Hacia el desierto rural

02/02/2020 05:00 - Actualizado: 03/02/2020 01:12

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Quien no ha escuchado en alguna ocasión eso de "Hay que trabajar para comer y levantar el país", o "Vamos, a trabajar para levantar España". Seguramente todos hemos escuchado, e incluso utilizado este dicho popular en alguna de sus múltiples variantes. Puede que incluso lo hayamos utilizado tanto y dicho tan de corrido, que no nos hemos parado a pensar en el profundo significado que entrañan las dos palabras clave de esa frase: trabajo y España.

Quién nos iba a decir que en el siglo XXI este viejo dicho iba a reflejar tan fielmente los más graves problemas que tiene nuestro país. Quién nos iba a decir que, lejos de quedar desfasado tras la postguerra, iba a cobrar plena actualidad en el año 2020.

Triste, pero cierto. Esta semana hemos asistido al bochorno de ver como el Gobierno lejos de apoyar a quienes legítima, pacífica y legalmente se manifestaban para defender su trabajo, lo que ha hecho es promover cargas policiales contra ellos. Ataques infundados contra agricultores y ganaderos que se están movilizando en todo el país para exigir algo tan "irracional" como el respeto a su trabajo, que no es otro que proporcionarnos los alimentos que comemos y a precios razonables.

Ataques infundados contra agricultores y ganaderos que se están movilizando para exigir algo tan "irracional" como el respeto a su trabajo

Eso es lo que están demandando, poder seguir trabajando sin que se les demonice desde los despachos de quienes o no saben, o no quieren saber, ni lo que es el medio rural ni lo que es un pueblo. Poder seguir trabajando y produciendo alimentos con mínimo beneficio y máxima calidad, poder competir con los productos que llegan de otros países en igualdad de condiciones. Y poder hacerlo, sin tener que soportar ataques continuos, poder trabajar sin que se les acuse de cuestiones tan insólitas como "robar la leche a las vacas", o de ser los causantes del cambio climático. Quienes lo hacen, olvidan que agricultores y ganaderos son los más interesados en contribuir a la protección del medioambiente, al bienestar de sus animales y los únicos que realmente pueden evitar la despoblación rural. En definitiva, lo que demandan es poder trabajar sin el riesgo de ver su futuro en manos de quienes, envueltos en una falsa bandera verde, tienen al agricultor y al ganadero en el punto de mira.

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Y ante esto, ante esta demanda de respeto, la respuesta del nuevo Gobierno socialcomunista han sido las cargas policiales. Por lo visto, en esta ocasión el diálogo no era una opción, no ha lugar a mesas de negociación con agricultores y ganaderos. Tampoco a la diplomacia reservada a resolver conflictos en los aeropuertos, bien alejados del campo español. Todos estos elementos de diálogo y negociación, se reservan para quienes quieren dividir el país, para quienes se levantan cada día y se esfuerzan en buscar las vías para destruir España. Todos tenemos aún en mente las imágenes de esas trágicas noches de nuestra querida Barcelona, sitiada y con coches ardiendo mientras el Gobierno miraba para otro lado, ofrecía dialogo a los violentos, dejaba indefensos a los miles de españoles que viven en Cataluña y que sí trabajan cada día por su país, para mejorar España.

El campo se ha revelado y la realidad les avala; el último año han visto como el desgobierno y las concesiones socialistas al comunismo están poniendo en serio riesgo su futuro en un momento crítico. Las negociaciones en Bruselas sobre el nuevo marco financiero son cruciales, están en juego los 47.500 millones de euros que consiguió el gobierno del Partido Popular para la Política Agraria Común y que son los que hoy están sosteniendo muchas explotaciones. No se conoce posicionamiento nacional alguno al respecto y los antecedentes no son nada prometedores, máxime si tenemos en cuenta, que la ahora vicepresidenta económica fue, precisamente, quien propuso una reducción del 40% a la Comisión Europea cuando tuvo ocasión.

Si el futuro es incierto, el presente no es menos desalentador ni en producción, ni en comercialización. Así, la renta agraria, es decir, el nivel de vida de agricultores y ganaderos que creció un 40% de media entre 2011 y 2018 ha descendido un 8’5% el último año. El año 2019 ha sido un año duro para el campo, ha sufrido múltiples crisis ante la mirada ajena de quienes tienen la obligación de tomar medidas para ayudar a soportarlas. Ni la sequía, ni las inundaciones, ni la caída de precios han sido motivo de preocupación para este Gobierno, en claro contraste con los paquetes de apoyo que sí se habilitaron en 2017 por el Partido Popular y que agricultores y ganaderos recuerdan perfectamente, duras negociaciones para conseguir apoyos en Bruselas, retirada de producto con precio razonable, deducciones fiscales, exención de cuotas de riego cuando realmente no se ha autorizado el uso del agua, préstamos bonificados, etc. Nada de esto se ha visto este año y no porque la situación no lo haya requerido.

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Por el lado de la comercialización, la falta de compromiso y liderazgo han hecho que las exportaciones agroalimentarias que venían creciendo exponencialmente se hayan paralizado mientras vemos como se mantienen y siguen creciendo las de países competidores. La diferencia, evidente, sus gobiernos sí han negociado y presionado para impedir que se apliquen aranceles desorbitados o han habilitado medidas para evitar que los productos que vienen de fuera hundan el mercado nacional. No es problema menor, si tenemos en cuenta que, según varios expertos, cada 1.000 millones de euros exportados se generan 18.000 puestos de trabajo, que es precisamente el sector agroalimentario el que más población asienta en el medio rural y que se ha creado, nada menos, que una vicepresidencia para luchar contra la despoblación.

Es más, resulta cuando menos, "curioso" que esto ocurra cuando hay tres ministerios y dos vicepresidencias ejerciendo las funciones que hasta hace un año realizaba un solo Ministerio. Aunque quizá sea precisamente esta proliferación de órganos y el mercadeo al que hemos asistido con las competencias del Ministerio de Agricultura, en definitiva, el ninguneo político al sector primario, lo que está provocando un problema que va más allá de la inmoralidad en el gasto administrativo o del perfil de quien ostenta un cargo público.

Resulta "curioso" que esto ocurra con tres ministerios y dos vicepresidencias ejerciendo las funciones que hasta hace un año realizaba uno solo

Un problema que, como evidencian los datos, está agravando la ya de por sí difícil situación de los productores y llevando a muchos de ellos a cerrar sus explotaciones, con el consiguiente despoblamiento de la España rural.

No se necesita ser vicepresidente, ni ministro, ni secretario de Estado, ni subsecretario, ni siquiera director general para saber que si quienes garantizan que tengamos alimentos de calidad y a precios razonables dejan de ir cada día al campo "a trabajar para levantar España", en poco tiempo, no quedará mucho por levantar, nuestro medio rural será un desierto habitado por animales salvajes, y esa habrá sido su gran contribución.

*Milagros Marcos Ortega es diputada nacional del PP y portavoz de Agricultura.