Reformar o indultar, o gobernar

Todo se puede hablar y negociar, pero también es cierto que no cabe cambiar de pareja de baile ante cada proyecto de ley, y ese es el panorama que tenemos por delante

Foto: El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. (EFE)
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. (EFE)

Con buen criterio, el ministro de Justicia ha advertido de que una reforma del Código Penal no se puede hacer por la vía rápida de la “lectura única” que prevé el art. 150 del Reglamento del Congreso, sino que es preciso, tratándose de una ley orgánica de esa importancia, tramitar el proyecto de acuerdo con los plazos parlamentarios ordinarios. Solo así se pueden propiciar las enmiendas y el debate, incompatibles con la vía rápida.

Con esa advertencia, se ha diluido la exigencia o esperanza puesta por un sector del independentismo en la retroactividad de una ley penal más favorable, que diera lugar a la inmediata excarcelación de los condenados por la sentencia del 14 de octubre de 2019.

Reformar o indultar, o gobernar

En paralelo, los indultos solicitados en su día siguen su tramitación, que a su vez requiere la emisión de informes previos a la decisión que haya de adoptar el Consejo de Ministros. Precisar el tiempo que puede faltar para que eso se produzca no es fácil, si bien es posible asegurar que podría llegar mucho antes que la reforma del Código Penal.

Como guarnición de ese complicado plato están la petición de amnistía y referéndum de autodeterminación, formulada por algunos, el condicionamiento a la libertad de los presos independentistas para facilitar la aprobación de los Presupuestos y, para redondear, la incógnita sobre las elecciones catalanas, que pueden dar gasolina al faro de Waterloo, el cual exige poder regresar sin causa penal alguna y a un territorio independiente. Por pedir, que no quede. Y, además, el coronavirus.

Reformar o indultar, o gobernar

Que la reforma del CP requiere tiempo es fácil de entender, salvo para quienes resumen el problema diciendo que de lo que se trata es de suprimir el delito de sedición —idea compartida por muchos con buenas razones— para generar las libertades de los presos y que el resto no importa. Cualquiera que conozca la materia sabe que esa reforma solo se puede hacer en el contexto de una reformulación de toda la parte del Código Penal que afecta a la protección del orden constitucional y las libertades públicas, y que ha de alcanzar a la rebelión, la sedición, la desobediencia, los desórdenes públicos y algunas figuras más. Pero es que, además, algunos de los condenados lo están por otros delitos, como el de malversación, de cuya reforma (necesaria por motivos que no vienen al caso) nadie habla. En todo caso, ninguna de las reformas planteables daría lugar a que los sucesos que juzgó el TS pasaran a ser unas declaraciones y una simple reunión multitudinaria y festiva sin significación penal alguna.

En cuanto a los indultos, hay que recordar que se trata de medidas individualizadas, y que han de contemplar la pena concretamente impuesta a cada uno de los presos y el tiempo de cumplimiento transcurrido, sin olvidar que la pena de inhabilitación ha de ser expresamente incluida en el indulto, o de lo contrario sus beneficiarios no podrán regresar a función pública alguna. Por supuesto que no es posible el 'indulto anticipado', lo que significa que la peña de Waterloo queda fuera de juego, y bien que lo saben, y por eso rechazan los posibles indultos a los demás.

El apoyo a los Presupuestos forma parte del cuadro, pues, al fin y al cabo, ERC facilitó la investidura de Sánchez, y sus votos servirían para lograr la aprobación. Ahora bien, es lógico que quiera algo 'a cambio', como es lógico que otros eventuales apoyos, como el de Ciudadanos, adviertan que la ayuda se condiciona a que no haya medidas de gracia. Claro está que todo se puede hablar y negociar, pero también es cierto que no cabe cambiar de pareja de baile ante cada proyecto de ley, y ese es el panorama que tenemos por delante.

De momento, el ministro de Justicia ha advertido de que no se ha de mezclar el tema de los indultos con el de los Presupuestos, y eso es una obviedad derivada del respeto obligado al derecho, pues entre las motivaciones de un indulto no puede incluirse el apuro parlamentario del Gobierno, y menos aún la necesidad de dotar al Partido Socialista de argumentos de cara a unas posibles elecciones en Cataluña.

Reformar o indultar, o gobernar

Estamos en un berenjenal político, sin duda, pero hay que dejar alguna puerta abierta a la racionalidad. Si el Gobierno, o el Ministerio de Justicia, comparte la opinión de los muchos penalistas que entienden que todos delitos del CP, a los que antes me he referido, están obsoletos y son disfuncionales, lo lógico es que se abra con seriedad la vía de una reforma meditada y debatida. Paralelamente, si ya se atisba que van a cambiar los criterios que hoy marcan la ley penal, modificando las figuras y, sobre todo, reduciendo las penas, nada sería más consecuente que adelantar ese cambio de criterio concediendo indultos acordes con la 'lege ferenda', que es la que razonablemente se espera que vendrá. Y esa sí sería una justificación inobjetable de posibles indultos parciales.

Cierto que los problemas no terminan ahí. Dejemos de lado algunas sandeces oídas de boca de alguno de los condenados, del tipo “yo no quiero que me perdonen porque no he hecho nada malo”, pues el que recibe la gracia del indulto no puede discutirla, como bien saben, pero la ocasión para aumentar su épica personal no la pueden desperdiciar. Contemos también con el furor del Máximo Guía, que desde Waterloo se opondrá a todo lo que le excluya, y, por supuesto, ninguna reforma del CP podrá transformar en ajustado a derecho todos y cada uno de los actos de dicho señor, única manera de regresar a España sin problemas.

Reformar o indultar, o gobernar

Otro frente, por supuesto, será el que integrarán PP y Vox. En cuanto al PP, todo está bastante dicho y, lamentablemente, cuando España más necesitaría una concordia (de coalición, no hablemos) entre los grandes partidos, solo practica el tosco programa de 'cuanto peor, mejor'. Qué parte de la culpa de esa falta de concordia la tenga el PSOE, no se puede negar, pero eso no disculpa a nadie de la falta de sentido de Estado.

De las técnicas de 'voxeo' parlamentarias y de sus ideas jurídicas sobre estos temas tenemos cumplida muestra a través de algunas de sus iniciativas, como la de ilegalizar todas las formaciones independentistas catalanas o vascas y, especialmente, las que promovieron los hechos acaecidos en Cataluña en 2017. Son pasos políticos que no persiguen cambiar las leyes, sino que están orientados a eso tan extendido en las extremas derechas de toda Europa: la demagogia populista, a la que Vox es tan propenso.

Pero quien debe de mover ficha es el Gobierno, y pronto.

*Gonzalo Quintero Olivares, catedrático de Derecho Penal y abogado.

Tribuna
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