Ni unión de los ciudadanos ni separación de poderes

En no pocas ocasiones a lo largo de mi carrera como jurista y abogado del Estado me han preguntado sobre la independencia con que jueces, magistrados y fiscales deben llevar a cabo su labor en defensa del Estado de derecho y el cumplimiento de la Constitución y las leyes. La inquietud se genera no porque unos pocos descreídos —o creyentes en conspiraciones— sospechen de la integridad de unos magníficos profesionales, sobre cuyas espaldas se soporta el abandonado servicio público de la Justicia, sino porque, lamentablemente, existe una descarada injerencia política del Gobierno en la Justicia y en instituciones de obligada neutralidad. Según la Comisión Europea, España está a la cola de la UE en la percepción que los ciudadanos tienen de la independencia de la Justicia. ¿Por qué será, con los espléndidos profesionales que la sirven desde los juzgados, tribunales y fiscalías?

La pandemia debería habernos hecho aprender, debería habernos unido, podría haber sido la oportunidad para corregir los errores históricos de la vieja política, como, por ejemplo, el indecente reparto de los vocales del CGPJ entre PP, PSOE, IU, CiU y PNV. En Ciudadanos, siempre nos hemos negado a participar de un mercadeo que en algún momento nos fue ofrecido. Sabíamos lo que podía pasar cuando PP y PSOE alimentaban este monstruo. No podía acabar bien. Cabe recordar que el órgano de dirección del poder judicial, uno de los pilares presuntamente independientes del Estado, puede sancionar a jueces y magistrados, informa una gran cantidad de proyectos de ley y designa libremente a quien considera en los más altos puestos en juzgados y tribunales, para que juzguen, después, a políticos. Entiéndase, por tanto, la importancia de la cuestión: la politización del poder judicial atenta directamente contra la división de poderes, la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción.

La historia reciente de este Gobierno deja clara su tendencia imparable. Todos recordamos la forma como la actual fiscal general del Estado llegó a su cargo desde el Gobierno, en una suerte de sillón giratorio entre el escaño de diputada, el banco azul de ministra y el Ministerio Fiscal. O la destitución de quien escribe estas líneas en su puesto en la Abogacía del Estado, solo porque mi relato de los hechos violentos acaecidos en el otoño de 2017 en Cataluña perturbaba las alianzas de Sánchez con los partidos que habían dado el golpe a la democracia.

Nuestros peores temores, como este ataque directo a la división de poderes, la limpieza de las instituciones y la lucha contra la corrupción, se han consumado. Ya nada extraña de quien acostumbra a utilizar las instituciones de todos los españoles como satélites de su interés personal. Tras décadas de PP y PSOE repartiéndose los jueces que luego tenían que juzgar su corrupción —con episodios bochornosos, como aquellos mensajes de Cosidó en los que revelaba que el PP seguiría controlando la sala del Supremo donde se juzgaba la Gürtel—, Sánchez e Iglesias han decidido ir un paso más allá. Hacen que nos olvidemos de la barbaridad anterior, poniendo encima de la mesa un atentado mayor.

Todo ello acompañado de críticas, descalificaciones e incluso amenazas de muerte desde el entorno tuitero de Podemos contra jueces como don Manuel García-Castellón, investigador de la Kitchen y del caso Dina. Jueces y fiscales que pelean contra viento y marea, sin muchos medios, pero echándole horas y horas de trabajo en beneficio de todos los españoles, aguantando presiones y amenazas cada día en el cumplimiento de su deber. Héroes, sin más.

Como sabrán, todo tiene su origen en la Ley Orgánica de 1985, en una línea abiertamente contraria al espíritu constitucional, que establece, a diferencia del texto anterior de 1980, que los 20 miembros del CGPJ sean elegidos por el Parlamento. Nuestra Carta Magna es clara para quien la mire con buenos ojos y tenga unas nociones de democracia: 12 de esos 20 miembros deben ser elegidos por los profesionales de la Justicia y la magistratura, mediante un sistema democrático por sufragio personal y directo, no por los políticos. Nuestra Constitución, nuestro Tribunal Constitucional en la sentencia 108/1986, las recomendaciones que nos llegan desde Europa (Comisión Europea, TJUE, grupo Greco de lucha contra la corrupción) y todas las asociaciones de jueces (la 'progresista' lo dice más bajito) están de acuerdo en ello. El único que no lo ve ahora es el PSOE. Y Podemos, que ha cambiado su postura desde que pisa moqueta. El PP dice una cosa en el Gobierno y otra en la oposición.

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Ya era grave repartirse los vocales del CGPJ, elegidos por 3/5 del Parlamento, aunque el consenso entre Gobierno y oposición debía ser grande. Por eso el TC no declaró inconstitucional la reforma de 1985, a pesar de no gustarle el sistema de elección. Pero ahora, la propuesta de PSOE y Podemos es infame: 12 vocales serían designados por mayoría absoluta, es decir, por los mismos diputados que sostienen al Gobierno; los otros ocho, por 3/5, a pesar de formar parte del mismo órgano colegiado. De esta forma, con una mayoría exigua en el Congreso (poder legislativo), el Ejecutivo de turno puede controlar a su antojo el poder judicial, nombrando entre 12 y 16 vocales del total de 20. El Ejecutivo toma al asalto el poder judicial, además de pasar el rodillo en la Mesa del Congreso. Y, dada la fragilidad de la mayoría que aúpa a Sánchez, Bildu, ERC, el BNG y quienes ayudan a mantener en pie al monstruo de Frankenstein controlarán junto al Gobierno los tres poderes del Estado.

Hoy, cuando todos los partidos políticos deberíamos estar centrados en salvar vidas y empleos, hay quienes solo piensan en reformas para acumular poder, para consolidarse, para evitar ser controlados. Usando excusas muy pobres que no engañan a nadie, como la del bloqueo. Haciendo reformas para mal.

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No hay excusas. Era fácil renovar el CGPJ. Hace dos semanas, Ciudadanos llevó al Congreso una proposición de ley que cambia el sistema de elección del CGPJ para que sean los jueces, y no los políticos, quienes elijan a los jueces. Una reforma que no cuesta un euro a los españoles y respeta todos los estándares de calidad democrática que nos está pidiendo Europa. Pero parece que, con Podemos imputado e Iglesias al borde de la imputación —lo estaría ya, si no se escondiera tras el privilegio del aforamiento—, al Gobierno le urge empezar a nombrar jueces.

España se encuentra, en definitiva, ante un ataque sin precedentes a la separación de poderes que dejaría nuestro sistema judicial en manos de la mayoría Frankenstein, apoyada en formaciones populistas y separatistas que atacan o justifican coacciones a los jueces. El poder judicial es el dique de contención de la corrupción y su agenda rupturista, la única garantía de que se apliquen la Constitución y las leyes que nos hemos dado en este país. Y todo esto presentando un proyecto de ley del Gobierno a través de los grupos parlamentarios para evitar los informes preceptivos de órganos como el CGPJ o el Consejo de Estado, porque son conscientes de que este disparate autoritario no tiene parangón en una Europa que no sea la de Polonia o Hungría, ni un mínimo pase constitucional. Si el Gobierno de España quiere ponerse al lado de estos países gobernados por partidos de la ultraderecha, atengámonos también a las consecuencias de ser sancionados por la Comisión Europea, ahora que tienen que venir a España 140.000 millones de euros de ayuda.

*Edmundo Bal, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso.