Seguridad Social. Ni apocalipsis, ni cuentos

La evolución de ingresos y gastos de la Seguridad Sociald, presenta una evolución de interés en los últimos meses, pese a la evidente parálisis en la actual coyuntura política

Foto: La candidata al Congreso del PSOE por Guadalajara y ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio. (EFE)
La candidata al Congreso del PSOE por Guadalajara y ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio. (EFE)

Si se repasan los digitales del 25 de junio y la prensa del 26, la mayoría de las noticias destacan, una vez más, un dato cierto, conocido y previsible: la nómina de pensiones es creciente, tanto en número de pensionistas (acceden a una pensión más personas de las que dejan de percibirla), como en cuantías medias (las nuevas pensiones son más elevadas de las que causan baja). Sin embargo, la inercia periodística no siempre destaca cuestiones que nos indican los datos de ejecución presupuestaria en lo que va de 2019, señalando algunas cosas, aún escasas, que se han empezado hacer y otras que se pueden y deben hacer.

La evolución de ingresos y gastos de la Seguridad Social, a la vista de los últimos datos disponibles, presentan una evolución de interés en los últimos meses, pese a la evidente parálisis en la actual coyuntura política, de la que se pueden extraer algunas conclusiones que refuerzan que es necesario seguir actuando, eso sí de forma más coherente, para equilibrar la situación financiera de la Seguridad Social, trasladar a la sociedad mensajes más ponderados y constructivos sobre la misma y responder adecuadamente a los discursos sobreactuados de no pocas personas expertas, a veces supuestamente, que de todo hay.


La nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social, al 1 de junio de 2019, asciende a 9.644,34 millones de euros. Esto es, en términos homogéneos, un 5,1% más que en el mismo mes de 2018. Términos homogéneos porque la subida de pensiones de 2018 se produjo en julio y, por tanto, la diferencia entre la última nómina y la del mismo mes del año anterior, un 7,04% incluye dos revalorizaciones, la de 2018 y la de 2019, efecto que se corregirá a partir de julio y que debemos tener en cuenta para hacer una comparación rigurosa. Por tanto, incremento de la nómina en los últimos 12 meses, como reconoce el propio Gobierno, un 5,1%.

Por el lado de los ingresos, debemos tomar los datos de ejecución presupuestaria a 30 de abril, últimos publicados, En ellos vemos que los ingresos de la Seguridad Social, procedentes de cotizaciones, están mejorando de forma perceptible. Así, frente a un incremento de los ingresos por cotizaciones en el primer cuatrimestre de 2018 de un 5,56%, en el mismo periodo de 2019 el incremento de ingresos por cotizaciones es de un 8,1%, o lo que es lo mismo, 952,06 millones de euros adicionales de ingresos sobre los que hubiera habido de mantenerse el ritmo de crecimiento del año anterior. Si este ritmo se mantuviese el resto del año, los ingresos adicionales por cotizaciones se aproximarían a los 3.000 millones de euros.

Por tanto, los ingresos por cotizaciones, es decir los procedentes del mercado de trabajo, están creciendo por encima del crecimiento de los gastos. Buena noticia, pero no es por casualidad. Han ocurrido unas pocas cosas, aún muy pocas, que lo justifican y señalan algunos de los márgenes de actuación que tenemos.
¿Cuáles son las razones de este mejor comportamiento de los ingresos por cotizaciones?

Si este ritmo se mantuviese el resto del año, los ingresos adicionales por cotizaciones se aproximarían a los 3.000 millones de euros.

  1. Por supuesto el incremento del empleo que venimos teniendo en los últimos años contribuye a ello, si bien menos de lo que debiera por la muy mejorable calidad del creado.
  2. El incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), desde el inicio de 2019, en un 22,03%, hasta los 900 € mensuales por 14 pagas, adelanta un año e incrementa en 50 euros lo acordado por las organizaciones sindicales y empresariales con el Gobierno anterior, acercándonos también al objetivo acordado en el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, firmado por CCOO, UGT, CEOE y CEPYME, que establece el compromiso y el objetivo de alcanzar 1.000 euros de salario mínimo de convenio para 2021. Este incremento del SMI, además de mejorar la retribución directa de 1,5 millones de personas, supone un sensible incremento de cotizaciones a la Seguridad Social y de sus pensiones futuras.
  3. La subida de la base máxima de cotización a la Seguridad Social en un 7%, con efectos de 1 de enero de 2019, también tiene un impacto relevante. 1.200.000 personas cotizan por ese límite máximo, o lo que es lo mismo, tienen ingresos superiores al mismo que se encuentran al margen de la obligación de cotizar. Este incremento, que no ha tenido traslación alguna a la pensión máxima, significa un incremento neto de ingresos, sin correspondencia futura en el gasto, sin perjuicio de que ello resulte sin duda discutible
  4. También ha mejorado su aportación el incremento salarial medio pactado en la negociación colectiva. La firma el 5 de julio de 2018 del citado IV AENC, está teniendo un impacto relevante en la suscripción de nuevos convenios colectivos, pasando de incrementos salariales en torno al 1,5% a la realidad actual donde la media de convenios suscritos se sitúa entre el 2 y el 2,5%. Por su parte, el II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y las Condiciones de Trabajo suscrito el 9 de marzo de 2018, ha permitido que el incremento salarial del empleo público sea desde el 1 de enero de 2019 de un 2,25%, lo que también favorece el incremento de ingresos por cotizaciones.


En resumen una mejora de ingresos por cotizaciones, que supera el incremento del gasto en pensiones y contribuye, aún poco, a reducir la diferencia actualmente negativa entre ingresos por cotizaciones y gasto en prestaciones contributivas.

El mismo impacto veíamos hace unos días cuando el INE publicó la Encuesta Trimestral de Coste Laboral, que indicaba que el coste salarial se incrementaba en un 1,7% respecto al mismo periodo de 2018 y el coste laboral (que incorpora como elemento adicional principal las cotizaciones a la Seguridad Social), superaba esa cifra hasta alcanzar el 2,1%.

En sentido negativo hemos de indicar la nula aportación a esas cifras positivas de las cotizaciones al Régimen Especial de Autónomos (RETA), frente a las buenas cifras del Régimen General de la Seguridad Social (RGSS). Este último ha incrementado los ingresos por cotizaciones en el primer cuatrimestre del año en un 9,02%, mientras que el RETA lo ha hecho tan solo en un 2,73%. La causa fundamental de esta disparidad es la incorrecta actuación del Gobierno en el paquete de medidas aprobadas en diciembre para definir las bases y tipos de cotización del RETA. Se incrementan los tipos para nuevas coberturas obligatorias, pero no se actúa sobre la base de cotización que es la que determina la protección social de este colectivo, claramente inferior a la del RGSS.

Además, se ha incumplido el compromiso como recuerdan, al menos, CCOO y la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), de abordar para el RETA en el primer semestre de 2019 una modificación de las cotizaciones para que pasen a estar, como en el RGSS, vinculadas a los ingresos reales y no a una base de cotización de libre elección que solo beneficia a las personas con mayor capacidad de planificación y más elevados ingresos.

En ese contexto de mejora de ingresos por cotizaciones en el RGSS, el Gobierno ha anunciado que no recurrirá al Fondo de Reserva de la Seguridad Social para abonar la nómina de junio y paga extraordinaria de verano que, junto con las retenciones a ingresar en Hacienda, sitúan el gasto en pensiones en el próximo mes en más de 19.000 millones de euros. Es una buena noticia, pero aún muy insuficiente.

Es preciso retornar al marco de consenso político y social que rompió la reforma de pensiones aprobada sin consenso alguno por el Gobierno del Partido Popular en 2013. Para ello, además de corregir esa reforma, debe actuarse de manera decidida sobre los ingresos de la Seguridad Social, profundizando en medidas como las aquí indicadas para aumentar los ingresos por cotizaciones, además de incrementando las aportaciones procedentes del presupuesto, tal y como, por otro lado, prevé la propia Ley General de Seguridad Social, abandonando cuanto antes esa engañosa figura de los préstamos sin intereses del Tesoro a la Seguridad Social, que responden a motivaciones distintas, que no es cuestión aquí abordar, que a la de financiarla presupuestariamente.

Sitúan el gasto en pensiones en el próximo mes en más de 19.000 millones de euros. Es una buena noticia, pero aún muy insuficiente.

Equilibrar en un plazo corto de tiempo los ingresos y gastos del sistema de pensiones sería muy útil para recuperar los marcos de consenso amplios, que la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo acuerde nuevas recomendaciones y el nuevo Gobierno (que es deseable se constituya pronto, con estabilidad suficiente y un programa de progreso) e interlocutores sociales, con la responsabilidad que resulta exigible, asuman el reto de recuperar la senda de concertación en esta materia.

Todo ello con un fin, garantizar una cobertura comparable del sistema de pensiones entre distintas generaciones, más o menos numerosas. Reforzando así, su legitimidad entre quienes lo financian durante toda su vida (con cotizaciones e impuestos en la etapa activa, e impuestos después) y lo perciben durante una parte de su existencia.
Negar la realidad es una mala práctica y el sistema de pensiones tiene retos innegables que no se resuelven ni con voluntarismo ni con declaraciones altisonantes, pero las soluciones son diversas, posibles y la equidad intergeneracional no pasa necesariamente por reducir notablemente la cobertura de los pensionistas actuales y futuros.

*Carlos Bravo Secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO.

Tribuna
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