La inseguridad en Barcelona

Si de verdad se quiere hablar del problema de la inseguridad y sus causas, mejor será relativizar la importancia de carteristas, timadores... y pasar a otros terrenos más graves

Foto: Vecinos de la Barceloneta se manifiestan para exigir al Ayuntamiento de Barcelona más medidas para frenar el incivismo y la inseguridad. (EFE)
Vecinos de la Barceloneta se manifiestan para exigir al Ayuntamiento de Barcelona más medidas para frenar el incivismo y la inseguridad. (EFE)

Es cosa sabida que la clase política española —excepciones, las que se quiera— no destaca por su nivel de formación, y ahorro al lector los datos oficiales sobre estudios y dedicaciones profesionales ajenos a la política, porque son desoladores. Así las cosas, a nadie ha de extrañar que sea gente poco imaginativa y que ciertos temas se repitan impúdicamente en cada campaña electoral, para luego regresar a un segundo plano de interés. Un tema fijo en el repertorio es la inseguridad ciudadana y la blandura o dureza de las leyes penales. Si, además, se encadenan los procesos electorales, el espectáculo está garantizado. Y otra cosa: da igual que se trate de elecciones municipales, nacionales o europeas, el tema saldrá siempre a la palestra.

Con ocasión de la reciente formación del nuevo Ayuntamiento de Barcelona, e, incluso, durante la campaña que precedió a ese momento, un tema estrella fue el de la mutua imputación de la responsabilidad por la inseguridad ciudadana que se percibe en la capital de Cataluña, lo cual no ha de tomarse como cuestión de interés local, pues en el origen de las últimas reformas del Código Penal, desde el año 2003 al año 2015, dirigidas a los “pequeños delitos” de hurto y robo, estaba precisamente la sobredosis que de esos hechos había en las grandes ciudades, con Barcelona a la cabeza, y no solo en España, pues la llamada 'criminalidad de bagatela' abunda en toda Europa.

La inseguridad en Barcelona

Las ideas circulantes no son novedosas: hay una infección de pequeños delincuentes, los delitos menores contra la propiedad tienen un costo punitivo nulo, el sistema judicial no está a la altura de la gravedad del problema, y la Policía se desmoraliza al ver cómo los detenidos son puestos en libertad al poco de su presentación ante la Justicia penal, y, en fin, que eso crea un efecto llamada a raterillos de todo el planeta, a los que se invita a instalar su residencia y sede profesional en la ciudad.

Nada de eso es nuevo, y, salvo que se cancele la memoria, ha sido una reiterada cantinela, además, muy grata a los partidos de 'orden', que jamás renuncian a esa clase de polémicas, en las que entran con paso firme y 'soluciones claras', reclamando prisiones sin apenas juicios y, a ser posible, cadenas perpetuas, tosca exhibición de musculatura punitiva que solo produce tedio, especialmente cuando se contempla el nivel de deterioro del derecho en todos los órdenes, y no me refiero solo al derecho penal. Sobre esto último ya regresaré en otra ocasión.

Claro que es grave el problema de la pequeña delincuencia transformada en plaga bíblica, que las leyes penales españolas afrontan como pueden, estableciendo castigos que, sin duda alguna, se inscriben entre los más duros de Europa, incluyendo específicos tratamientos punitivos para reincidentes y multirreincidentes. Cuestión diferente —que ha llevado a la alcaldesa de Barcelona a la enormidad de decir que los jueces no aprecian la reincidencia, lo cual es falso— es que la interpretación, hoy dominante aunque no la única posible, sobre los requisitos de la figura especial de multirreincidencia en hurtos deje fuera de valoración los antecedentes por delitos leves, lo cual da lugar a que se queden fuera del alcance de la norma precisamente la clase de casos para la que en su momento se introdujo la reforma en el Código Penal para hurtos y robos.

La pequeña criminalidad es un problema político-criminal específico por razones cuantitativas, sin duda alguna. Luchar contra ella requiere muchos esfuerzos y los mejores remedios no pasan, en primer lugar, por la ley penal, aunque no se puede prescindir de ella. Aunque sean infracciones de baja cuantía han de ser castigadas, tanto por la necesidad de respuesta como para desanimar a que otros se animen a unirse al grupo, así como neutralizar al convicto para evitar la recaída en el delito, sin caer en la tentación de querer 'limpiar' la ciudad con la ayuda de las leyes penales, pues tratar la pequeña delincuencia a cañonazos no pasaría de ser un programa de intenciones condenado al ridículo.

Mas el problema al que me refiero no es ese, sino atribuir la mentada inseguridad a esa clase de delincuencia, que sin duda exige respuesta, cansa al ciudadano y tiene malas consecuencias para muchos sectores, como, por ejemplo, el turístico. Pero a eso no se reduce la inseguridad ciudadana que padecen las grandes ciudades, que es otra cosa, que tampoco tiene que ver con el orden público, ni con la llamada 'paz pública', sino algo más complejo que se nutre de dos dimensiones, la primera, por supuesto, es la razonable ausencia de temor o prevención a circular por cualquier lugar de la ciudad, con la confianza de que no surgirá violencia ni directa ni ambiental con la que se quiera forzar la propia voluntad o libertad. Pero la segunda es la convicción de que los poderes públicos cumplen realmente con su obligación e implementan políticas públicas de prevención orientadas a enviar un mensaje de seguridad al ciudadano.

Centrados en esa clase de idea de la inseguridad, que en el fondo se concreta en la mengua de la indemnidad y seguridad personal, es fácil convenir que esa no es una consecuencia de la pequeña criminalidad, sin que esta deje de preocupar, y no solo por el tema del turismo. Pero si de verdad se quiere hablar del problema de la inseguridad y sus causas, mejor será relativizar la importancia de rateros, descuideros, carteristas, mangantes, timadores, manilargos y buscones, y pasar a otros terrenos más graves: las bandas del Este o de donde sea, la progresiva implantación de 'maras', al peor estilo latinoamericano, el imparable flujo de 'menas' procedentes, en su mayoría, del norte de África, las bandas que controlan la prostitución y la distribución de drogas, que, a su vez, cuentan con su importante organización urbana, y podríamos seguir.

Cuando se trata de la inseguridad con esa óptica, ya nadie se atreve a culpar al sistema judicial o policial, porque el problema se ve demasiado grande como para reducirlo a una cuestión de diagnósticos y remedios legales. Pero eso, a su vez, es incorrecto, pues también de ese problema han de responder todos, y al decir todos me refiero no solo al mundo togado, sino e este y al conjunto de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, policía municipal, autonómica, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, cada uno en su círculo competencial, y sin la patética tendencia a culpar al otro.

Luego, claro está, surgen problemas más espinosos y cuesta más saber quién pone el cascabel al gato: acabar con narcopisos, con zonas dejadas de la mano policial, cuya presencia no pasa de fugaz, cientos de extranjeros de turbias actividades, sin oficio conocido ni permiso de residencia, sin temor alguno a ser expulsados. Pero lo espinoso del problema no es simplemente el que se puedan producir conflictos con sujetos violentos, sino que, con toda seguridad, surgirá la voz de algún 'progre' o populista —por supuesto, de cómoda vida— que dirá que con tanta actuación predelictiva se quiere recuperar la legislación de peligrosidad social y que todos los que claman por esos remedios son fachas.

Y llegados a ese punto, apaga, vámonos y sálvese quien pueda.

*Gonzalo Quintero Olivares, catedrático de Derecho Penal y abogado.

Tribuna
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