Por una 'app' europea contra el virus

¿Cómo y cuándo saldremos de todo esto? Esta es la gran pregunta que se hacen ciudadanos, medios de comunicación e instituciones de todo el mundo. En España llevamos cinco semanas de encierro y es difícilmente sostenible prolongarlo mucho más, tanto desde el punto de vista social como económico. Volver a la normalidad relativa que nos espera los próximos meses o años exigirá acierto en las decisiones. Ya hemos sufrido muy duramente hasta ahora las políticas poco eficaces, frívolas y carentes de coordinación.

Para volver a esa nueva normalidad —y teniendo en cuenta el compás de espera de muchos meses en el desarrollo de vacunas y tratamientos— es fundamental estar preparados para nuevas oleadas de contagio e infección. Como la tecnología es nuestra fortaleza y esperanza ante la perspectiva de cuarentenas selectivas y detección temprana del virus, proliferan las aplicaciones móviles para diagnosticar y prevenir el Covid-19 (herramientas, claro, que complementan las pruebas masivas y las medidas de distanciamiento social). También proliferan las opciones y los algoritmos, y, por tanto, las dudas: ¿geolocalización o Bluetooth? ¿conservando los datos o no? ¿en servidores públicos o privados? Dudas técnicas, pero también éticas y jurídicas, porque tienen que ver con nuestros datos, nuestra privacidad. Nuestras libertades.

Para movernos en la nueva realidad necesitaremos consenso sobre las nuevas reglas

Vamos por partes: para movernos en la nueva realidad necesitaremos consenso sobre las nuevas reglas. Probablemente —y hay que recordar que estamos hablando de minimizar contagios y evitar rebrotes— sea necesario usar técnicas de rastreo de contactos, establecer pautas de cuarentena selectiva o inteligente y flexibilizar poco a poco las medidas impuestas de forma genérica. Para ello hay que diferenciar entre los que deben quedarse en casa, porque son población de riesgo o pueden ser portadores del virus, y los que pueden moverse libremente para seguir trabajando y continuar con la vida en sociedad.

En cuanto al enfoque y a la tecnología que podríamos usar para diagnosticar y prevenir el virus existen ya iniciativas prometedoras que muestran lo mejor del talento europeo. Es el caso del proyecto del PEPP-Pt (Rastreo Paneuropeo de Proximidad para Preservar la Privacidad), al que ya se ha sumado España y que en pocas semanas podrá ofrecer una herramienta para detectar posibles contagios.

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Por su parte, empresas como Google y Apple han anunciado que están desarrollando un protocolo global para dispositivos iPhone y Android que pueda rastrear la propagación del Covid-19 con tecnología Bluetooth de baja energía que establecería una red de contactos de comunicación a corta distancia entre móviles. Así, cuando un usuario da positivo en el test del virus introduce esa información en su teléfono y se envía una alerta a las personas que han estado cerca en los últimos 14 días. Sin comprometer la identidad ni la localización, ya que la información es anónima.

Esta tecnología se aplicaría en dos fases: en mayo, los usuarios podrán descargarse una API (interfaz de programación de aplicaciones) que permitirá a los dos sistemas operativos —iOS y Android— intercambiar datos. Más tarde, la funcionalidad se integrará en los propios sistemas operativos, de modo que aparecerán de forma predeterminada. Reino Unido y Alemania son algunos de los países con las infraestructuras necesarias y la voluntad política suficiente como para almacenar y gestionar, de forma masiva, estos datos agregados y anonimizados.

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La UE se encuentra en un proceso legislativo sobre el uso de las aplicaciones móviles y la inteligencia artificial que garantice los derechos de privacidad y que, en la medida de lo posible, evite los riesgos de depender de tecnologías y empresas que se rigen por leyes de terceros países como EEUU. Solo una solución única, centralizada y europea podría asegurar la efectividad de este tipo de aplicaciones; no tendría sentido que cada una funcionara con parámetros distintos y sin poder cruzar los datos. Una aplicación así implicaría que todos los países de la UE usen una misma tecnología, con estándares técnicos comunes que las hagan utilizables en todos los países y que permitan el intercambio de información de manera automática, respetuosa con las libertades individuales y segura antes posibles ataques externos.

La obligatoriedad o voluntariedad del sistema todavía no se ha decidido, y tampoco hay aún un plan de actuación determinado. En todo caso, es imprescindible que cuente con el máximo apoyo por parte de la sociedad. Su eficacia tiene relación directa con la responsabilidad social. En un mundo de comunicación masiva la preocupación por la integridad propia y ajena, una vez ofrecidas las garantías pertinentes, debería guiar la actuación de los ciudadanos en su papel activo para resolver esta crisis defendiendo la salud y mejorando de esta forma las perspectivas de un futuro de nuevos retos como el que estamos afrontando.

*Adrián Vázquez Lázara es eurodiputado de Ciudadanos y presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento europeo.