El trastorno moral colectivo de la sociedad española

El 28 de marzo de 1848 la 'Gaceta de Madrid' publicaba el Código Penal de 1848, llamado a ser el cuerpo básico de nuestra legislación penal, con diversas oscilaciones, hasta que llegó el vigente Código de 1995. Los autores de aquel texto legal, presididos por uno de los más grandes juristas del siglo XIX, Lorenzo de Arrazola, consideraron que debían quedar fuera del Código común, y así lo incluyeron en su artículo 7, los delitos que se cometieran contraviniendo las leyes sanitarias en tiempo de epidemia.

Con eso querían decir varias cosas: que la vida colectiva en esos tiempos tiene sus propias reglas, que no es una situación socialmente normal, y que lo que se hace u omite durante ese tiempo no puede ser valorado con las pautas de la normalidad que se presume para la aplicación del Código Penal común. En suma, algo parecido, 'servata distantia', al tiempo de guerra.

Actualmente no hay regla análoga en nuestra legislación, pero subsiste la idea de la excepcionalidad, en cuyo nombre se pueden prohibir y castigar cuantas acciones se consideren potenciales multiplicadoras del contagio, y eso permite transformar en 'mala acción' una conducta que en tiempos normales sería irrelevante. Nada que objetar, salvo que el que 'manda' se pase de frenada, como se dice vulgarmente, y transforme en 'mala' lo que se le vaya ocurriendo, hasta llegar al ridículo, como, por ejemplo, prohibir consumir en la barra del bar pero permitirlo en la mesa que está a un metro, y la lista de absurdos puede aumentar. Las sanciones que se impongan en nombre de esas prohibiciones tienen mal futuro.

TE PUEDE INTERESAR

"El estado de alarma supone libertad con límites, no confinamiento con excepciones"

Beatriz Parera

Más allá de esa realidad se alza otra mucho más importante: se ha dicho que hemos transitado del estado de alarma al estado de 'responsabilidad', loable idea que implica el reconocimiento de que es un dislate tratar a toda la población como menores de edad. Rápidamente se señala a grupos de 'irresponsables' que son incapaces de contener sus ansias festivas y se refocilan en plazas o playas inmunes al riesgo de contagio, y, ya que no pueden libar en establecimientos públicos, dan en beber a morro y bailar con la música que ofrece el teléfono móvil. Espectáculo vergonzoso, se dice por la gente prudente, sin que nadie se moleste en pensar en cuántos de esos chicos o no tan chicos han ido al paro a causa del cierre de los negocios en los que trabajaban, y tienen por delante un túnel sin luz al final que lo atenúe. Que quieran ahogar la angustia riendo es, cuando menos, comprensible.

En seguida surge, y es lógico, el argumento incontestable: no hay nada más importante que la salud, y las prohibiciones de tantas y tantas actividades obedecen al fin prioritario de librarnos de la enfermedad. El problema, más allá de las concomitancias económicas, que son pavorosas, es que tampoco es cierto que las prohibiciones y autorizaciones obedezcan a indiscutibles criterios epidemiológicos, sino que son fruto de ideas que pueden periclitar en cualquier momento.

Si de salud se habla, y no hay duda alguna de que ese es el bien superior en todo caso, habrá que incluir también la salud mental, que se está viendo afectada en lo individual y en lo colectivo. Algunos persisten en encerrarse a cal y canto, aterrorizados como los personajes videntes del 'Ensayo sobre la ceguera', la magistral novela de Saramago. Otros van cayendo en la desesperación, pues inevitablemente asumen que nada volverá a ser igual y que esto es algo parecido a un fin del mundo, sin que quepa consuelo en forma de noticia de descubrimiento de una vacuna. Y, afortunadamente, muchos se esfuerzan en normalizar en lo posible la cotidianeidad y van tirando del carro.

TE PUEDE INTERESAR

La salud mental sigue en cuarentena: "Tuve un ataque de pánico al volver del súper"

María Zuil

He mentado el plano de lo colectivo, y hay que reconocer que la paciencia colectiva está dando pruebas de una inesperada fuerza, pero simultáneamente aumenta la desazón general ante lo que se percibe como falta de sensibilidad de los gobernantes ante el sacrificio presente y la angustia ante el futuro. Los responsables de lo público se presentan con sus mascarillas, al igual que se ponen cascos cuando visitan una fábrica, pero ni lo uno ni lo otro los acercan ni al ciudadano ni al trabajador.

La sociedad española, con las diferencias explicables por las circunstancias de cada territorio, está sufriendo una especie de 'trastorno moral colectivo', que todos deseamos que sea transitorio, aunque, por desgracia, cualquier apreciación levemente optimista está proscrita. Es comprensible que nadie esté en posesión de la verdad en un tema tan trágicamente nuevo, pero también merece respeto la percepción que se tiene del valor y eficacia de las medidas limitativas de derechos.

La facilidad con la que se ha ejecutado el cierre masivo de toda clase de negocios no tiene correspondencia con un plan serio de detección de contagios. Sin duda es más fácil la aplicación de medidas generales de prohibición de actividades que poner en práctica políticas de prevención o atención individualizada. Entre controlar el acceso a una actividad festiva y prohibir la fiesta es evidente que es más rápido y barato lo segundo, solo que es injusto hacerle eso a una población que, se quiera o no reconocerlo, está desesperada.

Es más fácil la aplicación de medidas generales de prohibición de actividades que poner en práctica políticas de prevención o atención individualizada

A buen seguro que alguno dirá que la calificación de injusto es exagerada, pero quien eso diga debe recordar que estamos ante la prohibición del ejercicio de derechos constitucionales de carácter fundamental, y la respuesta no puede ser (y ya se ha oído) que no se trata de una prohibición, sino que simplemente se 'aconseja' para evitar tener que acudir a una nueva declaración del estado de alarma. O sea que, de acuerdo con ese modo de razonar, los españolitos tendríamos que estar agradecidos a nuestros benefactores gobernantes que nos permiten algunas licencias siempre y cuando no se vean obligados a meternos nuevamente en cintura a causa de nuestra rebeldía.

No quisiera estar en la piel de los responsables públicos, aunque muchos de ellos parecen llevarlo la mar de bien y seguramente están encantados de haberse conocido, pero en lo que atañe a las prohibiciones, vetos, amenazas, sanciones, no deberían olvidar que el presupuesto de validez del sistema jurídico, especialmente cuando es extraordinario, solo puede ser el consenso social, y ese brilla por su ausencia. Si las decisiones del Poder son incomprensibles, y eso en algunas zonas como Cataluña es particularmente constatable, se transforman en arbitrarias, en contra de la promesa constitucional, y, por lo mismo, será cada vez más difícil que se cumplan.

*Gonzalo Quintero Olivares, catedrático de Derecho Penal y abogado.