntos para alcanzar los objetivos de la Unión de la Energía.

No obstante, si algo hemos tenido muy en cuenta durante las negociaciones de este nuevo paquete regulatorio ha sido la necesidad de que nadie quede atrás en la transición energética. Porque esta solo se alcanzará si es justa. Por ello, hemos luchado para incorporar medidas contra la pobreza energética y de apoyo a los hogares vulnerables, así como herramientas para facilitar la reconversión de las regiones más dependientes de los combustibles fósiles.

También hemos desplegado una intensa acción política para impulsar la descarbonización del sector del transporte, actualmente responsable de una cuarta parte de las emisiones en Europa.

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El transporte es el único sector donde las emisiones han crecido durante las últimas dos décadas. Para revertir esta situación, entre las medidas destacadas se encuentran promover la energía limpia renovable en el sector o las nuevas normas de reducción de CO2 para turismos, furgonetas y vehículos pesados, con objetivos de reducción de emisiones e incentivos para la transición hacia la movilidad neutra en carbono. Se trata también de una oportunidad para la mejora de la competitividad de la industria europea.

Pero el trabajo no acaba aquí, ni siquiera con el reto de la elaboración de la estrategia a largo plazo para una economía climáticamente neutra en 2050. Queda mucho por hacer, por ejemplo, en el plano de la fiscalidad energético-ambiental, uno de los instrumentos cruciales para conseguir una exitosa transición a una economía descarbonizada a mediados de siglo. El éxito en la labor pendiente dependerá en gran medida del nuevo Parlamento Europeo y de la nueva Comisión Europea, y del peso que logren quienes creen que la acción climática debe ser una de las principales prioridades para Europa.

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Europa, por tanto, ha tomado conciencia de la necesidad, de la urgencia de una acción ambiciosa contra el calentamiento global, como lo prueban las demandas expresadas por la sociedad europea en el Eurobarómetro o el alentador movimiento estudiantil que semana tras semana reclama una acción decidida para preservar nuestro planeta.

Ante una tendencia que rechaza el multilateralismo para solucionar los problemas globales, dando la espalda a los compromisos internacionales alcanzados, hay que decir y reivindicar que la Unión Europea está asumiendo el liderazgo no solo de palabra, sino con hechos. Es nuestra responsabilidad, y también una oportunidad. Pero si queremos tener éxito, es imprescindible hacerlo de forma justa e inclusiva, implicando a todos, no dejando atrás a nadie, avanzando hacia un modelo de desarrollo sostenible que preserve nuestro planeta y respete sus límites. Y con ambición. Con toda la ambición.

* José Blanco López es exministro y ponente de la directiva de fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables.